España

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, se ha reunido con Amandeep Gill, enviado especial de Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales y Emergentes, en Nueva Delhi. El encuentro busca avanzar en el establecimiento del Laboratorio de IA para la Humanidad en Valencia, que comenzará a operar en el primer semestre del año. España aportará 3 millones de euros para este proyecto, que investigará normas y políticas sobre inteligencia artificial y apoyará iniciativas multilaterales para su gobernanza. Durante su visita a India, López también se reunió con representantes de empresas tecnológicas para explorar oportunidades en el sector de la IA.

Elías Bendodo, vicesecretario del PP, critica a Pedro Sánchez por abandonar sus responsabilidades como presidente del Gobierno, acusándolo de enfocarse en la táctica política en lugar de gestionar. Según Bendodo, la falta de acción del Ejecutivo ha perjudicado gravemente al sector turístico, vital para la economía española. Anuncia que el PP interpelará al ministro de Industria y Turismo para solicitar ayudas extraordinarias y mejorar la infraestructura ferroviaria entre Madrid y Málaga. También denuncia la falta de cumplimiento en las promesas de vivienda del Gobierno y cuestiona la propuesta de Rufián para unir a la izquierda.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá el 2 de marzo para rendir cuentas sobre su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. García afirma que Zapatero está "hasta las cejas" de sospechas de corrupción y critica su vinculación con la narcodictadura de Maduro. La dirigente del PP sostiene que este rescate, que costó 53 millones de euros a los españoles, ha generado múltiples pruebas de un posible negocio corrupto entre Zapatero, Sánchez y otros involucrados. Además, se espera que también comparezcan otros implicados en este caso. García concluye que tanto Zapatero como Sánchez deben asumir responsabilidades ante la justicia.

Carmen Crespo, eurodiputada y coordinadora de Agricultura del Partido Popular, ha solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los controles en frontera y se acelere la creación del 'Frontex Agroalimentario'. Esta oficina es fundamental para proteger a los agricultores europeos de las importaciones desleales y garantizar el cumplimiento de normativas fitosanitarias. Crespo también instó al Gobierno español a reforzar los Puntos de Inspección Fronterizos con más recursos. Además, el PP presentó una objeción contra el Acuerdo de Marruecos por sus implicaciones negativas para los productores hortofrutícolas españoles. La eurodiputada subrayó la necesidad de mecanismos eficaces que protejan al sector primario ante acuerdos comerciales desfavorables.

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no compareció en el Pleno extraordinario del Senado el 29 de enero, calificando su decisión como "rebeldía parlamentaria". Según el portavoz adjunto Antonio Silván, Sánchez no presentó justificación alguna para su ausencia y esto representa un grave incumplimiento de su obligación democrática. La senadora Ana Beltrán también criticó la falta de respeto del presidente hacia las instituciones, sugiriendo que su negativa a comparecer se debe a su deseo de evitar responsabilidades sobre los recientes accidentes ferroviarios. El PP ha señalado que si esta situación persiste, recurrirán al Tribunal Constitucional para asegurar que el presidente cumpla con sus deberes ante el Senado.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la renuncia del director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, por una denuncia de agresión sexual. El GPP busca aclarar por qué el Gobierno mantuvo a González en su puesto a pesar de la denuncia y ha registrado varias comparecencias y preguntas dirigidas al Ejecutivo. Además, se cuestiona la actuación de diversos mandos policiales que supuestamente intentaron encubrir los hechos y presionar a la víctima. La proposición no de ley presentada insta al cese inmediato de Grande-Marlaska y a la suspensión cautelar de todos los mandos implicados para proteger a futuras víctimas.

Ángel Ibáñez, secretario general adjunto del GPP, critica al Gobierno de Sánchez por su incapacidad para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y garantizar una financiación justa para las comunidades autónomas. En una interpelación a la vicepresidenta Montero, denuncia que el incumplimiento de la Constitución ha llevado a Castilla y León a perder 160 millones de euros mensuales. Ibáñez resalta que el modelo de financiación pactado con ERC perjudica a su comunidad y destaca la falta de inversión en infraestructuras y conectividad digital. Además, contrasta esta situación con la gestión del presidente Mañueco en Castilla y León, quien prioriza el gasto social.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su preocupación y desacuerdo por el inicio de obras en la carretera Me-1 que afectan a las navetas talayóticas de Rafal Rubí, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En una carta dirigida al consejero de Turisme, Cultura i Esports y al presidente del Consell Insular de Menorca, solicitó una reunión para abordar esta situación. La UNESCO había recomendado detener el proyecto y buscar alternativas antes de realizar cualquier intervención irreversible. Sin embargo, las obras han comenzado sin la aprobación necesaria, poniendo en riesgo la conservación del patrimonio menorquín.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, arremetió contra el presidente Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, acusándolo de ser "un cazatalentos para delinquir" y señalando a la vicepresidenta María Jesús Montero como su "cajero automático". García criticó la gestión económica del Gobierno, afirmando que mientras los españoles enfrentan altos impuestos, los miembros del PSOE se benefician de la corrupción. Además, cuestionó la falta de presupuestos y destacó el deterioro de las infraestructuras bajo el mandato de Sánchez. La dirigente popular instó al Gobierno a decidir entre ser útiles para España o continuar como rehenes de Sánchez.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha declarado que el único plan anticorrupción que puede presentar Pedro Sánchez es la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Critica la incapacidad del Gobierno para abordar la corrupción, dado que tanto el presidente como su partido están bajo investigación. Además, Muñoz cuestiona las declaraciones del portavoz socialista sobre el uso del burka y critica a la vicepresidenta Yolanda Díaz por su postura sobre su constitucionalidad. También se refiere a los recientes acuerdos en Extremadura, afirmando que los ciudadanos prefieren un gobierno de derechas liderado por María Guardiola.

El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que explique la gestión del nuevo Fondo Soberano "España Crece", en el contexto del fracaso de los fondos Next Generation. El PP exige claridad sobre la estructura, funcionamiento y criterios de ejecución de este fondo, así como sobre los riesgos financieros que podría asumir el Estado. Además, ha presentado 37 preguntas al Gobierno sobre la metodología económica utilizada para estimar un efecto multiplicador que permita movilizar hasta 120.000 millones de euros. La oposición critica la falta de transparencia y los mecanismos de control necesarios para garantizar una adecuada gestión de los recursos, especialmente tras las renuncias a inversiones en sectores clave.

El Partido Popular (PP) ha responsabilizado al Gobierno de España del "caos" en los servicios públicos, destacando que estos atraviesan una "emergencia nacional". En una reciente rueda de prensa, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, criticó la corrupción que afecta al Ejecutivo, afirmando que ha llevado a sectores como el ferroviario y sanitario a una situación crítica. Además, el PP exigió un plan urgente para el mantenimiento de infraestructuras y anunció interpelaciones al ministro de Transportes sobre la situación actual. Fúnez también vinculó las promesas del Gobierno en materia de vivienda con intentos de desviar la atención de casos de corrupción. El partido se comprometió a impulsar la construcción de un millón de viviendas y a dialogar con el sector médico para abordar sus demandas.

A Coruña será la sede del ‘DATAfórum Justicia 2026’, el congreso más importante sobre digitalización en el ámbito judicial, que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre. Organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, junto a la Universidade da Coruña y el Concello da Coruña, este evento reunirá a más de 1.500 profesionales para abordar temas como inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos fundamentales. El programa incluirá conferencias, talleres y un DATAthon para fomentar soluciones innovadoras entre estudiantes. Con un enfoque en la modernización y accesibilidad del sistema judicial, el DATAfórum busca fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y academia.

El Ministerio de Sanidad ha reanudado la firma y expedición de los títulos de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias tras la resolución de recursos judiciales relacionados con el Real Decreto 610/2024. La suspensión anterior ha sido levantada, permitiendo continuar con el proceso administrativo. Los solicitantes con evaluación favorable recibirán notificación electrónica para descargar su título, mientras que aquellos con valoración condicionada deberán superar una prueba teórico-práctica. Además, se abrirá un nuevo plazo para profesionales que no pudieron acreditar requisitos en la solicitud inicial. Esta medida fortalece el reconocimiento profesional en el ámbito de la atención urgente y emergente, contribuyendo a mejorar la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno de España ha decidido limitar temporalmente los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. Esta medida, que entra en vigor el 18 de febrero y se extenderá hasta el 25 del mismo mes, busca prevenir abusos en los precios mientras algunas familias permanecen fuera de sus hogares. Los hoteles no podrán aumentar sus tarifas respecto a las del mes anterior al inicio de la emergencia. Esta es la primera aplicación del real decreto-ley que permite establecer limitaciones de precios en situaciones extraordinarias como fenómenos meteorológicos. Los municipios afectados incluyen Grazalema, Jerez de la Frontera, Cazorla y Ronda, entre otros.