España

Ana Alós, portavoz adjunta del GPP, ha instado al Gobierno español a cumplir con la ley y ejecutar las órdenes de expulsión para evitar que España sea el "eslabón débil" en Europa en términos de inmigración. Durante un debate en el Pleno, destacó que solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión, lo que representa un fracaso estructural. Alós criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes irregulares, argumentando que socava la seguridad jurídica y es injusta tanto para los ciudadanos españoles como para quienes han seguido los procedimientos legales. También propuso reforzar la cooperación judicial y policial y realizar cambios legislativos para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves. La política migratoria debe ser coherente y efectiva, enfatizó, para garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales.

Óscar Ramajo, diputado del GPP, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por su incapacidad para presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que afecta negativamente la financiación de infraestructuras y servicios en las Comunidades Autónomas. Denuncia que Sánchez utiliza los impuestos para pagar a separatistas en lugar de mejorar el mantenimiento de carreteras y trenes. Ramajo destaca un déficit acumulado de 8.300 millones de euros en Castilla y León y acusa al Ejecutivo de priorizar su supervivencia política sobre las necesidades de los ciudadanos. Resalta la necesidad de un modelo de gestión eficaz frente al caos actual.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado que, a pesar de que el Gobierno celebra el crecimiento del PIB, la mayoría de los hogares españoles no logran llegar a fin de mes debido a la inflación y otros problemas económicos. Durante una comparecencia del ministro Carlos Cuerpo, las senadoras populares destacaron la falta de claridad en las estadísticas económicas y criticaron el modelo de crecimiento basado en la demanda interna y el gasto público. También señalaron la creciente desigualdad y la pobreza laboral como consecuencias de las políticas actuales. Las senadoras exigieron al ministro medidas concretas para abordar estos desafíos económicos.

El Gobierno español ha propuesto a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras el vencimiento del mandato anterior. Campos, doctora en Derecho y con más de 20 años de experiencia en la administración pública, deberá obtener el refrendo del Congreso de los Diputados. Su trayectoria incluye roles clave en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como su actual labor como consultora y profesora asociada. El presidente del consejo tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y deberá cumplir con un régimen de incompatibilidades específico para altos cargos.

El Gobierno de España ha presentado una Hoja de Ruta para acelerar la Soberanía Digital, con el objetivo de reducir la dependencia externa en tecnologías críticas y combatir el neo-colonialismo digital. Este documento, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital, incluye diez propuestas que buscan conectar la Infraestructura Pública Digital española con la europea, fomentar el uso de software libre en las administraciones y establecer un sistema europeo de pagos transfronterizo. Además, se destaca la importancia de mantener inversiones en tecnologías clave como semiconductores e inteligencia artificial. La iniciativa busca posicionar a España como líder en sostenibilidad digital y eficiencia energética.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó en un coloquio en Madrid sobre el Estado de Derecho y el imperio de la ley, junto a Paz Andrés del Consejo de Estado y Javier Cremades. El evento se llevó a cabo en Forbes House y abordó temas como los retos actuales del Estado de Derecho, el contexto internacional y la desinformación que enfrentan las democracias. Este encuentro coincide con la publicación de un nuevo libro relacionado con estos temas.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha criticado la actuación de Óscar Puente y miembros de Adif tras el accidente ferroviario de Adamuz, exigiendo explicaciones en lugar de una presentación superficial. Durante una rueda de prensa, denunció que se llevaron pruebas sin autorización judicial y solicitó la comparecencia del presidente de Adif, quien aún no ha respondido a su compromiso. Muñoz también cuestionó la falta de transparencia del Gobierno actual, sugiriendo que debería desclasificar documentos relevantes en lugar de centrarse en asuntos históricos. Además, abordó las negociaciones con Vox, instando a un acuerdo claro y transparente entre las fuerzas políticas del centro-derecha para evitar futuras elecciones.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha impulsado iniciativas para mejorar las infraestructuras ferroviarias en Burgos y Andalucía, así como para aplicar bonificaciones en los peajes de Castilla y León. Durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, el secretario general adjunto del GPP, Ángel Ibáñez, criticó al Gobierno por su falta de interés en proyectos clave como la reapertura del ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos y el túnel de Somosierra. Además, se exigió un plan concreto para abordar la situación de los peajes en Castilla y León y se denunciaron las desigualdades en inversiones ferroviarias entre regiones. Los diputados del GPP también pidieron explicaciones sobre una presunta manipulación de pruebas relacionadas con un accidente ferroviario.

Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, ha denunciado en la comisión mixta de control a RTVE las amenazas del presidente de RTVE, José Pablo López, hacia el Consejo de Informativos tras un informe que expone la mala praxis en programas como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. Montesinos afirmó que López es "el discípulo aventajado de Pedro Sánchez" y subrayó que el Consejo de Informativos no depende del Consejo de Administración. Además, Eduardo Carazo criticó la manipulación informativa en RTVE y la externalización de programas, mientras que Belén Hoyo y Ana Martínez Labella señalaron las malas prácticas y la falta de transparencia en la gestión de López.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Congreso inste al Gobierno a implementar un plan de apoyo para la cogeneración y el sector cerámico, crucial para la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón. Durante la Comisión de Industria y Turismo, el diputado Alberto Fabra subrayó la importancia de la cogeneración como método eficiente y sostenible. Además, se rechazó la abstención del PSOE en relación al cierre de la planta de plásticos Sabic en Cartagena, que emplea a 700 personas directamente. La portavoz adjunta Miriam Guardiola también criticó la falta de acción del PSOE ante la crisis ferroviaria que afecta gravemente al turismo en España.

El Gobierno de España ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030), una iniciativa pionera para abordar la soledad desde una perspectiva estructural y comunitaria. Esta estrategia busca prevenir la soledad no deseada, que afecta al 20% de la población, con un enfoque en la cohesión social y el bienestar. Se establece una Mesa Interinstitucional para coordinar esfuerzos entre diferentes sectores y se implementarán políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, el urbanismo social y programas de apoyo mutuo. La estrategia también reconoce la importancia de crear comunidades inclusivas que ofrezcan redes de apoyo a quienes enfrentan situaciones de soledad.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, considerándola un riesgo para la seguridad. Anunció que el PP presentará enmiendas en el Senado a la Ley de Multirreincidencia para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un "coladero" de delincuentes. Gamarra destacó la preocupación por una posible regularización masiva que podría afectar a más de 1,2 millones de personas sin controles adecuados. El PP busca implementar medidas más estrictas y responsabilizar al Gobierno por las consecuencias de su política migratoria.

El Partido Popular ha criticado a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, por no haber considerado elevar la situación de emergencia a nivel nacional durante la dana que afectó Valencia el 29 de octubre de 2024, resultando en 238 muertes. En una Comisión de Investigación, el senador José Antonio Monago cuestionó la falta de respuestas claras sobre la gestión de la crisis y destacó que existían alertas previas a la tragedia. Monago también subrayó que el Gobierno debe actuar con responsabilidad y eficacia en situaciones críticas, recordando que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil permite al Estado elevar el nivel de emergencia cuando es necesario. La actuación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar también fue objeto de críticas por su respuesta inadecuada ante las advertencias sobre el riesgo.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presidió la reunión del Comité de Situación, donde se evaluó el trabajo de los grupos creados tras la invasión de Ucrania por Rusia. Se discutieron temas relacionados con la gestión de crisis en el Sistema de Seguridad Nacional y se aprobaron las líneas de acción del Grupo Permanente para el Asesoramiento Científico en la Gestión de Crisis, con el objetivo de integrar el conocimiento científico-tecnológico y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.