España

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha instado a los socios del Gobierno a elegir entre mantener un Ejecutivo afectado por la corrupción o abordar los problemas reales que enfrenta la ciudadanía en Parla, Madrid. Durante su intervención, destacó la grave situación provocada por la okupación ilegal, con 800 viviendas municipales ocupadas, y cuestionó la falta de respuesta de partidos que se autodenominan liberales y conservadores. Ezcurra exigió el desbloqueo de la Ley Antiokupación del PP y afirmó que es fundamental tomar medidas efectivas para garantizar el orden y la seguridad. También criticó al ministro de Justicia por su enfoque comunicativo y defendió la necesidad de justicia imparcial en el país.

En la Fiesta del Afiliado del Partido Popular de Vizcaya, el secretario general del PP, Tellado, recordó al PNV que la investidura de Pedro Sánchez fue posible gracias a sus cinco diputados. Criticó al PNV por su apoyo al PSOE y afirmó que sin ellos no habría habido gobierno. Tellado calificó las recientes manifestaciones del PNV como "mucho ruido y pocas nueces" y cuestionó su responsabilidad en la situación actual de España, describiendo al gobierno como un "reality show del delito". Además, instó a Sánchez a convocar elecciones y destacó las numerosas causas judiciales abiertas contra miembros del PSOE.

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un individuo por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado, como la Fiscalía General del Estado y el INCIBE. La difusión de esta información generó un grave riesgo para la Seguridad Nacional, lo que llevó a las autoridades a activar urgentemente un dispositivo de localización y arresto. Durante el registro del domicilio del detenido, se confiscó material informático que está siendo analizado. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, busca esclarecer posibles implicaciones adicionales y desarticular la red detrás de esta campaña de doxing.

El Gobierno de España ha anunciado la expansión de la Factoría de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center, estableciendo cinco nodos sectoriales en colaboración con centros tecnológicos de diversas regiones. Esta iniciativa, respaldada por una inversión de 2,7 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital, busca promover el desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en sectores clave como salud, energía, agricultura y finanzas. Los nodos facilitarán la adopción de tecnologías IA entre pymes y organizaciones, con actividades colaborativas y eventos programados para identificar necesidades sectoriales. El primer workshop online se llevará a cabo el 16 de junio.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha celebrado el regreso de María San Gil a la sede del PP para presentar el documental "Esta es una historia real", que busca recuperar la memoria de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años. Feijóo destacó la importancia del testimonio de San Gil en la defensa de las víctimas del terrorismo y la necesidad de recordar los años difíciles del País Vasco. El documental se considera un paso crucial en la reconstrucción de la memoria histórica y rechaza los intentos de silenciar el pasado. Además, Feijóo reafirmó el compromiso del PP con las víctimas y su rechazo a cualquier intento de distorsionar la verdad sobre el terrorismo.

El Ministerio de Sanidad de España y la OCDE han organizado una conferencia internacional en Madrid con más de 150 expertos de 44 países para desarrollar un plan de acción sobre la adopción responsable de la inteligencia artificial (IA) en la asistencia sanitaria. El evento, que se celebra el 28 y 29 de mayo de 2026, busca establecer medidas concretas para integrar la IA en los sistemas de salud, priorizando la confianza, el uso efectivo y la prevención de riesgos. España destaca por contar con una estrategia específica en IA sanitaria, que incluye una inversión de 223 millones de euros para proyectos de digitalización y desarrollo de herramientas tecnológicas en el Sistema Nacional de Salud. La conferencia también abordará temas como la gobernanza, validación de algoritmos y formación profesional para garantizar un uso ético y seguro de estas tecnologías en la atención al paciente.

La diputada del GPP, Patricia Rodríguez, defendió en el Congreso la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, criticando la postura del PSOE y Bildu. Acusó a los partidos de izquierda de hipocresía por no apoyar la medida, argumentando que estas prendas invisibilizan a las mujeres. Rodríguez enfatizó que la dignidad femenina no debe estar sujeta a tradiciones o religiones y que la libertad e igualdad de todas las mujeres deben prevalecer en España. También cuestionó la indiferencia de Bildu hacia el tema, sugiriendo que se sienten cómodos con la opresión.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del GPP, critica duramente el nuevo decreto de copago farmacéutico, calificándolo de "auténtica chapuza" debido a sus incongruencias y la falta de coordinación en su implementación. Acusa a la ministra Mónica García de actuar sin diálogo con las comunidades autónomas, lo que podría costarles 267 millones de euros. Velasco destaca la necesidad de coordinar múltiples organismos para aplicar la norma y cuestiona su efectividad al cambiar los niveles de aportación para asegurados y pensionistas. Además, resalta la contradicción del Gobierno al intentar corregir desigualdades mientras impone un sistema basado en el IRPF, cuyo plazo para declaración es hasta junio. Concluye que la gestión actual dificulta abordar los problemas en el sector sanitario.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición no de ley del Partido Popular que propone eliminar la obligatoriedad de la cita previa para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado. Con 186 votos a favor y 159 abstenciones, la iniciativa busca devolver a la cita previa su carácter voluntario, garantizando así el acceso a servicios públicos sin necesidad de cita. La medida cuenta con el apoyo de varios partidos, mientras que PSOE y Sumar se han abstenido, permitiendo el avance de esta propuesta tras más de dos años de promesas incumplidas por parte del Gobierno.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, ha declarado en el programa "Todo es mentira" que el "muro de contención del sanchismo" ha colapsado, augurando un mal futuro para el Gobierno de Pedro Sánchez. Denuncia el deterioro institucional y la gravedad de la situación política y judicial que enfrenta el PSOE, especialmente tras el registro de la UCO en Ferraz. Bendodo sostiene que el Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas y critica la falta de apoyos para una moción de censura, a pesar de considerar urgente devolver la voz a los ciudadanos mediante elecciones generales. Además, califica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como responsable del colapso político actual del PSOE.

La Federación Estatal LGTBI+ apoya la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, actualmente prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, destaca la necesidad de modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel y antecedentes penales a quienes realicen estas prácticas consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, Iglesias enfatiza que aún persisten violaciones graves y se requiere un compromiso político para avanzar hacia una igualdad real. La federación también ha liderado iniciativas ciudadanas para prohibir estas prácticas a nivel europeo.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado que el auto que llevó al registro de la sede del PSOE revela cómo este partido financiaba acciones delictivas contra jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que investigaban su presunta corrupción. Durante entrevistas en medios como RNE y Telemadrid, Muñoz criticó a líderes socialistas por mentir sobre sus vínculos con personas implicadas en estos escándalos. Calificó el día como "de extrema gravedad" y pidió a otros partidos reflexionar sobre la situación. Además, advirtió que el presidente Sánchez enfrenta un futuro político incierto debido a estas acusaciones.

El Partido Popular (PP) ha aprobado medidas para apoyar al sector citrícola y mejorar la renegociación de la pesca de la sardina ibérica. En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, el portavoz Javier Folch solicitó al Gobierno que combata la desinformación sobre el zumo de naranja natural, que ha visto caer su consumo un 30% debido a campañas engañosas. Además, se destacó la importancia de garantizar un reparto justo en las negociaciones pesqueras para proteger el empleo y la economía en comunidades costeras, especialmente en Galicia. Los diputados del PP pidieron un plan estratégico nacional para asegurar la competitividad del sector citrícola frente a los estándares más laxos de productos importados.

Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, critica al Gobierno español por su falta de preparación ante emergencias sanitarias, seis años tras la pandemia. Durante la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso, destacó el incumplimiento de recomendaciones clave y la inacción en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Además, subrayó la crisis actual en el sector sanitario, con médicos en huelga y una gestión marcada por la corrupción y el sectarismo. Fúnez cuestionó la transparencia del Gobierno y su capacidad para coordinar respuestas efectivas ante crisis como el hantavirus, acusándolo de utilizar la situación para fines políticos más que informativos.

José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha exigido una revisión del rescate de Plus Ultra, argumentando que la compañía no cumplía con los requisitos necesarios y criticando la influencia política en su aprobación. Durante el pleno del Congreso, cuestionó la existencia de corrupción en diferentes niveles dentro del Gobierno, señalando a figuras como Ábalos y Aldama. Marí Bosó destacó que Plus Ultra recibió 53 millones de euros a pesar de sus problemas financieros y acusó al Ejecutivo de utilizar las instituciones para beneficiar a unos pocos. También criticó la política migratoria del Gobierno, afirmando que ha convertido la inmigración en un problema significativo para los españoles.