Economía

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un protocolo para mejorar el análisis del mercado de la vivienda en España. Este acuerdo permitirá compartir herramientas, datos y capacidades de investigación, enfocándose en las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa de viviendas. La colaboración comenzará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad, que incluirá estudios sobre el impacto social y económico del mercado inmobiliario. El protocolo tiene una duración inicial de un año y busca fortalecer la capacidad pública para evaluar políticas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), afirmó en la clausura de la Intermunicipal del PP en Andalucía que es posible ofrecer servicios eficientes mientras se reduce la carga fiscal. Destacó el caso de Andalucía como un ejemplo donde la disminución de impuestos ha impulsado la actividad económica y mejorado la calidad de vida. Feijóo subrayó que en regiones con más presencia del PP hay mayor estabilidad y mejores presupuestos, contrastando con un gobierno actual que opera sin aprobar cuentas. También defendió la igualdad entre ciudadanos y criticó el aumento de impuestos bajo el gobierno de Pedro Sánchez, proponiendo al PP como una alternativa para una gestión más eficaz y menos corrupción en España.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública sobre el 'ómnibus digital', una iniciativa de la Comisión Europea destinada a simplificar y modernizar el marco legislativo digital. Esta propuesta busca reducir las cargas administrativas, fortalecer la seguridad jurídica y promover la competitividad en Europa, sin sacrificar la protección de derechos fundamentales. La consulta estará abierta del 13 al 29 de marzo, permitiendo a los ciudadanos presentar sus comentarios sobre cambios significativos en regulaciones como el RGPD y otras normativas digitales.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presentado un conjunto de medidas para proteger a los consumidores ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Durante el acto por el Día de las Personas Consumidoras, Bustinduy destacó la necesidad de un escudo energético para salvaguardar a las familias vulnerables y propuso intervenir en el mercado de vivienda para abordar la crisis del alquiler. También abogó por regular los márgenes de beneficio de las grandes empresas para garantizar que las políticas fiscales beneficien realmente a los ciudadanos. Estas iniciativas se enmarcan en un esfuerzo mayor por promover un consumo responsable y defender los derechos de los consumidores en España.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha instado al presidente Sánchez a implementar urgentemente medidas para afrontar la crisis energética, afirmando que "ya llega tarde". En una entrevista en "Espejo Público", destacó el aumento del 43% en los precios de la cesta de la compra desde que el PSOE asumió el poder y propuso reducir el IVA de los alimentos y establecer un IVA cero para productos básicos. Además, criticó al Gobierno por aumentar impuestos en lugar de ofrecer soluciones integrales que beneficien a las familias y empresas afectadas por el encarecimiento energético.

El Parlamento Europeo ha aprobado un informe del Partido Popular que establece las bases para una política europea de vivienda. Este informe, liderado por el eurodiputado Borja Giménez Larraz, aborda la crisis de la vivienda en Europa, destacando la necesidad urgente de construir más viviendas y reducir la burocracia en los permisos de construcción. Se estima que se requieren 650,000 nuevas viviendas anualmente en la próxima década. El informe también condena la ocupación ilegal y propone un Plan de Acción Europeo para apoyar a jóvenes y familias vulnerables en el acceso a la vivienda. Además, se busca mejorar la recopilación de datos sobre vivienda para evaluar políticas efectivas.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que modifica los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos. Esta normativa busca garantizar el funcionamiento normal del mercado interior de la Unión Europea, especialmente en situaciones de crisis como la pandemia del COVID-19. El decreto establece procedimientos de emergencia para la introducción de estos equipos y permite a los organismos evaluadores dar prioridad a aquellos que son críticos en momentos de crisis. Además, se contempla la posibilidad de autorizar temporalmente la entrada al mercado de equipos que no hayan pasado por los procedimientos estándar de evaluación, facilitando así el suministro rápido de productos esenciales.

Las empresas españolas están implementando ALIA, una infraestructura pública de inteligencia artificial, para desarrollar soluciones que mejoren la vida de las personas. Durante el Mobile World Congress, el ministro Óscar López destacó que ALIA democratiza la IA en el tejido productivo español, ofreciendo un modelo de lenguaje multilingüe y gratuito. Cuatro empresas presentaron casos prácticos, como asistentes conversacionales y sistemas optimizados para la Agencia Tributaria, mostrando cómo esta tecnología puede adaptarse a necesidades locales sin depender de recursos extranjeros. El objetivo es fomentar la innovación y mejorar la eficiencia en diversos sectores.

El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno está intentando negociar las inversiones en función de sus necesidades parlamentarias. Durante una sesión de control, el portavoz de Energía del PP, Miguel Ángel Castellón, acusó a la vicepresidenta Sara Aagesen de causar un caos en la planificación energética del país y señaló que las infraestructuras eléctricas están saturadas, lo que está perjudicando el desarrollo industrial, especialmente en Andalucía. Castellón criticó la falta de ejecución de los fondos destinados a la región y advirtió sobre la necesidad urgente de inversiones para evitar que se estrangule su crecimiento económico.

El Gobierno de España ha celebrado la histórica inversión de 33.700 millones de euros anunciada por Amazon Web Services (AWS) para impulsar centros de datos en el país. Esta es la mayor inversión de la multinacional en España, que generará aproximadamente 29.900 empleos anuales en empresas locales, incluyendo 6.700 puestos a tiempo completo para profesionales cualificados. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura de computación en la nube y la inteligencia artificial en Europa, con un enfoque en el desarrollo socioeconómico de Aragón. Desde su llegada en 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en diversas áreas en España, reafirmando su compromiso a largo plazo con el país.

El Gobierno de España ha presentado una Hoja de Ruta para acelerar la Soberanía Digital, con el objetivo de reducir la dependencia externa en tecnologías críticas y combatir el neo-colonialismo digital. Este documento, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital, incluye diez propuestas que buscan conectar la Infraestructura Pública Digital española con la europea, fomentar el uso de software libre en las administraciones y establecer un sistema europeo de pagos transfronterizo. Además, se destaca la importancia de mantener inversiones en tecnologías clave como semiconductores e inteligencia artificial. La iniciativa busca posicionar a España como líder en sostenibilidad digital y eficiencia energética.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Congreso inste al Gobierno a implementar un plan de apoyo para la cogeneración y el sector cerámico, crucial para la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón. Durante la Comisión de Industria y Turismo, el diputado Alberto Fabra subrayó la importancia de la cogeneración como método eficiente y sostenible. Además, se rechazó la abstención del PSOE en relación al cierre de la planta de plásticos Sabic en Cartagena, que emplea a 700 personas directamente. La portavoz adjunta Miriam Guardiola también criticó la falta de acción del PSOE ante la crisis ferroviaria que afecta gravemente al turismo en España.

Ángel Ibáñez, secretario general adjunto del GPP, critica al Gobierno de Sánchez por su incapacidad para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y garantizar una financiación justa para las comunidades autónomas. En una interpelación a la vicepresidenta Montero, denuncia que el incumplimiento de la Constitución ha llevado a Castilla y León a perder 160 millones de euros mensuales. Ibáñez resalta que el modelo de financiación pactado con ERC perjudica a su comunidad y destaca la falta de inversión en infraestructuras y conectividad digital. Además, contrasta esta situación con la gestión del presidente Mañueco en Castilla y León, quien prioriza el gasto social.

España se posiciona como líder europeo en apoyo a startups y emprendimiento innovador, alcanzando un 93% de implementación de los Startup Nations Standards según el informe de la Europe Startup Nations Alliance (ESNA) de 2025. Este resultado mejora en dos puntos respecto al año anterior y supera la media europea en todos los estándares evaluados. El país destaca por su entorno ágil para emprender, con trámites digitalizados que permiten crear empresas rápidamente y a bajo costo. Además, España muestra una notable capacidad para atraer talento internacional y cuenta con iniciativas que fomentan la innovación y el retorno de profesionales cualificados.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, ha expresado la preocupación del Partido Popular sobre la baja ejecución de los PERTE y las posibles renuncias a los fondos europeos. Durante una reunión con sectores productivos, se evaluó el impacto de la nueva adenda de estos fondos y se criticó la burocracia excesiva que dificulta su implementación. Nadal calificó el fondo soberano propuesto por el Gobierno como "humo y propaganda", argumentando que no tendrá un impacto real en la economía española. Además, destacó el fracaso en movilizar los recursos prometidos por los fondos europeos debido a un mal diseño y falta de colaboración con las comunidades autónomas.