España

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, alerta sobre los riesgos de seguridad que podría generar la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno de Sánchez. Advierte que, aunque estos inmigrantes no podrán asentarse en la Unión Europea, sí podrán circular libremente, lo que podría facilitar la entrada de delincuentes y terroristas. Muñoz critica la falta de transparencia del Ejecutivo respecto a cuántas personas han obtenido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática y denuncia una doble moral al abordar temas de seguridad. Además, menciona la necesidad de controles en los procesos de regularización para proteger tanto a España como a Europa.

El Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad han lanzado la primera Oficina de Atención a la Ciudadanía universalmente accesible en Madrid. Esta iniciativa incluye mejoras significativas en la señalización, como el uso de pictogramas y textos simplificados, para facilitar la comprensión por parte de todas las personas que utilicen estos servicios. La evaluación previa fue realizada por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), que identificó barreras y propuso un nuevo diseño más inclusivo. Entre las mejoras se encuentran carteles informativos, un directorio accesible y un puesto específico para atención a personas con discapacidad. Esta oficina busca ser un modelo ejemplar en cumplimiento de la normativa de accesibilidad y fomentar una atención más inclusiva en los espacios públicos.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Campos, con más de 20 años de experiencia en la administración pública y una sólida formación académica, se compromete a actuar con independencia y transparencia. Su mandato se centrará en actualizar la normativa, fomentar la cooperación entre entidades y aprovechar la tecnología para mejorar el acceso a la información pública. Este cargo tiene una duración de cinco años y es incompatible con otros puestos en la Administración General del Estado.

El Gobierno de España ha adjudicado 19 millones de euros para la investigación en semiconductores y el desarrollo de chips cuánticos, en el marco de la Empresa Común de Chips (Chips JU) de la Unión Europea. Esta inversión se complementa con aportaciones de la Comisión Europea y del sector privado, movilizando un total superior a los 60 millones de euros. Se destinarán 6,5 millones para cinco Líneas Piloto Cuánticas, que buscan facilitar la fabricación de chips cuánticos. Además, se han aprobado más de 12,3 millones para 36 proyectos de I+D en empresas privadas, abordando retos tecnológicos como ciberseguridad y computación sostenible. Estas iniciativas son clave para asegurar la soberanía tecnológica en Europa y fortalecer el ecosistema industrial español.

La Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado que los discursos de odio contra las personas trans invisibilizan su vulnerabilidad y las discriminaciones que enfrentan, especialmente en el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans. La presidenta Paula Iglesias destacó que casi la mitad de las personas trans están en riesgo de pobreza y subrayó la importancia del nuevo protocolo de acompañamiento trans en el ámbito laboral, que busca proteger a quienes deciden hacer visible su identidad en el trabajo. Además, se hizo un llamado urgente para implementar un Pacto de Estado contra los discursos de odio y garantizar los derechos de las personas trans, que aún carecen de protección adecuada en diversas áreas.

Carlos Rojas, portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, ha denunciado que las decisiones del Gobierno español respecto al conflicto en Irán podrían comprometer la seguridad nacional y afectar las relaciones con aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rojas cuestionó la falta de claridad del Ejecutivo sobre sus acciones y advirtió sobre la imagen negativa que se proyecta internacionalmente. También criticó la restricción del uso del espacio aéreo español para operaciones aliadas y el envío de medios militares sin autorización parlamentaria. Rojas exigió una política exterior coherente que priorice los intereses de España y una estrategia clara para garantizar la seguridad nacional.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que se reunirá al menos dos veces al año. Este organismo tiene como objetivo mejorar la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas en materia de prevención del suicidio, un problema creciente en el país, donde se reportaron 3.953 fallecimientos por esta causa en 2024. La iniciativa forma parte del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que cuenta con una financiación específica de 17,83 millones de euros. El Observatorio centralizará información de diversos ámbitos y promoverá la investigación y sensibilización sobre el suicidio, además de apoyar el desarrollo de políticas públicas más efectivas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para 2026, con un crédito estimado de 110 millones de euros. Estas ayudas son fundamentales para financiar programas de acción social gestionados por ONGs, permitiendo el desarrollo de más de mil iniciativas en 2025. Las prioridades incluyen el acceso a vivienda, atención sociosanitaria y la lucha contra la violencia de género. Además, se ha creado un sistema oficial para certificar el dominio de la Lengua de Signos Española, promoviendo la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas sordas.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE, argumentando que ha dejado de ser una televisión pública para convertirse en "Tele Pedro". García critica la administración actual por su falta de neutralidad y rigor financiero, señalando un aumento en el presupuesto destinado a la propaganda y la contratación de personal externo. También denuncia prácticas como la purga de voces independientes y el manejo negligente de fondos públicos, que ha llevado a pérdidas significativas y al incumplimiento de contratos. La nueva comisión busca responsabilizar a quienes hayan malversado recursos o manipulado procesos dentro del ente público.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que la situación actual en España se caracteriza por una inflación galopante, incompetencia y corrupción. En declaraciones realizadas en Logroño, Gamarra destaca que muchos españoles enfrentan dificultades económicas y que las medidas gubernamentales son insuficientes para abordar la crisis. Además, exige una reducción de impuestos y critica la falta de acción efectiva frente a la corrupción. Resalta que el Gobierno sigue sin capacidad para gobernar adecuadamente y que los ciudadanos merecen un liderazgo responsable y libre de corrupción.

Más de 214.000 personas extranjeras trabajan en España gracias a la vía del arraigo, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, este crecimiento se traduce en un incremento del 39% en la afiliación a la Seguridad Social de este colectivo. La mayoría de los contratos son indefinidos y a tiempo completo, destacando sectores como la hostelería, la construcción y el comercio. Además, el número de autorizaciones de residencia por arraigo ha crecido un 26% en el último año, consolidando su importancia como herramienta para la integración laboral y social en España.

El Ministerio de Derechos Sociales ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca en el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado para abordar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional. Los inquilinos cuyos contratos caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán renovar sus arrendamientos por plazos anuales hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo las condiciones originales del contrato. El Ministerio ha instado a las entidades a asegurar el cumplimiento inmediato de estas normativas.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, critica al Gobierno por la presentación tardía y deficiente del decreto anticrisis, argumentando que en realidad encubre una reforma energética. Cuestiona si se han incluido medidas para crear subvenciones que puedan influir en votantes. Además, señala que el decreto no solo es insuficiente para ayudar a las familias, sino que también carece de control sobre los proyectos estratégicos propuestos. Bravo demanda la deflactación del IRPF y destaca que el Gobierno ha adoptado algunas propuestas del PP, como la reducción del IVA en energía y carburantes. Concluye que el decreto llega tarde y no aborda todas las necesidades urgentes.

Jaime de Olano, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno ha dado un paso más en su sectarismo y deriva antidemocrática durante el trámite de comparecencias sobre el Proyecto de Ley de gobernanza y ordenación de medios de comunicación. Acusó al PSOE y Sumar de vetar a expertos calificados mientras permitían la comparecencia de Meritxell Borràs, condenada por desobediencia al Tribunal Constitucional. De Olano considera esta situación como una broma de mal gusto y una muestra del intento del Gobierno de silenciar voces críticas, destacando una preocupante tendencia hacia la falta de respeto por los principios democráticos.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, calificándola de "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás argumenta que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo sobre sus efectos negativos para cooperativas y ciudadanos. Critica que el Gobierno priorice intereses políticos sobre el bienestar general, señalando que la ley no aborda adecuadamente las necesidades del sector. El PP aboga por una economía social efectiva, con propuestas para mejorar la legislación y reducir cargas administrativas, mientras se compromete a vigilar los posibles impactos adversos de esta normativa.