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José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha exigido una revisión del rescate de Plus Ultra, argumentando que la compañía no cumplía con los requisitos necesarios y criticando la influencia política en su aprobación. Durante el pleno del Congreso, cuestionó la existencia de corrupción en diferentes niveles dentro del Gobierno, señalando a figuras como Ábalos y Aldama. Marí Bosó destacó que Plus Ultra recibió 53 millones de euros a pesar de sus problemas financieros y acusó al Ejecutivo de utilizar las instituciones para beneficiar a unos pocos. También criticó la política migratoria del Gobierno, afirmando que ha convertido la inmigración en un problema significativo para los españoles.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, critica la gestión de los fondos europeos durante una sesión de control al Gobierno, calificándola de fracaso. Lamenta que se hayan rechazado 60.000 millones en préstamos que podrían haber beneficiado a autónomos y empresarios. Señala a Carlos Cuerpo como responsable de esta ineficacia, destacando que solo se ha ejecutado el 15,7% de los fondos disponibles. Bravo denuncia que estos recursos han sido mal utilizados, destinándose a proyectos irrelevantes en lugar de transformar la economía. Además, critica la falta de presupuestos y resultados concretos del Gobierno.
El Partido Popular ha logrado con éxito la toma en consideración de su bloque de medidas sobre vivienda en el Congreso, con 306 votos a favor y 10 abstenciones. Este bloque incluye la tramitación de leyes antiokupación y del suelo, así como una Proposición de Ley que permite la participación por videoconferencia en reuniones de comunidades de propietarios. Las reformas propuestas buscan modernizar la normativa sobre propiedad horizontal, permitiendo notificaciones por email y legalizando el libro de actas digital, lo que mejorará la gestión y seguridad jurídica en las comunidades. Esta iniciativa se presenta como un avance hacia la digitalización y responde a las necesidades actuales en materia de vivienda y propiedad.
El Partido Popular (PP) ha denunciado el deterioro del sistema ferroviario en España y ha exigido al Gobierno que lo haga "seguro, puntual y moderno". A través de una moción que será aprobada en el Pleno del Senado, los senadores Juan Manuel González Camacho e Inmaculada Hernández han instado a la administración a escuchar las preocupaciones de los usuarios y trabajadores afectados por la degradación del servicio. Destacan la pérdida de confianza en el tren como medio de transporte fiable y proponen medidas concretas como inspecciones extraordinarias y transparencia sobre el estado de la red ferroviaria. Además, critican la falta de respuesta del Gobierno tras el accidente de Adamuz, donde fallecieron 46 personas, y exigen responsabilidades políticas ante un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia el Ministerio de Transportes.
El Partido Popular (PP) ha solicitado la reprobación del ministro del Interior, Fernando Marlaska, debido a su gestión en la lucha contra el narcotráfico. La diputada Llanos de Luna argumenta que esta actividad criminal se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad del Estado y que, a pesar del incremento de la violencia y la impunidad de las organizaciones criminales, el Gobierno no ha reforzado adecuadamente las Fuerzas de Seguridad. Destaca que la muerte reciente de dos guardias civiles es consecuencia de años de inacción gubernamental y critica la falta de reconocimiento y recursos para los agentes. Además, llama a un cambio urgente en la estrategia para combatir el narcotráfico, enfatizando que el Estado debe mostrar firmeza ante estas amenazas.
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Bendodo, ha instado al Gobierno a cumplir con la Constitución y presentar de inmediato los Presupuestos Generales del Estado. Denunció el grave daño económico que la falta de estos presupuestos está causando a diputaciones y ayuntamientos en toda España, estimando pérdidas mensuales superiores a 100 millones de euros para las entidades locales. Bendodo criticó al Gobierno por su morosidad en este asunto desde 2022 y destacó la importancia de una reforma en la financiación local. Además, elogió la gestión económica de la Generalitat Valenciana y vinculó la situación actual del Gobierno con casos de corrupción.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha logrado la aprobación de tres Propuestas No de Ley (PNLs) en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, que abordan la reforma del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAMF), una estrategia contra la soledad no deseada y la renovación del programa de turismo social del IMSERSO. Antonio Martínez, portavoz adjunto del GPP, ha exigido al Gobierno una revisión urgente del programa de turismo social tras su reciente fracaso, caracterizado por una caída en la demanda y el descontento entre los usuarios. Además, se ha solicitado una estrategia operativa para combatir la soledad, que afecta a uno de cada cinco españoles, así como mejoras en el CAMF de Guadalajara, que enfrenta problemas estructurales y falta de financiación.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado iniciativas para la rebaja del IVA cultural en España, denunciando la inacción del Gobierno ante las demandas del sector artístico. La portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, subraya que más de 1.000 artistas y galerías exigen esta medida, mientras el 77% de los artistas plásticos gana menos de 12.000 euros al año. Además, el GPP aboga por proteger las alfombras del Corpus como Patrimonio Cultural Inmaterial, destacando su importancia cultural y turística. También se critica el deterioro del Museo de Valladolid y se exige su rehabilitación integral para preservar su patrimonio histórico.
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la imagen de "Bambi" que se ha promovido sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que en realidad es un "zorro". Durante una rueda de prensa, Muñoz denunció la relación de Zapatero con el actual gobierno de Sánchez y su implicación en casos de corrupción. Aseguró que parte del dinero adjudicado a empresas extranjeras terminó en manos de Zapatero y sus hijas, cuestionando la ética del caso Begoña Gómez. Además, afirmó que el PP gobierna mejor en las comunidades autónomas que el PSOE y criticó la falta de atención del gobierno hacia temas importantes como vivienda y servicios públicos.
El portavoz del PP, Sémper, ha instado a los socios de Sánchez a reprobar al Gobierno en bloque debido a la creciente corrupción que enfrenta. Durante un Comité de Dirección, cuestionó la falta de acción de los aliados del Gobierno y destacó que el PNV tiene una "oportunidad de oro" para mostrar coherencia al votar una moción del PP en el Senado. Sémper subrayó que la situación actual compromete la imagen internacional de España y criticó al Gobierno por su negativa a asumir responsabilidades. Además, mencionó el juicio del hermano de Sánchez y otros casos de corrupción relacionados con el PSOE. Concluyó afirmando que España necesita urgentemente un "saneamiento integral" de sus instituciones y propuso que su partido sea la solución para barrer la corrupción.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, criticó duramente a José Luis Rodríguez Zapatero en la Junta Directiva del PP de Cataluña, afirmando que nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable. Egea destacó que la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado niveles alarmantes y que Zapatero, quien apoyó a Sánchez y negoció con independentistas, ha sido una figura clave en este contexto. Además, señaló que la situación actual del sanchismo es esperpéntica y denunció el uso indebido de fondos públicos por parte del gobierno. También hizo un llamado a la unidad dentro del PP y criticó al PSC por su acercamiento al separatismo.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas involucradas en una red criminal que facilitaba empadronamientos fraudulentos para regularizar la situación de inmigrantes en Seseña, Toledo. Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular y, a cambio de dinero, les proporcionaban la documentación necesaria. La investigación se inició tras detectar un aumento inusual de solicitudes de empadronamiento, con hasta 91 registros en una sola vivienda. Esta operación resalta el problema del fraude en los procesos de regularización administrativa.
La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha denunciado la falta de responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el Estado de la Red Ferroviaria en España. Mario Samper, presidente de la asociación y superviviente del accidente que dejó 46 muertos y 352 afectados, criticó que el ministro no acudió a reunirse con las víctimas tras la tragedia y que su respuesta a la solicitud de dimisión fue insatisfactoria. Además, Samper destacó la descoordinación institucional y la burocracia que ha dificultado las indemnizaciones para las víctimas. La senadora del PP, María Jesús Bonilla, también exigió una investigación transparente y un refuerzo en las medidas de seguridad ferroviaria.
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, ha afirmado que su partido "no se va a quedar de brazos cruzados" ante el caso del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado a la Comisión Europea que investigue el rescate de 56 millones de euros destinados a la aerolínea Plus Ultra. Fúnez destacó la gravedad de las acusaciones, incluyendo el tráfico de influencias en tiempos de pandemia, y criticó al Gobierno por su inacción frente a la huelga médica en curso. Además, anunció que el PP ampliará la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado para abordar este asunto.
La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una de las principales redes logísticas de narcotráfico en Huelva. En dos fases de la operación, se incautaron 800 garrafas con 20.000 litros de combustible, dos furgonetas y dos embarcaciones semirrígidas. Cuatro personas fueron detenidas y una más está siendo investigada. La red operaba desde un centro logístico en Punta Umbría, abasteciendo a narcolanchas que transportaban droga desde Marruecos. La operación representa un golpe significativo al narcotráfico en la región.
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