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El Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) es una ayuda económica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permite a las personas desempleadas compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios por desempleo con trabajos a tiempo parcial o completo. Esta medida, vigente desde 2025, busca facilitar la reincorporación al mercado laboral sin perder el soporte económico. Para acceder al CAE, se deben cumplir ciertos requisitos dependiendo de si se percibe una prestación contributiva o un subsidio. La duración máxima del CAE es de 180 días y su cuantía varía según la jornada laboral. Además, el cobro del CAE consume días de la prestación o subsidio original.

La Dirección General de Agenda 2030 ha anunciado la asignación de más de 18 millones de euros para financiar proyectos que promuevan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España para 2026. Esta inversión, que representa un aumento del 6,5% respecto al año anterior, incluye subvenciones destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro y universidades, así como a entidades locales. Las ayudas buscan fomentar acciones de incidencia política, innovación social y sensibilización ciudadana. Además, se otorgarán los Premios Activistas por el Futuro con una dotación de 200.000 euros para reconocer buenas prácticas en diversas áreas relacionadas con la Agenda 2030. Desde su inicio en 2021, se han financiado más de 500 proyectos con un total de 75,4 millones de euros.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha relanzado la campaña "Personas con energía propia" para promover los beneficios del autoconsumo energético en hogares y empresas. Esta iniciativa coincide con nuevas facilidades para el autoconsumo, incluyendo la figura del gestor de autoconsumo y la ampliación del radio para instalaciones solares y eólicas. La campaña se desarrollará a través de diversos medios publicitarios hasta el 15 de junio, destacando las ventajas económicas y ambientales del uso de energías renovables. Desde 2018, el autoconsumo ha crecido un 1.600%, contribuyendo significativamente a la reducción de emisiones y al ahorro en las facturas eléctricas.

El vicesecretario del PP, Bendodo, ha pronosticado que María Jesús Montero enfrentará "el gran accidente laboral de su carrera" en las próximas elecciones, sugiriendo que regresará a Madrid para servir a Pedro Sánchez. Critica la campaña del PSOE, describiéndola como un "mercadillo de antigüedades" y afirma que los andaluces no desean su "mal rollo". Además, exige al Gobierno que mantenga el IVA reducido en gas y electricidad y destaca el crecimiento de autónomos en Andalucía bajo la gestión del PP. También denuncia prácticas engañosas en la campaña electoral del PSOE y resalta los logros de Juanma Moreno en la comunidad.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, instó a los andaluces a "ir a por todas" en las elecciones, destacando que "cada voto cuenta". Durante un mitin en Bailén, defendió el modelo de Juanma Moreno como sinónimo de "estabilidad, gestión, limpieza e igualdad". Feijóo enfatizó la importancia de participar en la votación y advirtió que la diferencia de un solo voto puede determinar el futuro de Andalucía. Criticó a la candidata socialista María Jesús Montero por su gestión y prometió una financiación justa para todos los ciudadanos.

El Partido Popular (PP) ha llevado al Parlamento la Cuenta General del Estado, instando a los socios de Sánchez a pronunciarse sobre su política económica. Gamarra y Nadal critican la falta de presentación de Presupuestos por parte del Gobierno, acusándolo de degenerar la democracia y evitar el debate parlamentario. El PP busca recuperar la función presupuestaria del Parlamento y exige la prolongación de la rebaja del IVA en electricidad y gas, alertando sobre el descontrol de las cuentas públicas y el riesgo en la ejecución de fondos europeos. Además, destacan la necesidad urgente de un cambio en la política económica para mejorar la situación de las familias en España.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica que Barcelona sea la ciudad más insegura de España, atribuyendo esta situación a un "modelo fracasado de la izquierda". Señala tres responsables: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat; y el alcalde de Barcelona, todos socialistas. Muñoz destaca preocupantes estadísticas sobre agresiones sexuales y denuncia la falta de acción por parte de los responsables públicos. Además, anticipa dificultades para el Gobierno en la gestión legislativa y reclama que se prioricen las soluciones a los problemas de seguridad en el país.

El secretario general del PP del País Vasco, en una reciente Junta Directiva Autonómica en Vitoria, criticó la gestión del PNV y el PSOE, a quienes acusó de fomentar el crecimiento de Bildu y de ser indistinguibles entre sí. Resaltó que el PP es la única alternativa decente en Euskadi, recordando la buena gestión de Javier de Andrés. También denunció el deterioro económico de la región debido a los gobiernos compartidos entre ambos partidos y abogó por un cambio político para acabar con lo que llamó "la incompetencia de estos siameses que gobiernan". Su objetivo es reforzar al PP como opción frente al desgobierno actual.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha presentado un ambicioso Plan Nacional de Salud Mental que contempla una inversión de hasta 700 millones de euros anuales para aumentar el número de profesionales en este ámbito en 10.000, incluyendo psiquiatras, psicólogos y enfermeros. Este plan surge ante la creciente crisis de salud mental en España, donde casi cuatro millones de personas sufren depresión. Feijóo ha destacado la necesidad urgente de abordar el déficit de inversión y profesionales en salud mental, que actualmente representa solo el 5% del gasto sanitario total. Las seis prioridades del plan incluyen una estrategia nacional infanto-juvenil, mayor inversión en recursos humanos, atención a las adicciones, una lucha específica contra el suicidio, ampliación de la cobertura de psicoterapia y un plan de transparencia y evaluación.

Elías Bendodo, vicesecretario del Partido Popular, ha exigido al PSOE que detenga de inmediato una supuesta campaña de llamadas falsas en la que se suplantan a telefonistas del Servicio Andaluz de Salud para pedir votos. Bendodo calificó esta acción como "guerra sucia sanitaria" y una falta de respeto hacia las familias de los guardias civiles fallecidos en Huelva, criticando además la gestión de la ministra Montero. Destacó las políticas del gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno, que han impulsado el crecimiento del número de autónomos y empresas en la región.

El Senado ha aprobado una moción de reprobación contra la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, por su gestión durante la crisis del apagón del 28 de abril. La senadora Carmen Ballester del Partido Popular ha criticado su falta de transparencia y responsabilidad, acusándola de ocultar información y no ofrecer explicaciones claras. Ballester ha calificado a Aagesen como "una ministra incapaz en un gobierno incapaz" y ha exigido su cese inmediato al presidente Sánchez. Lucía Yeves, otra senadora del PP, también ha denunciado la negligencia de Aagesen y ha instado al Gobierno a asumir responsabilidades por los efectos del apagón. Ambos han señalado que la gestión de Aagesen es insostenible y perjudica la credibilidad del Ministerio.

El gasto sanitario público en España alcanzó los 101.739 millones de euros en 2024, representando el 6,4% del PIB. Esta cifra muestra un incremento del 4,2% respecto al año anterior. El gasto medio por habitante se sitúa en 2.084 euros. Las comunidades autónomas son responsables del 93,6% del gasto, con Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid concentrando el 45,7% del total. Aragón lidera el crecimiento del gasto con un aumento del 10,2%. Extremadura destaca por su alto porcentaje de gasto sanitario sobre el PIB regional, mientras que la Comunidad de Madrid presenta uno de los menores. Estos datos reflejan la importancia de las administraciones en la financiación y gestión de la sanidad pública en España.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco por estafar más de 400.000 euros en inversiones en criptoactivos, en una operación denominada "Fake-Stake". La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que no pudo recuperar su inversión en una plataforma fraudulenta. El grupo criminal utilizaba un método conocido como Pig Butchering para atraer a las víctimas y manipulaba contratos inteligentes para vaciar sus fondos. Durante la operación se registraron varios lugares, incautando tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento y criptomonedas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, y la Guardia Civil sigue investigando posibles otras víctimas en diferentes provincias.

Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, ha lanzado una campaña contra las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de trabajadoras del hogar. Durante el acto "Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad", Díaz destacó que estas prácticas son ilegales y generan competencia desleal. La Ley de Empleo establece que los servicios de intermediación deben ser gratuitos. Además, se presentaron nuevas herramientas de formación y prevención para este sector, que es mayoritariamente femenino. La ministra subrayó la importancia de reconocer los derechos laborales de estas trabajadoras, quienes ahora cuentan con recursos específicos para su protección y formación en materia de riesgos laborales.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado un Pacto de Estado contra los discursos de odio ante el Congreso de los Diputados en Madrid, coincidiendo con el Día contra la LGTBIfobia. La presidenta Paula Iglesias destacó el alarmante aumento de la violencia hacia las personas LGTBI+, subrayando que en 2024 una de cada diez personas fue agredida, cifra que se triplicó en dos años. A pesar de que España lidera el ranking de ILGA Europa en derechos LGTBI+, aún persisten problemas significativos en la igualdad real. La FELGTBI+ exige medidas urgentes para combatir la discriminación y garantizar un entorno seguro para todos.