Durante una interpelación urgente en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP, criticó duramente la política fiscal del Gobierno, afirmando que ha llevado al empobrecimiento de los españoles y ha beneficiado a los ricos. Señaló que, mientras la presión fiscal en Europa ha disminuido, en España ha aumentado en 1,8 puntos del PIB. Marí también destacó la ineficacia de las transferencias sociales para reducir la pobreza y denunció la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes. Cuestionó a la vicepresidenta María Jesús Montero sobre a quién realmente beneficia su gobierno y propuso una política económica centrada en la capitalización.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha destacado en la conferencia "Estado de Europa 2025" que el principal desafío de la Unión Europea es combatir la desigualdad. Durante su intervención en Bruselas, subrayó que esta problemática genera desafección ciudadana y aleja a los jóvenes del proyecto europeo. Además, abogó por un nuevo contrato social que contemple la digitalización y la inteligencia artificial, enfatizando la necesidad de legislar sobre estos temas para proteger los derechos laborales. Díaz también hizo un llamado a mantener altos estándares en el Pacto Verde europeo y a promover una soberanía tecnológica en Europa.
Los agricultores y ganaderos españoles recibirán 2.563 millones de euros en pagos anticipados de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) entre el 16 y el 30 de noviembre. Este adelanto, autorizado por la Comisión Europea, busca proporcionar mayor liquidez a los beneficiarios ante los desafíos actuales, incluidos conflictos internacionales y condiciones climáticas adversas. Las comunidades autónomas podrán realizar pagos anticipados de hasta el 70% del importe de las ayudas, mientras que el pago completo comenzará el 1 de diciembre. Se estima que en la segunda quincena de octubre se pagarán alrededor de 1.800 millones de euros.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha resaltado el exitoso inicio del Entry Exit System (EES) en España, un nuevo sistema de control fronterizo europeo que comenzó a operar el 12 de octubre. Según Grande-Marlaska, no se han reportado incidencias y el sistema ha demostrado eficacia y estabilidad, facilitando el paso de los viajeros. Este avance permitirá una mayor fluidez en los controles fronterizos y se implementará gradualmente hasta su total operatividad prevista para abril de 2026. Además, el Consejo de Ministros abordará propuestas sobre el reglamento de retorno de nacionales en situación irregular y el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó el liderazgo de España en la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la desinformación durante su participación en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Luxemburgo. En la reunión, se abordaron temas como el refuerzo de Eurojust y la protección de representantes públicos frente a discursos de odio. Bolaños subrayó la importancia del intercambio de información para una cooperación judicial eficaz y presentó iniciativas españolas como el Plan de Acción para la Democracia. Además, mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Alemania y Suecia para discutir temas relacionados con la violencia de género y la cooperación judicial.
Los puertos españoles recibirán una inversión de 65 millones de euros para mejorar la seguridad fronteriza mediante la adquisición de equipos que refuercen el control en el marco del sistema europeo de entradas y salidas (EES). Este nuevo sistema, que se implementará progresivamente a partir de 2026, permitirá registrar electrónicamente las entradas y salidas de viajeros extracomunitarios, reemplazando el sellado manual de pasaportes por un registro digital y la recolección de datos biométricos. La Unión Europea financiará casi 60 millones de esta inversión a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras.
La Unión Europea ha aprobado la concesión de 946 millones de euros a España del Fondo de Solidaridad para mitigar los efectos devastadores de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y otras regiones en 2022. Esta ayuda, que representa un hito histórico al ser la segunda más alta desde la creación del fondo, se destinará a cubrir parte de los gastos públicos relacionados con operaciones de emergencia y recuperación. Además, se han reprogramado 645 millones de euros adicionales de fondos de cohesión para apoyar la reconstrucción en las áreas afectadas. El Gobierno español coordinará la distribución de estos recursos para asegurar su eficacia y transparencia en el proceso de recuperación.
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La Federación Estatal LGTBI+ ha criticado la nueva estrategia LGTBI+ de la Unión Europea para el periodo 2026-2023, considerándola insuficiente y un retroceso en la protección de los derechos del colectivo. Durante un evento conmemorativo por los 40 años de España en la UE, su presidenta, Paula Iglesias, destacó que la estrategia no aborda adecuadamente los delitos de odio y propone una legislación limitada a los entornos digitales. Además, instó a la UE a adoptar medidas más efectivas para proteger los derechos LGTBI+, incluyendo el reconocimiento transfronterizo de las familias y una directiva sobre igualdad de trato que amplíe la protección contra la discriminación. La presidenta enfatizó la necesidad de políticas valientes y comprometidas para garantizar que los derechos del colectivo no sean negociables.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha propuesto en el Parlamento Europeo abrir un debate para blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta de Derechos de la Unión Europea. Durante su intervención, destacó la importancia de garantizar este derecho de manera efectiva en todos los territorios, señalando las disparidades existentes en España. Redondo subrayó que es crucial avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ante una ola reaccionaria que amenaza las libertades de las mujeres. Además, participó en reuniones sobre políticas de igualdad y salud sexual a nivel europeo, apoyando iniciativas que promueven el acceso al aborto seguro y gratuito en toda la UE.
La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo del "Clan Kavac", reclamado por las autoridades de Montenegro por asesinato y pertenencia a organización criminal. Este individuo, considerado la mano derecha del líder del clan, estaba implicado en el asesinato de un rival tras haberlo torturado durante 24 horas. La operación, que se llevó a cabo con colaboración internacional entre varios países europeos, se inició en 2021 tras emitirse una Orden Internacional de Detención. El detenido enfrenta una pena de hasta 40 años de prisión.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha resaltado el exitoso inicio del Entry Exit System (EES) en España, que comenzó a operar el 12 de octubre. En su primer día, se registraron 1.833 expedientes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sin incidencias ni retrasos. Este sistema de control fronterizo europeo promete mejorar la fluidez y seguridad en los controles. La Comisión Europea y eu-LISA han elogiado a España por ser el tercer país de la UE en implementar este sistema, que se completará para abril de 2026. Además, se discutieron propuestas sobre un reglamento europeo de retorno y el Mecanismo Europeo de Protección Civil durante la reunión del Consejo de Ministros de Interior.
El gobierno de los Países Bajos ha tomado el control de Nexperia, una empresa de semiconductores de propiedad china, para proteger el suministro europeo de chips esenciales para automóviles y otros productos electrónicos. La decisión se basa en "serias deficiencias de gobernanza" y busca evitar la escasez de chips en situaciones críticas. Este movimiento podría aumentar las tensiones entre la Unión Europea y China, ya que la empresa matriz, Wingtech, ha sido incluida en la lista de entidades preocupantes por seguridad nacional en EE.UU. A pesar de la intervención gubernamental, se asegura que la producción continuará con normalidad.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha abogado por acelerar las medidas en la Unión Europea para proteger a los menores en entornos digitales durante el Consejo informal de Ministros de Telecomunicaciones en Dinamarca. Destacó la necesidad de implementar controles similares a los existentes en el mundo analógico, ya que el 91% de los menores en España se conecta diariamente a Internet. López presentó un Proyecto de Ley Orgánica que eleva de 14 a 16 años la edad para registrarse en redes sociales sin consentimiento parental y propone medidas como sistemas robustos de verificación de edad. Además, subrayó la importancia de la colaboración entre países europeos y la industria para crear un marco legal efectivo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España está monitorizando la situación de la Global Sumud Flotilla y ha activado medidas para garantizar la protección diplomática y consular de los ciudadanos españoles involucrados. Se ha establecido una unidad de seguimiento permanente, y el ministro José Manuel Albares mantiene comunicación con sus homólogos internacionales y las autoridades israelíes para asegurar el respeto a los derechos y la integridad física de los españoles. Además, España continúa exigiendo el fin del conflicto en Gaza, el aumento de ayuda humanitaria y la implementación de una solución pacífica entre Palestina e Israel.
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