25/02/2025@11:53:11
El Gobierno de España ha concedido protección temporal a 236.570 personas afectadas por la guerra en Ucrania, consolidándose como el cuarto país de la UE en este aspecto. En un balance presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se destaca la rápida respuesta del país ante el conflicto, activando mecanismos de protección desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Además, se han creado centros de atención y se han destinado más de 1.500 millones de euros para apoyar a los desplazados. La ministra Elma Saiz reafirma el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y la integración social y laboral de los refugiados ucranianos. La protección temporal se ha prorrogado hasta marzo de 2026, mientras España sigue colaborando con sus socios europeos para garantizar una respuesta solidaria.
El Gobierno de España ha reafirmado su firme condena a la agresión rusa contra Ucrania, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades y la retirada de tropas rusas del territorio ucraniano. En un comunicado con motivo del tercer aniversario del inicio del conflicto, el Ministerio de Asuntos Exteriores destacó el homenaje a las víctimas y subrayó el compromiso de España en apoyar a Ucrania en su defensa y reconstrucción. Además, se enfatizó la necesidad de una paz justa que respete el Derecho internacional, con la participación activa de Ucrania en las negociaciones.
El Gobierno de España ha ordenado el pago de 1.531 millones de euros a los ayuntamientos afectados por la DANA, como parte de un esfuerzo para reconstruir infraestructuras municipales. El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, anunció que este monto representa el 88% del total destinado a reparar y reconstruir instalaciones esenciales en los municipios, incluyendo escuelas y centros sociales. La medida forma parte de un compromiso más amplio de 16.600 millones de euros para abordar las consecuencias de la DANA. Se espera que los pagos se completen en breve, facilitando así la recuperación y normalización en las áreas afectadas.
El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad salarial, destacando la importancia de cerrar la brecha retributiva entre hombres y mujeres. A pesar de los avances en la reducción de esta desigualdad, que se ha disminuido un 6,83% en la última década, el porcentaje actual del 17,09% sigue siendo inaceptable. La administración se compromete a implementar medidas efectivas para garantizar una remuneración equitativa, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Además, se están desarrollando iniciativas como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y reformas laborales que benefician especialmente a las mujeres. La lucha contra la desinformación también es clave para promover una comprensión adecuada de las desigualdades salariales.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado los resultados positivos del sector primario en 2024, resaltando el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores. Durante una sesión de control en el Congreso, mencionó un récord histórico en el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector, alcanzando 68.340 millones de euros y un incremento del 14,2% en la renta agraria. También se refirió a las exportaciones agroalimentarias, que superaron los 74.400 millones de euros. Planas subrayó las medidas del Gobierno para apoyar al sector, incluyendo reformas legislativas y ayudas ante crisis como la guerra en Ucrania. Además, abordó la búsqueda de caladeros alternativos para buques atuneros españoles tras el vencimiento de un acuerdo con Senegal.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha experimentado un aumento significativo, permitiendo a los trabajadores percibir 6.273 euros más al año que en 2018. A partir de 2025, el SMI se establece en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que representa un incremento del 4,4%. Este aumento beneficia a todos los trabajadores, incluyendo a las empleadas del hogar, que recibirán al menos 9,26 euros por hora. El SMI es la retribución mínima legalmente establecida y se ajusta anualmente tras consultas con sindicatos y empresarios.
El Gobierno de España, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha firmado un acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT para establecer el nuevo Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, fijándolo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales. Este acuerdo busca garantizar una remuneración equitativa y suficiente, además de abrir una Mesa de Diálogo Social para abordar la modernización de la normativa del SMI y asegurar su actualización automática. La ministra Díaz destacó la importancia de recuperar el equilibrio entre beneficios empresariales y salarios, enfatizando que las rentas salariales han perdido peso en las últimas décadas.
Los derechos digitales son la extensión de los derechos de la ciudadanía al entorno digital, garantizando la protección de principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a internet. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, adaptando estos derechos a los desafíos tecnológicos actuales. En España, el Gobierno ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para asegurar la implementación y difusión de estos derechos, financiado por los Fondos Next Generation EU. La Carta de Derechos Digitales establece un marco para proteger las libertades en línea, asegurando que los ciudadanos tengan las mismas protecciones en el ámbito digital que en el físico.
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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha presentado la Comisión de Personas Expertas sobre la Democracia en el Trabajo. Esta comisión tiene como objetivo desarrollar un marco normativo que fomente la participación de los trabajadores en las empresas, en línea con el artículo 129.2 de la Constitución Española. Díaz destacó la importancia de democratizar las empresas para mejorar la calidad democrática y combatir la desigualdad. La comisión está compuesta por destacados académicos y expertos internacionales, quienes trabajarán en propuestas para impulsar una economía más participativa y sostenible.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado el cierre del PERTE VEC II durante la Asamblea General de ANFAC, destacando la adjudicación de 29 nuevos proyectos por un total de 72 millones de euros. Estos proyectos, presentados por 20 empresas, están enfocados en la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico. En total, el PERTE VEC II ha asignado 1.155 millones de euros a 143 proyectos. Hereu también subrayó el crecimiento del mercado de vehículos electrificados en España y reafirmó el compromiso del Gobierno con iniciativas como el Plan Moves para fomentar la compra de coches eléctricos.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, participó en la Conferencia Internacional sobre Siria en París, donde se discutió la coordinación y el refuerzo de la ayuda humanitaria para el pueblo sirio. En este encuentro, Albares abogó por una transición pacífica e inclusiva en Siria y destacó la importancia de la justicia transicional. España ha donado casi 100 millones de euros en ayuda humanitaria desde 2011 y planea destinar seis millones adicionales en 2025. La conferencia reunió a representantes del nuevo Gobierno sirio y socios internacionales, enfatizando el compromiso con los derechos humanos y la soberanía de Siria. Para más información, visita el enlace.
La Seguridad Social ha finalizado con éxito la primera fase de regularización de autónomos, permitiendo la devolución de importes a aquellos que cotizaron por encima de su base correspondiente durante 2023. Este proceso, que comenzará en marzo, es resultado de una reforma aprobada por el 75% del Congreso y busca equiparar las cotizaciones de los autónomos con sus ingresos reales, mejorando así sus derechos y prestaciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social destacó la importancia de esta reforma para el sistema de pensiones y su impacto positivo en más de 3,4 millones de trabajadores autónomos en España. La regularización se realizó automáticamente, sin necesidad de solicitudes por parte de los afectados.
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad en España, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizando más derechos y ampliando el catálogo de servicios disponibles para personas con dependencia y discapacidad. Se eliminarán incompatibilidades en las prestaciones, se reconocerá la teleasistencia como derecho universal y se establecerán nuevos servicios personalizados. Además, se prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros y se garantiza la accesibilidad universal. La iniciativa responde a un compromiso del Gobierno para mejorar la atención y calidad de vida de casi 2 millones de personas afectadas.
El Gobierno de España, liderado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, está desarrollando un nuevo Reglamento para actualizar el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Este reglamento, que se abrirá a consulta pública el 10 de febrero, busca adaptarse a las necesidades actuales de los españoles residentes en el extranjero y potenciar su retorno inclusivo. Entre sus objetivos se incluyen la protección de ciudadanos vulnerables en situaciones de emergencia y la atracción de talento científico. Además, se establecerá un Centro de Memoria de la Emigración Española y se implementará un Plan Estatal de Retorno Voluntario para facilitar el regreso a España. Este cambio es crucial dado que el estatuto actual data de hace casi 20 años y refleja una población española en el exterior que ha evolucionado significativamente.
El derecho al olvido oncológico es una nueva medida en España que permite a los sobrevivientes de cáncer no tener que declarar su historial médico al contratar seguros o productos bancarios, una vez transcurridos cinco años desde el final del tratamiento sin recaídas. Esta iniciativa, incluida en el Real Decreto-ley aprobado el 27 de junio de 2023, busca evitar la discriminación y facilitar la inclusión de estas personas en el sistema financiero. Además, se establece la nulidad de cláusulas que excluyan a individuos por haber padecido cáncer. Este derecho se aplica a cualquier tipo de seguro donde el tomador sea un consumidor y está respaldado por modificaciones en leyes existentes. Para más información, visita el enlace sobre el derecho al olvido oncológico.
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