Economía

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario por prácticas comerciales desleales hacia los consumidores. Las posibles sanciones podrían multiplicar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Este movimiento se enmarca dentro de la vigilancia del cumplimiento del nuevo real decreto-ley de vivienda, que exige a las plataformas inmobiliarias incluir información clave en sus anuncios, como el índice de referencia del precio del alquiler. La Dirección General de Consumo inició la investigación tras recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, marcando un precedente en la responsabilidad directa de las plataformas en estas infracciones.

El paro registrado en España aumentó en 23.587 personas en septiembre, alcanzando un total de 2.379.505 desempleados, la cifra más baja para este mes desde 2007. En comparación con septiembre de 2025, el desempleo ha disminuido en 42.160 personas (-1,74%). Los sectores más afectados incluyen Servicios y Agricultura, mientras que la Construcción experimentó una ligera disminución. El desempleo femenino aumentó en 9.648 mujeres, situándose en 1.428.405, y el masculino en 13.939 hombres, alcanzando los 951.100. Además, el número de contratos registrados fue de 1.597.612, con un 44,25% de ellos indefinidos.

El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno español la implementación de ayudas de emergencia para el sector agrícola y pesquero debido al aumento significativo en los precios del gasóleo y los fertilizantes. Durante una reunión con organizaciones agrarias, como ASAJA y COAG, los representantes del PP, Alberto Nadal y Carmen Crespo, destacaron la necesidad urgente de un nuevo Plan de Ayudas que compense estos incrementos. El PP también solicitó que se revise al alza el apoyo a los costes del gasóleo y que se agilicen las ayudas para que lleguen directamente a los agricultores sin necesidad de adelantar dinero. Además, instaron al Gobierno a flexibilizar ciertas normativas europeas para facilitar la competitividad del sector.

El Ministerio de Consumo de España ha sido galardonado por el Banco Mundial y la International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) por su innovadora aplicación de inteligencia artificial en la protección de los consumidores. Este reconocimiento destaca la iniciativa “AI-assisted Digital Market Monitoring for Smarter Consumer Enforcement”, que permite analizar masivamente páginas web y anuncios, contribuyendo a la identificación y eliminación de irregularidades en el mercado digital. Entre sus logros, se encuentra el análisis de más de medio millón de anuncios del sector inmobiliario, resultando en la retirada de cerca de 65.000 publicaciones irregulares. La metodología desarrollada es replicable y ha sido compartida con diversas administraciones para fomentar buenas prácticas en supervisión digital.

El Partido Popular (PP) ha exigido un cambio radical en la política del Gobierno respecto a la industria del automóvil, señalando la incertidumbre sobre el futuro de SEAT como una advertencia sobre los obstáculos que enfrenta este sector estratégico. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, ha destacado la necesidad de mejorar la competitividad de la automoción en España, que ha visto caer su producción y exportaciones. El PP critica las políticas actuales del Gobierno, argumentando que han aumentado costos y generado incertidumbre para las inversiones. Además, Nadal ha señalado problemas con el diseño y ejecución del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, así como con los programas de apoyo a la demanda. La propuesta del PP incluye una política integral que fomente la inversión y garantice el futuro de la industria automotriz española.

El Gobierno español propone impulsar centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos, cumpliendo con los estándares europeos en eficiencia hídrica y energética. La normativa busca que al menos el 80% del consumo energético de estos centros provenga de energías renovables generadas en tiempo real. Además, establece que la operación y control de los datos deben ser gestionados por entidades dentro de la UE, garantizando así la soberanía digital. Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde España se posiciona como líder en la atracción de inversiones para centros de datos, aprovechando su clima favorable y su capacidad en energías renovables. Los nuevos requisitos también incluyen penalizaciones por incumplimiento y la obligación de reportar anualmente sobre sostenibilidad y eficiencia energética.

La Seguridad Social en España ha registrado un aumento de cerca de 670.000 afiliados en el último año, alcanzando un total de 22.318.994 ocupados a mediados de agosto, lo que representa el nivel más alto desde que se llevan estos registros. Este incremento del 3,09% en la afiliación desestacionalizada se atribuye a la mejora en la calidad del empleo y al crecimiento sostenido del mercado laboral, impulsado por la reforma laboral. Desde finales de 2025, se han creado más de 452.000 nuevos empleos, consolidando así una tendencia positiva en el ámbito laboral.

La Seguridad Social en España ha superado por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros, alcanzando un total de 3.512.223 en julio de 2026, lo que representa un incremento de más de 420.000 afiliados en un año. Este crecimiento del 13,6% interanual se produce en un contexto donde los trabajadores extranjeros constituyen el 15,6% del total de afiliados. La regularización de inmigrantes ha contribuido significativamente a este aumento, con 262.475 personas afiliadas como resultado de un proceso extraordinario. Los sectores más afectados por esta afiliación son la hostelería, agricultura y construcción, y el número de autónomos extranjeros también ha crecido un 9,2%, superando los 531.000.

En julio de 2026, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha beneficiado a cerca de 2,7 millones de personas en 879.225 hogares en España, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestación media es de 504,5 euros al mes por hogar, alcanzando un total de 473,3 millones de euros en pagos. Este programa ha visto un incremento del 16,9% en prestaciones activas respecto al año anterior y ha ayudado a más de 1 millón de niños y adolescentes. El IMV se centra en la protección de la infancia y se ha consolidado como una herramienta clave contra la pobreza y la exclusión social, especialmente entre familias monoparentales y mujeres. Además, el Complemento de Ayuda para la Infancia amplía su cobertura a hogares con rentas bajas o moderadas.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de blanqueo de capitales vinculada a los hermanos Sánchez Castro, en el marco de la operación "Omnis", en colaboración con Europol. Esta organización criminal utilizaba un entramado de sociedades para ocultar más de 8,6 millones de euros procedentes del tráfico internacional de cocaína. La operación resultó en la detención de 44 personas y el bloqueo de cuentas, empresas e inmuebles relacionados. Se han identificado movimientos financieros complejos, incluyendo pagos de fianzas con fondos ilícitos y operaciones con criptoactivos. La investigación se basa en análisis exhaustivos de cuentas bancarias y busca continuar las acciones iniciadas en operaciones anteriores contra esta organización.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, ha instado a la aprobación de medidas contra el absentismo fraudulento para proteger a trabajadores y empleados enfermos. En declaraciones en Telecinco, destacó que este problema requiere diálogo social y recordó que el Gobierno ya había reconocido su gravedad en 2024. El absentismo ha aumentado significativamente, alcanzando un coste de 33.000 millones de euros en 2025. Bravo propuso mejorar la interoperabilidad de bases de datos y facilitar reincorporaciones parciales al trabajo, enfatizando la necesidad de actuar sobre los desequilibrios en las bajas laborales. Su objetivo es construir un acuerdo que combine protección a quienes realmente necesitan incapacidad temporal y medidas efectivas contra el fraude.

El Gobierno de España ha convocado a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión el 8 de julio en Santander, con el objetivo de discutir medidas para reducir la alta temporalidad en el sector público. Este encuentro se enmarca dentro de la Comisión de Coordinación del Empleo Público y busca dar seguimiento a compromisos previos, incluyendo la creación de un grupo de trabajo que evalúe cambios normativos tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la estabilidad laboral de los empleados temporales. Actualmente, la temporalidad en sectores como Educación y Sanidad alcanza tasas del 40% y 43%, respectivamente. Además, se han actualizado los procesos de estabilización de plazas temporales, buscando consensuar nuevas estrategias con los sindicatos para abordar este problema.

El Gobierno de España ha autorizado una inversión de 24,5 millones de euros en la empresa valenciana Attypics Photonics, dedicada a la fabricación de chips fotónicos. Esta colaboración público-privada, enmarcada en el PERTE Chip, busca fortalecer el liderazgo industrial y tecnológico del país. Attypics, creada a partir de la infraestructura científica de la Universidad Politécnica de Valencia, se posicionará como un referente en la producción de circuitos integrados fotónicos para diversas aplicaciones avanzadas. La primera fase del proyecto generará 100 empleos directos altamente cualificados y se espera que, al finalizar, se creen más de 300 puestos adicionales. La iniciativa responde a las políticas del Gobierno y la Unión Europea para impulsar el sector de semiconductores en España.

La Guardia Civil ha desarticulado una trama de estafa millonaria en Pontevedra, relacionada con contratos fraudulentos de arrendamiento de vehículos industriales. En la operación "Capitalpo", se han detenido a dos empresarios y un tercero está siendo investigado. Se recuperaron vehículos valorados en más de 1.5 millones de euros, tras descubrir un entramado que utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos falsificados. La investigación comenzó tras la interceptación de un vehículo robado y ha revelado conexiones con quiebras de empresas. Las diligencias continúan bajo la dirección judicial correspondiente.

El gasto sanitario público en España alcanzó los 101.739 millones de euros en 2024, representando el 6,4% del PIB. Esta cifra muestra un incremento del 4,2% respecto al año anterior. El gasto medio por habitante se sitúa en 2.084 euros. Las comunidades autónomas son responsables del 93,6% del gasto, con Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid concentrando el 45,7% del total. Aragón lidera el crecimiento del gasto con un aumento del 10,2%. Extremadura destaca por su alto porcentaje de gasto sanitario sobre el PIB regional, mientras que la Comunidad de Madrid presenta uno de los menores. Estos datos reflejan la importancia de las administraciones en la financiación y gestión de la sanidad pública en España.