Internacional

Sofía Acedo, portavoz adjunta del GPP, ha exigido al Gobierno español el retorno de todos los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta y ha solicitado responsabilidades por la gestión de la crisis migratoria. Durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Acedo destacó que Ceuta y Melilla son parte de España y criticó la falta de acción del Ejecutivo ante lo que calificó como una crisis de seguridad nacional. Además, denunció que más de 9,000 personas siguen en la ciudad sin atención adecuada y reclamó un despliegue efectivo de recursos para garantizar los retornos a Marruecos. Acedo también subrayó que exigir el cumplimiento de la ley no es xenofobia y cuestionó la tardanza del Gobierno en actuar frente a esta situación.

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba entre España y Portugal, incautando un total de 10.600 kg de hachís en la operación "Tridente". Se realizaron detenciones de 10 personas, se confiscaron nueve vehículos y tres armas de fuego. La operación comenzó con la localización de una guardería de droga en Ayamonte, donde se detuvieron a tres miembros de la organización. Posteriormente, en Portugal, se interceptó otra guardería donde se aprehendieron más fardos de hachís y se detuvo a otros siete individuos. Esta colaboración internacional ha permitido desmantelar una importante red de narcotraficantes en el suroeste ibérico.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, cuestiona la relación del Gobierno español con Marruecos y exige explicaciones sobre su gestión durante la crisis de Ceuta. En una entrevista, critica que mientras algunos miembros del Ejecutivo responsabilizan a Marruecos, otros piden respeto hacia este país. Muñoz señala la falta de información sobre el número de inmigrantes en Ceuta y critica que el Gobierno no haya tomado las medidas necesarias a pesar de contar con alertas desde 2021. Además, denuncia que se ha intentado desviar la culpa hacia los ciudadanos de Ceuta y reclama una mayor inversión para gestionar adecuadamente la situación de los menores no acompañados.

El ministro Bolaños ha participado en una reunión del Comité Especializado sobre la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Este encuentro se centra en abordar temas críticos relacionados con la seguridad y la política nacional. La reunión es parte de los esfuerzos del Gobierno de España para garantizar la estabilidad y protección en la región.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, ha calificado al Gobierno de “insumiso” por no respetar la Constitución ni atender a la solicitud de comparecencia de tres ministros en el Senado sobre la crisis en Ceuta. Criticó que el presidente Pedro Sánchez continúe de vacaciones mientras la situación en Ceuta, tras una avalancha migratoria que dejó 150 fallecidos, sigue sin resolverse. Bendodo exigió que Sánchez suspenda sus vacaciones y se haga cargo de la crisis, subrayando que España enfrenta un aislamiento internacional y una falta de normalidad en regiones como Cataluña. Además, denunció los problemas de inseguridad habitacional en Barcelona y comparó a Sánchez con Salvador Illa, sugiriendo que ambos comparten las mismas fallas en su gestión.

El Partido Popular ha denunciado ante la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta, donde miles de adultos y menores permanecen sin identificar. La vicepresidenta del grupo del PPE, Dolors Montserrat, criticó que el Gobierno no busca soluciones mientras enfrenta una crisis migratoria grave. Además, cuestionó la seguridad nacional al señalar la posibilidad de que haya personas peligrosas entre los no identificados. El presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, lamentó la ausencia de ministros clave en esta crisis, que ha resultado en más de 100 muertes y un colapso en Ceuta.

La Guardia Civil ha internacionalizado su sistema de denuncia telemática, permitiendo a ciudadanos de ciertos países europeos presentar denuncias a través de su Sede Electrónica utilizando sus documentos de identidad nacionales. Esta iniciativa busca modernizar la atención al ciudadano y facilitar el acceso a los procedimientos electrónicos, especialmente en áreas con alta dispersión geográfica y turismo. Los ciudadanos de la UE que utilicen sistemas de identificación electrónica reconocidos por el Reglamento eIDAS podrán acceder a este servicio, mientras que los residentes extranjeros en España también tendrán opciones para presentar denuncias. En su primer año, la CiberComandancia ha gestionado más de 56,000 solicitudes de denuncia, destacando un alto porcentaje relacionado con estafas informáticas.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la introducción de cocaína en España a través de puertos como Málaga, Algeciras y Valencia. En el marco de la operación MONDRAGÓN, se han intervenido más de 21 toneladas de cocaína en 2024, con detenciones y registros en Ecuador y varias provincias españolas. La organización contaba con una compleja estructura que incluía ramificaciones en Sudamérica y Dubái, donde se gestionaban las importaciones y el financiamiento de la actividad delictiva. La investigación ha resultado en la detención de 36 personas en Ecuador y ocho en España, además de la incautación de un millón de euros y otros activos.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha denunciado la negligencia del Gobierno español por no actuar ante un ataque a la soberanía nacional. En una intervención en Onda Cero, criticó que el Ejecutivo no respondiera a informes de inteligencia ni a sentencias judiciales relacionadas con la seguridad nacional. Ezcurra afirmó que el Gobierno está más enfocado en su propia protección que en salvaguardar las fronteras del país, lo que considera un signo de debilidad estatal. Además, destacó la necesidad de reformar la Ley de Extranjería y fortalecer las fuerzas de seguridad para abordar el fenómeno de los inmigrantes que cruzan ilegalmente las fronteras, especialmente desde Marruecos. La política exterior actual es calificada como errática y carente de debate, afectando negativamente las relaciones con socios europeos y Marruecos.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, critica al Gobierno español por la gestión de la crisis en Ceuta durante una reunión de urgencia convocada por la UE. Señala que el ministro Marlaska deberá explicar las discrepancias entre la supuesta normalidad y la realidad de la situación. Ezcurra desmiente que la crisis esté resuelta, enfatizando que aún hay un alto número de migrantes en Ceuta y critica la falta de acción del Gobierno ante los reproches europeos sobre su política migratoria. Además, cuestiona la dependencia de España en relación con Marruecos para resolver esta crisis y subraya la necesidad de aceptar ayuda europea para gestionar adecuadamente las fronteras.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, critica la gestión del presidente Pedro Sánchez en inmigración, resaltando la reciente carta de 22 primeros ministros de la UE que condena su actuación. Describe esta situación como un reflejo de la "soledad y la irresponsabilidad" de Sánchez, quien se encuentra de vacaciones mientras Ceuta sigue sin recuperar la normalidad tras una crisis migratoria. Tellado denuncia que miles de inmigrantes continúan en las calles y que el Gobierno no ha tomado medidas efectivas para proteger las fronteras. Además, anuncia una ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones sobre la política migratoria del Ejecutivo y reafirma que Ceuta y Melilla son parte integral de España.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha exigido al Gobierno de España recuperar el control de Ceuta, calificando la situación actual como una invasión por parte de Marruecos. En una entrevista, subrayó la urgencia de actuar para devolver a los migrantes a su país y criticó la inacción del Gobierno desde que se solicitó declarar la situación en Ceuta como de especial interés para la seguridad nacional. Ezcurra también destacó la necesidad de medidas concretas, incluyendo un refuerzo en las fuerzas de seguridad y reformas en la Ley de Extranjería, ante el aumento significativo de llegadas a España. La crisis en Ceuta refleja problemas más amplios en la política exterior española, según sus declaraciones.

El Ministerio de Sanidad de España ha organizado una nueva evacuación humanitaria de 20 niños palestinos heridos y enfermos, junto a 81 familiares, desde la Franja de Gaza hacia Jordania. Esta operación, que se llevará a cabo el lunes, permitirá que los menores sean trasladados a hospitales españoles para recibir atención médica especializada. Entre los pacientes evacuados hay casos de lesiones traumáticas, patologías nefrológicas y cardiopatías congénitas. La llegada a España está prevista para el martes en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde serán atendidos por equipos médicos y distribuidos en varios hospitales del país. Esta es la sexta evacuación organizada por España en el último año y medio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales.

El Partido Popular ha logrado aprobar tres Propuestas No de Ley (PNLs) en defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, Irán y Cuba. El portavoz de Asuntos Exteriores del GPP, Carlos Floriano, destacó la situación de dos ciudadanos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial sin justificación. Se exige una actuación firme para su liberación y se denuncia la represión en Irán y Cuba. La portavoz adjunta, Cayetana Álvarez de Toledo, subrayó la necesidad de que la política exterior española defienda los derechos humanos sin excepciones ideológicas. Belén Hoyo, portavoz sobre Iberoamérica, criticó la falta de libertades en Cuba y pidió una postura coherente con los valores democráticos. Las PNLs buscan traducirse en acciones concretas para apoyar a quienes no pueden alzar la voz y promover una transición democrática en estos países.

El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que evalúe el posible desvío de fondos de la campaña electoral del PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Esta petición surge en el contexto de una investigación judicial que sugiere que un gasto declarado de 18.000 euros podría haber sido utilizado para obtener grabaciones comprometedoras en lugar de fines electorales. Los eurodiputados Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos argumentan que, si se confirman estas acusaciones, se estarían violando principios fundamentales de transparencia e integridad electoral establecidos en el Tratado de la Unión Europea. Además, destacan la gravedad del caso, que implicaría a miembros destacados del PSOE, y subrayan la importancia de mantener estándares democráticos en la financiación política.