España

El ministro Bolaños ha participado en una reunión del Comité Especializado sobre la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Este encuentro se centra en abordar temas críticos relacionados con la seguridad y la política nacional. La reunión es parte de los esfuerzos del Gobierno de España para garantizar la estabilidad y protección en la región.

El Partido Popular (PP) ha criticado la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, acusando al Gobierno de Sánchez de firmar "el acta de defunción" de su política energética. Durante una reunión de la Diputación Permanente, el diputado Guillermo Mariscal destacó que esta decisión, tomada sin transparencia y en agosto, representa un giro radical en la política energética del Ejecutivo, que antes consideraba la energía nuclear un problema. Mariscal subrayó que mantener el cierre nuclear podría haber incrementado los costos eléctricos en un 25% para hogares y un 35% para industrias, además de aumentar las emisiones de CO₂. La central de Almaraz es crucial, sosteniendo más de 4.000 empleos y generando el 7% de la electricidad consumida en España. El PP se comprometió a ampliar la vida útil de todas las centrales nucleares si cuentan con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Gobierno español propone impulsar centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos, cumpliendo con los estándares europeos en eficiencia hídrica y energética. La normativa busca que al menos el 80% del consumo energético de estos centros provenga de energías renovables generadas en tiempo real. Además, establece que la operación y control de los datos deben ser gestionados por entidades dentro de la UE, garantizando así la soberanía digital. Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde España se posiciona como líder en la atracción de inversiones para centros de datos, aprovechando su clima favorable y su capacidad en energías renovables. Los nuevos requisitos también incluyen penalizaciones por incumplimiento y la obligación de reportar anualmente sobre sostenibilidad y eficiencia energética.

El Partido Popular (PP) ha exigido al presidente Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas por la crisis migratoria en Ceuta, calificándola de "invasión". En una sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, la senadora Cristina Díaz subrayó la necesidad de un plan efectivo para el retorno de los migrantes ilegales y criticó la falta de acción del Gobierno. Además, cuestionó la efectividad del mando único establecido y demandó soluciones concretas y plazos claros. La senadora también hizo hincapié en la importancia de proteger a las fuerzas militares agredidas en la región y acusó al Gobierno de falta de previsión ante la crisis.

Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha exigido al ministro Bolaños que garantice el retorno de los asaltantes que invadieron Ceuta y ha criticado que 85,000 españoles están confinados debido a la inacción del Gobierno. Durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gamarra destacó la necesidad de devolver la libertad a los ceutíes y cuestionó las negociaciones del Gobierno con Marruecos sobre justicia y devoluciones. También subrayó la grave situación de derechos y libertades en Ceuta, donde los ciudadanos viven con miedo y limitaciones. Gamarra instó al Gobierno a actuar para proteger a las fuerzas armadas y colaborar con la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre estos eventos.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, criticó duramente a la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión en el Congreso. Fúnez la acusó de llegar tarde a la crisis sanitaria en Ceuta y le exigió que asuma su responsabilidad por la gestión deficiente que ha afectado a los ciudadanos. Subrayó que García tardó "17 días y tres años" en visitar Ceuta y que su administración no tomó las medidas necesarias para afrontar la situación crítica. Además, destacó el esfuerzo de los profesionales sanitarios locales y pidió mejoras en sus condiciones laborales. Fúnez también cuestionó la falta de coordinación del Gobierno y exigió respuestas claras sobre las acciones tomadas durante la crisis.

La Guardia Civil investiga a dos propietarios de una escuela canina en Navalcarnero, Madrid, por un presunto delito de maltrato animal. La investigación se inició tras recibir denuncias sobre el estado deplorable de las instalaciones y la falta de alimento y agua para los animales. Durante las inspecciones, se encontraron 46 perros en condiciones críticas, con varios requiriendo hospitalización inmediata debido a desnutrición y enfermedades. Además, se halló el cadáver de un perro en el recinto. Los implicados han sido puestos a disposición judicial y las instalaciones han sido cerradas.

El portavoz nacional del Partido Popular, Sémper, ha exigido la movilización de todas las unidades de extranjería necesarias en Ceuta para acelerar los expedientes de repatriación, enfatizando que "deben de volver todos y cuanto antes". Durante una rueda de prensa, destacó la gravedad de la situación actual en la ciudad, con cerca de 10.000 personas en la calle, lo que genera problemas de orden público y sanitario. Sémper también planteó preguntas sobre brotes de enfermedades contagiosas y criticó al Gobierno por su gestión ante la crisis. Además, reafirmó el compromiso del PP para revertir esta situación y propuso un plan integral para abordar los desafíos en Ceuta.

El Tribunal Supremo ha decidido tramitar como medida cautelar la solicitud de los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP), otorgando al Gobierno un plazo de 10 días para presentar alegaciones. El PP ha manifestado su respeto por la decisión judicial, aunque señala que no aborda el fondo del asunto. La corte enfatiza que el control del Gobierno es un derecho fundamental de los senadores y que ningún Gobierno puede decidir quién lo controla. La tramitación se realizará por el procedimiento ordinario, manteniendo abierto el debate jurídico sobre la competencia y admisibilidad del caso.

La Seguridad Social en España ha registrado un aumento de cerca de 670.000 afiliados en el último año, alcanzando un total de 22.318.994 ocupados a mediados de agosto, lo que representa el nivel más alto desde que se llevan estos registros. Este incremento del 3,09% en la afiliación desestacionalizada se atribuye a la mejora en la calidad del empleo y al crecimiento sostenido del mercado laboral, impulsado por la reforma laboral. Desde finales de 2025, se han creado más de 452.000 nuevos empleos, consolidando así una tendencia positiva en el ámbito laboral.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha iniciado una ofensiva en el Senado para investigar el aumento del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA), que ha superado los 2,7 millones de electores. En Madrid, este censo ha crecido un 30,4% desde mayo de 2023. El PP exige al Gobierno transparencia sobre las inscripciones, preguntando cuántas son por adquisición de nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática y otros motivos. Además, se busca garantizar que el censo sea fiable y que las inscripciones cumplan con los requisitos legales. La iniciativa también incluye cuestionamientos sobre la gestión de expedientes por parte del Gobierno y la externalización de tareas relacionadas con el censo. El PP considera prioritario asegurar que el voto de los españoles en el exterior tenga las mismas garantías que el de quienes residen en España.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, ha destacado el plan presentado por Alberto Núñez Feijóo para Ceuta, enfatizando la necesidad de apoyo al sector privado y mejoras en infraestructuras. El plan aborda las carencias económicas y de seguridad en la frontera, así como la renovación de comisarías y problemas de vivienda en las ciudades autónomas. Bravo critica la falta de comunicación del Gobierno con el PP sobre medidas económicas y señala que la situación actual genera inseguridad. Además, aboga por extender las bonificaciones de la Seguridad Social para activar el comercio en Ceuta y Melilla.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante el Congreso debido al aumento alarmante de agresiones sexuales en Ceuta. Fúnez exige explicaciones sobre los protocolos implementados por el Ministerio de Igualdad y su coordinación con el Ministerio del Interior. La situación es crítica, con un incremento significativo en los casos reportados. Además, Fúnez critica la falta de acción del Gobierno y señala la necesidad de un mando único para abordar la crisis en Ceuta.

El Partido Popular (PP) ha señalado a Pedro Sánchez como el responsable político de las incomparecencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. Durante una crisis migratoria en Ceuta, Marlaska no compareció ante la Comisión de Interior, lo que el PP considera una violación de su obligación constitucional. Los portavoces del PP han criticado la falta de acción del Gobierno y han anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo para exigir que se restablezcan los derechos de los senadores y se ponga fin a lo que califican como un comportamiento antidemocrático. Además, han instado al Gobierno a implementar medidas efectivas para abordar la crisis migratoria y proteger los derechos de los ciudadanos españoles.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha propuesto un Plan de Reactivación para Ceuta y Melilla con una inversión de 650 millones de euros en los próximos seis años. Durante su reciente visita a Ceuta, Feijóo destacó la necesidad urgente de recuperar la economía local y presentó siete medidas clave para abordar la crisis que enfrenta la ciudad autónoma. Entre sus propuestas, aboga por un compromiso gubernamental con una Ley de Régimen Especial que proteja el marco fiscal e inversor de ambas ciudades, así como la implementación de un mando único para gestionar la situación actual. También exigió acciones inmediatas para garantizar la seguridad en las fronteras y el retorno de inmigrantes que han ingresado ilegalmente. Feijóo enfatizó que es fundamental que Ceuta y Melilla sean tratadas con la misma consideración que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Su intervención busca dar voz a las preocupaciones de los ceutíes y asegurar que España cumpla con sus responsabilidades hacia estas ciudades.