Economía

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha destacado en el Foro de Alto Nivel de la OCDE el papel del salario mínimo como herramienta clave para combatir la desigualdad, la precariedad y la exclusión social. Durante su intervención, subrayó que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo es compatible con el crecimiento económico, sino que también impulsa la justicia de género al ayudar a cerrar las brechas salariales que afectan a las mujeres. Además, abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y la necesidad de salvaguardas para proteger los derechos laborales. Díaz enfatizó la importancia de adaptar las políticas laborales ante desafíos como el cambio climático y defendió la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial como una reforma esencial para el siglo XXI.

La Seguridad Social ha finalizado con éxito la primera fase de regularización de autónomos, permitiendo la devolución de importes a aquellos que cotizaron por encima de su base correspondiente durante 2023. Este proceso, que comenzará en marzo, es resultado de una reforma aprobada por el 75% del Congreso y busca equiparar las cotizaciones de los autónomos con sus ingresos reales, mejorando así sus derechos y prestaciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social destacó la importancia de esta reforma para el sistema de pensiones y su impacto positivo en más de 3,4 millones de trabajadores autónomos en España. La regularización se realizó automáticamente, sin necesidad de solicitudes por parte de los afectados.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha experimentado un aumento significativo, permitiendo a los trabajadores percibir 6.273 euros más al año que en 2018. A partir de 2025, el SMI se establece en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que representa un incremento del 4,4%. Este aumento beneficia a todos los trabajadores, incluyendo a las empleadas del hogar, que recibirán al menos 9,26 euros por hora. El SMI es la retribución mínima legalmente establecida y se ajusta anualmente tras consultas con sindicatos y empresarios.

El Gobierno de España, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha firmado un acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT para establecer el nuevo Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, fijándolo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales. Este acuerdo busca garantizar una remuneración equitativa y suficiente, además de abrir una Mesa de Diálogo Social para abordar la modernización de la normativa del SMI y asegurar su actualización automática. La ministra Díaz destacó la importancia de recuperar el equilibrio entre beneficios empresariales y salarios, enfatizando que las rentas salariales han perdido peso en las últimas décadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), Pablo Pombo, han discutido el notable aumento de avales para el sector agrario en 2024. SAECA ha avalado 8.139 nuevas operaciones por un total de 451,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 66% respecto al año anterior. Este apoyo incluye créditos para agricultores y ganaderos afectados por el aumento de costes de producción debido a factores como la guerra en Ucrania. Además, SAECA ha alcanzado un riesgo vivo histórico de 905 millones de euros, facilitando así la financiación necesaria para modernizar y mantener las explotaciones agrarias.

España se posiciona como líder en la ejecución de inversiones del Fondo Social Europeo (FSE), fundamental para la cohesión social en la UE. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó que se han ejecutado 9.872 millones de euros del periodo 2014-2020, logrando un rendimiento de 1,3 euros por cada euro invertido. Este fondo no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también mejora las oportunidades de empleo y fomenta la inclusión social. Para el periodo 2021-2027, se prevé una inversión adicional de 11.300 millones de euros, priorizando políticas para jóvenes. La gestión eficiente del FSE ha beneficiado a más de 8,7 millones de personas en España.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó en su comparecencia ante el Congreso que la clave del éxito económico y social de España radica en la inversión histórica en I+D+I, alcanzando más de 22.000 millones de euros en 2023. Este aumento representa el 1,49% del PIB y es más del doble que la media de la UE. Además, anunció una nueva convocatoria de ayudas por 31 millones de euros para proyectos de investigación en Inteligencia Artificial. Morant subrayó la creación de más de 5.700 empleos para investigadores entre 2021 y 2024 y resaltó el compromiso del Gobierno con la ciencia como eje central de las políticas públicas.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha actualizado y mejorado las estadísticas de la Economía Social en España, proporcionando datos más precisos sobre sociedades cooperativas y laborales. A partir de ahora, estas estadísticas se publicarán mensualmente en lugar de trimestralmente, ofreciendo información desagregada por comunidad autónoma, provincia, tamaño de entidad y sexo. Esta iniciativa busca resaltar el impacto económico y social de la Economía Social, fundamental para el tejido productivo del país. La ministra Yolanda Díaz destaca la importancia de contar con datos detallados para medir el avance y valor de estas entidades.

En enero de 2025, el paro en España aumentó en 38.725 personas, alcanzando un total de 2.599.443 desempleados, la cifra más baja en este mes desde hace 17 años. A pesar del incremento mensual, el desempleo ha disminuido un 6,08% en comparación con enero de 2024. El paro femenino se sitúa en su nivel más bajo histórico para enero, mientras que el masculino también muestra una reducción interanual significativa. Los sectores más afectados son los servicios y la agricultura, aunque la construcción e industria han visto descensos en sus cifras de paro. En cuanto a los contratos, se registraron más de 1,2 millones, con un 42% de ellos indefinidos. La tasa de cobertura del sistema alcanzó el 74,51%, la más alta desde 2010.

El Gobierno de España ha aprobado una orden ministerial que financiará por adelantado más de 370 obras de reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por la DANA, con un presupuesto total de 1.745 millones de euros. Esta medida, impulsada por el ministro Ángel Víctor Torres, busca acelerar la recuperación de los municipios afectados en la provincia de València y otras localidades. Se destaca que por primera vez se financiará el 100% de los costos y se permitirá a los ayuntamientos colaborar con TRAGSA para la ejecución de las obras. Además, se ha constituido un Comité de Expertos que asesorará en la estrategia de reconstrucción y abordará futuras crisis.

El déficit de las Administraciones Públicas en España, excluyendo las Corporaciones Locales, alcanzó el 1,85% del PIB en noviembre de 2024, según datos del Ministerio de Hacienda. Esto equivale a un total de 29.411 millones de euros, afectado por un gasto extraordinario debido a inundaciones que sumaron 4.105 millones. Sin este gasto, el déficit se reduciría a 25.771 millones, un 9,6% menos que en el mismo periodo de 2023. La Administración Central reporta un déficit de 37.853 millones, mientras que las Comunidades Autónomas presentan un superávit de 5.651 millones gracias a un aumento en ingresos y recursos financieros. Los Fondos de la Seguridad Social también muestran un superávit de 2.791 millones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que las horas efectivas trabajadas en España aumentaron un 11,3% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con los niveles previos a la pandemia. Este incremento se debe al aumento del número de cotizantes del Régimen General de la Seguridad Social, que creció un 10,9%, así como a un ligero aumento del 0,4% en las horas efectivas por cotizante. La estadística se basa en datos administrativos y busca reflejar la evolución del mercado laboral tras la crisis sanitaria.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de smuggling y abuso de poder. El tribunal impuso daños por casi 10 millones de euros, multas totales cercanas a 300,000 euros y confiscó vehículos utilizados en el contrabando. Este esquema involucró la entrada ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión.

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales involucrados en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales que facilitó la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, utilizando criptomonedas y transportando efectivo a través de vuelos comerciales, principalmente hacia Chipre. Las autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de Eurojust y Europol, realizaron múltiples operativos que resultaron en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La operación es un ejemplo destacado de cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal, específicamente en la evasión del IVA, que ha generado pérdidas estimadas de 297 millones de euros. La acusación se produce solo dos meses después de su arresto, marcando un tiempo récord para investigaciones complejas. El caso está vinculado a más de 400 empresas y se sospecha que también está relacionado con el lavado de dinero procedente de actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero. La investigación continúa en curso.