El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) por un importe aproximado de 21.673.680,62 euros.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado no prohibir la marcha convocada el próximo sábado en el municipio de Arrasate-Mondragón a favor del preso de ETA Unai Henri Parot y ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al seguimiento y control del acto y adopten las medidas necesarias para evitar que en el curso del mismo se realicen actos de enaltecimiento o justificación del delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, así como actos de desprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o sus familiares.
Por un presunto delito de atentado a agentes a la autoridad y delito leve de lesiones durante un acto en La Laguna (Tenerife) el 25 de enero de 2014 donde estaba prevista la asistencia del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.
La Audiencia Nacional ha condenado a la miembro de ETA Soledad I., alias ‘Anboto’ a 46 años de prisión por dos asesinatos frustrados y un delito de estragos por la colocación el 21 de mayo de 1987 de una bomba en la puerta de un bar, en la localidad guipuzcoana de Escoriaza.
La jueza señala que en la versión de la denunciante “no se aprecia motivo espurio que pueda viciar o ponerla en duda”, al tiempo que destaca que la adolescente asegura que en ese momento no tenía relación con su padre “ni buena ni mala”.
Tras la sonada detención esta semana del expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, en libertad con cargos tras negarse a declarar, sobrevuela el nombre de otro conocido rostro del fútbol con problemas con la Justicia.
El portavoz de Vox en la comisión de Justicia, Javier Ortega Smith, ha expuesto los principales problemas que acechan a la administración de la Justicia en España.
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable a una mujer que asesinó al hijo de acogida de su pareja sentimental, de 8 años de edad, en Elda (Alicante) en agosto de 2017.
El juez dicta apertura de juicio oral por un presunto delito de asesinato contra la madre de la niña de cinco años hallada muerta en un hotel de Logroño. El caso será juzgado por un Tribunal del Jurado ante el que el fiscal y dos acusaciones más piden la prisión permanente revisable.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas, entre ellas, la exmujer de Jordi P.F., Mercé G., o los empresarios Luis D.H., Carlos S.C. y Carlos V. por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.
Este miércoles continuó el Pleno en el Senado, donde se debatió una PL que modifica el Tribunal del Jurado y la LECRIM, para juzgar por procedimiento rápido el delito de allanamiento de morada y una moción sobre el reparto de los Fondos Europeos a las CCAA.
El tribunal considera acreditado que los condenados –su primera esposa, su hija y un empresario- formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra ocho personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Altadis S.A. entre los años 2004 y 2010 por un importe total de 35.400.789,37 euros.
Según relataron los agentes, primero alegó que venía de Portugal, luego que tenía asma, y más tarde que no tenía mascarilla. Sin embargo, cuando le facilitaron una, hizo caso omiso y se la guardó en el bolsillo.
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