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El Partido Popular ha logrado con éxito la toma en consideración de su bloque de medidas sobre vivienda en el Congreso, con 306 votos a favor y 10 abstenciones. Este bloque incluye la tramitación de leyes antiokupación y del suelo, así como una Proposición de Ley que permite la participación por videoconferencia en reuniones de comunidades de propietarios. Las reformas propuestas buscan modernizar la normativa sobre propiedad horizontal, permitiendo notificaciones por email y legalizando el libro de actas digital, lo que mejorará la gestión y seguridad jurídica en las comunidades. Esta iniciativa se presenta como un avance hacia la digitalización y responde a las necesidades actuales en materia de vivienda y propiedad.

El Partido Popular (PP) ha solicitado la reprobación del ministro del Interior, Fernando Marlaska, debido a su gestión en la lucha contra el narcotráfico. La diputada Llanos de Luna argumenta que esta actividad criminal se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad del Estado y que, a pesar del incremento de la violencia y la impunidad de las organizaciones criminales, el Gobierno no ha reforzado adecuadamente las Fuerzas de Seguridad. Destaca que la muerte reciente de dos guardias civiles es consecuencia de años de inacción gubernamental y critica la falta de reconocimiento y recursos para los agentes. Además, llama a un cambio urgente en la estrategia para combatir el narcotráfico, enfatizando que el Estado debe mostrar firmeza ante estas amenazas.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Bendodo, ha instado al Gobierno a cumplir con la Constitución y presentar de inmediato los Presupuestos Generales del Estado. Denunció el grave daño económico que la falta de estos presupuestos está causando a diputaciones y ayuntamientos en toda España, estimando pérdidas mensuales superiores a 100 millones de euros para las entidades locales. Bendodo criticó al Gobierno por su morosidad en este asunto desde 2022 y destacó la importancia de una reforma en la financiación local. Además, elogió la gestión económica de la Generalitat Valenciana y vinculó la situación actual del Gobierno con casos de corrupción.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha logrado la aprobación de tres Propuestas No de Ley (PNLs) en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, que abordan la reforma del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAMF), una estrategia contra la soledad no deseada y la renovación del programa de turismo social del IMSERSO. Antonio Martínez, portavoz adjunto del GPP, ha exigido al Gobierno una revisión urgente del programa de turismo social tras su reciente fracaso, caracterizado por una caída en la demanda y el descontento entre los usuarios. Además, se ha solicitado una estrategia operativa para combatir la soledad, que afecta a uno de cada cinco españoles, así como mejoras en el CAMF de Guadalajara, que enfrenta problemas estructurales y falta de financiación.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado iniciativas para la rebaja del IVA cultural en España, denunciando la inacción del Gobierno ante las demandas del sector artístico. La portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, subraya que más de 1.000 artistas y galerías exigen esta medida, mientras el 77% de los artistas plásticos gana menos de 12.000 euros al año. Además, el GPP aboga por proteger las alfombras del Corpus como Patrimonio Cultural Inmaterial, destacando su importancia cultural y turística. También se critica el deterioro del Museo de Valladolid y se exige su rehabilitación integral para preservar su patrimonio histórico.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la imagen de "Bambi" que se ha promovido sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que en realidad es un "zorro". Durante una rueda de prensa, Muñoz denunció la relación de Zapatero con el actual gobierno de Sánchez y su implicación en casos de corrupción. Aseguró que parte del dinero adjudicado a empresas extranjeras terminó en manos de Zapatero y sus hijas, cuestionando la ética del caso Begoña Gómez. Además, afirmó que el PP gobierna mejor en las comunidades autónomas que el PSOE y criticó la falta de atención del gobierno hacia temas importantes como vivienda y servicios públicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece el primer marco estatal para la evaluación de tecnologías sanitarias en España. Esta norma crea un sistema completo y transparente para analizar medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas y terapias digitales en el Sistema Nacional de Salud. El objetivo es regular cómo se evaluarán estas tecnologías, apoyando decisiones sobre financiación y uso. La regulación se adapta a las normativas europeas, evitando duplicidades en evaluaciones clínicas y centrando esfuerzos en aspectos económicos y sociales específicos del contexto español. Se implementarán plazos definidos para las evaluaciones y se garantizará la participación de la sociedad civil, asegurando transparencia y ética en el proceso. Con esta iniciativa, España busca impulsar la innovación biomédica y mejorar la calidad del sistema sanitario.

El Gobierno de España ha declarado la visita del papa León XIV como un evento de especial interés público. Esta decisión, anunciada el 26 de mayo de 2026, resalta la relevancia política y social de la visita del pontífice. La declaración se enmarca dentro de las competencias del Ministerio de Presidencia y Justicia, y busca facilitar la organización y desarrollo del evento.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, criticó duramente a José Luis Rodríguez Zapatero en la Junta Directiva del PP de Cataluña, afirmando que nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable. Egea destacó que la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado niveles alarmantes y que Zapatero, quien apoyó a Sánchez y negoció con independentistas, ha sido una figura clave en este contexto. Además, señaló que la situación actual del sanchismo es esperpéntica y denunció el uso indebido de fondos públicos por parte del gobierno. También hizo un llamado a la unidad dentro del PP y criticó al PSC por su acercamiento al separatismo.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha denunciado la falta de responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el Estado de la Red Ferroviaria en España. Mario Samper, presidente de la asociación y superviviente del accidente que dejó 46 muertos y 352 afectados, criticó que el ministro no acudió a reunirse con las víctimas tras la tragedia y que su respuesta a la solicitud de dimisión fue insatisfactoria. Además, Samper destacó la descoordinación institucional y la burocracia que ha dificultado las indemnizaciones para las víctimas. La senadora del PP, María Jesús Bonilla, también exigió una investigación transparente y un refuerzo en las medidas de seguridad ferroviaria.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, ha afirmado que su partido "no se va a quedar de brazos cruzados" ante el caso del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado a la Comisión Europea que investigue el rescate de 56 millones de euros destinados a la aerolínea Plus Ultra. Fúnez destacó la gravedad de las acusaciones, incluyendo el tráfico de influencias en tiempos de pandemia, y criticó al Gobierno por su inacción frente a la huelga médica en curso. Además, anunció que el PP ampliará la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado para abordar este asunto.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, ha solicitado a la Comisión Europea que investigue el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. Esta petición surge tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con corrupción. Montserrat enfatiza que es crucial aclarar si se utilizaron fondos europeos para favorecer políticamente a Plus Ultra y si se han vulnerado principios esenciales del Derecho de la Unión. Además, ha expresado su preocupación por el reciente relevo de la magistrada responsable de cooperación judicial en este caso, sugiriendo que el Gobierno podría estar intentando debilitar las investigaciones internacionales sobre posibles tramas financieras vinculadas al chavismo. La situación plantea serias dudas sobre la transparencia y el control en la concesión de ayudas públicas en Europa.

La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una de las principales redes logísticas de narcotráfico en Huelva. En dos fases de la operación, se incautaron 800 garrafas con 20.000 litros de combustible, dos furgonetas y dos embarcaciones semirrígidas. Cuatro personas fueron detenidas y una más está siendo investigada. La red operaba desde un centro logístico en Punta Umbría, abasteciendo a narcolanchas que transportaban droga desde Marruecos. La operación representa un golpe significativo al narcotráfico en la región.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el protocolo para el seguimiento del brote de hantavirus, permitiendo que los contactos asintomáticos realicen la cuarentena en sus domicilios tras 28 días de seguimiento hospitalario. Esta medida se implementará siempre que el hogar cumpla con las condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria. Las autoridades de Salud Pública serán responsables del seguimiento diario, que incluirá controles de temperatura y notificación de síntomas. El protocolo está sujeto a revisiones continuas según la evolución epidemiológica.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado criterios para distribuir 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Los fondos se enfocan en garantizar derechos humanos, equidad y atención comunitaria, priorizando proyectos que reduzcan desigualdades sociales en salud mental. Las iniciativas deben incluir la participación de usuarios y familiares, y no financiarán aumentos de camas ni reformas estructurales. Se busca promover un enfoque comunitario que respete la dignidad y autonomía de las personas usuarias.