España

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades brasileñas, han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína entre Brasil y España. La operación resultó en la detención de cinco personas, cuatro en España y una en Brasil, y se inició tras la captura de tres empleados del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que intentaban introducir 162 kilogramos de cocaína. La investigación reveló un sofisticado modus operandi que incluía la complicidad de trabajadores aeroportuarios para eludir los controles de seguridad. Además, se incautaron armas y dinero en efectivo durante los registros. Esta acción ha cortado un importante canal de entrada de drogas a España.

El Ministerio de Sanidad ha establecido la Mesa para la Participación de los Pacientes, un nuevo órgano que busca integrar la voz de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana en las decisiones sanitarias, mejorando así la calidad y legitimidad del sistema. La mesa funcionará como un espacio de diálogo entre la Administración y organizaciones de pacientes, con funciones que incluyen asesoramiento, evaluación de medidas de participación y promoción de mejoras en salud. La composición del órgano asegura una representación equilibrada tanto institucional como de pacientes, reafirmando el compromiso del Ministerio con una gobernanza sanitaria más participativa y centrada en las necesidades de los usuarios.

El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado el proceso de información pública para un proyecto de real decreto que regulará los listados de animales de compañía permitidos en España. Este decreto establecerá criterios y procedimientos para la inclusión o exclusión de especies en un listado positivo, alineándose con normativas de otros países europeos como Francia y Bélgica. La medida busca garantizar el bienestar animal y combatir el comercio ilegal de especies exóticas. El listado se elaborará con la colaboración del Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, asegurando que se consideren aspectos técnicos en la selección de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados.

El Partido Popular (PP) ha alertado en el Parlamento Europeo sobre el "control político" de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. En un informe de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, se destaca el debilitamiento de herramientas independientes para combatir la corrupción en varios Estados miembros, con especial énfasis en España. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, criticó al Gobierno por actuar como si las instituciones fueran su propiedad y mencionó casos específicos como el relevo del jefe de la UCO durante investigaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente. Además, se denuncia la injerencia política en el sistema judicial y la falta de implementación de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El informe también aborda la interferencia gubernamental en los medios públicos.

El Ministerio de Cultura de España ha iniciado el proceso judicial para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, respaldado por informes que evidencian actividades contrarias a la ley, como la apología del franquismo y la humillación a las víctimas de la dictadura. El ministro Ernest Urtasun ha afirmado que en una democracia no hay lugar para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas. Este procedimiento se basa en la Ley de Memoria Democrática y culmina un proceso de casi dos años, donde se han recopilado pruebas sobre el incumplimiento legal de la fundación. La decisión final sobre su extinción recaerá en la autoridad judicial.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido una reunión del Comité de Situación para evaluar la situación en Oriente Próximo y su impacto a nivel nacional e internacional. Este comité actúa como un órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, integrándose en el Sistema de Seguridad Nacional junto con diversos organismos ministeriales dedicados a la gestión de crisis.

La nueva oficina para tramitar solicitudes de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia ya está operativa. Este sistema pionero, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recibirá solicitudes a través de su sede electrónica y ofrecerá orientación por correo electrónico y teléfono. Las propuestas de reparación serán elaboradas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo y deberán ser aceptadas por todas las partes involucradas. Este mecanismo es accesible para víctimas cuyos casos están prescritos y que no pueden recurrir a la vía judicial.

El Partido Popular (PP) exige la dimisión del ministro Félix Bolaños tras sus críticas al juez Peinado, en el contexto del procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez. Fernando de Rosa, diputado del GPP, argumenta que el ataque a los jueces por parte del Gobierno pone en riesgo la independencia judicial y cuestiona el Estado de Derecho. Además, critica las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que han debilitado el Poder Judicial y denuncia un pacto con socios políticos para perseguir a los jueces. La diputada Silvia Franco también señala la falta de atención del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género, instando a reforzar los tribunales para mejorar su situación.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez durante una reunión plenaria en el Congreso y el Senado. Feijóo afirmó que los ciudadanos no desean más "cartitas" del Gobierno, sino ayudas efectivas ante la crisis económica. Reprochó la insuficiencia de las ayudas gubernamentales frente a la subida del combustible y exigió medidas como la reducción del IVA en alimentos y el IRPF para aliviar a las familias. Además, se mostró en contra de la regularización masiva de inmigrantes, considerándola insostenible e injusta. Feijóo también cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la corrupción y la falta de apoyo parlamentario, asegurando que su legado es uno de inflación y deterioro social.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que mejora el acceso judicial a pruebas electrónicas en la Unión Europea, facilitando la labor de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal obligará a los prestadores de servicios digitales a designar representantes para gestionar solicitudes de obtención y preservación de datos relevantes en investigaciones penales. Con esta medida, se busca agilizar el proceso judicial en el ámbito digital, adaptándose a las necesidades actuales donde las pruebas electrónicas son fundamentales. El anteproyecto forma parte del paquete e-evidence europeo, que refuerza la cooperación judicial en la UE.

El Partido Popular (PP) ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), señalando que los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa han puesto a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, el portavoz del PP, Salvador de Foronda, criticó que estos rescates no eran donativos y cuestionó el uso de fondos públicos, sugiriendo posibles vínculos con blanqueo de dinero. De Foronda también destacó que mientras muchas pequeñas empresas luchaban por sobrevivir, unas pocas privilegiadas recibieron apoyo financiero sin cumplir con las garantías necesarias. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, fue instada a investigar estas irregularidades o ser considerada cómplice.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español planea aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, declaró que el PP utilizará todos los recursos políticos y jurídicos disponibles en España y la Unión Europea para combatir esta medida, que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de respetar la ley en el proceso de inmigración y advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la sociedad española. Además, criticó la falta de información sobre cuántas personas se verían afectadas por la regularización y sus antecedentes. El PP también abordó otros temas como la corrupción del Gobierno y su política penitenciaria.

Concepción Campos Acuña ha sido nombrada nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un acto celebrado en el Ministerio para la Transformación Digital. Durante su discurso, enfatizó la importancia de la transparencia como una exigencia concreta que refuerza la confianza en las instituciones. Con más de 20 años de experiencia en la administración pública, Campos Acuña se compromete a hacer de la transparencia una herramienta útil y accesible. Su mandato será de cinco años y ejercerá funciones con dedicación exclusiva, cumpliendo con el régimen de incompatibilidades establecido para altos cargos.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica al Gobierno por imponer el IRPF más alto de la historia en España, argumentando que "la corrupción del sanchismo necesita dinero". Durante su intervención en Logroño, Gamarra relaciona el aumento de impuestos con la corrupción y denuncia el deterioro de los servicios públicos. Además, señala que el juicio contra Ábalos en el Tribunal Supremo es solo el inicio de múltiples causas relacionadas con la corrupción del actual gobierno. Gamarra exige un cambio político que garantice menos impuestos y mejores servicios públicos.