Justicia

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus, emitiendo una orden europea de investigación. Esta medida busca profundizar en el intercambio de datos sobre el control interno del software desarrollado por NSO Group y las indagaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Además, Calama ha reiterado su solicitud a Israel para obtener información y la declaración del CEO de NSO Group, crucial para identificar a los responsables de las infecciones sufridas por dispositivos móviles de altos funcionarios españoles. La investigación se enmarca en el caso Pegasus, que involucra a varios ministros del Gobierno español.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, tras descubrir que la compañía había declarado falsamente el origen del acero como británico, cuando en realidad era indio. Esto habría resultado en una pérdida significativa para las finanzas públicas, estimada en varios cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas desde marzo de 2021, valoradas en más de 2.9 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluido el Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, confirma que se cumplió con el proceso de concertación para determinar los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido válidamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la falta de motivación técnica en la fijación de estos caudales. Esta decisión reafirma la validez del marco normativo vigente en materia de recursos hídricos en España.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta ley consolida derechos y garantías para estas víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y asegurando el acceso a asistencia jurídica gratuita. Además, se otorgan nuevas competencias a las secciones de violencia sobre la mujer en relación con delitos de libertad sexual y se establece un marco para coordinar la actuación de las Fiscalías en estos casos. La norma también incluye modificaciones al Estatuto de los Trabajadores para proteger a aquellos que enfrentan despidos por razones relacionadas con adaptaciones laborales.

En el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos por delitos de corrupción. De estos, 18 eran individuos y 4 entidades. Esta información proviene del repositorio del Consejo General del Poder Judicial, que también reportó la emisión de 12 sentencias relacionadas con la corrupción durante este periodo, de las cuales 7 fueron condenatorias. Este repositorio es una herramienta pública que permite a los ciudadanos acceder a datos sobre la lucha contra la corrupción en España.

El Congreso de España ha convalidado un tercer paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros para los afectados por la DANA, sumando más de 16.000 millones en total. Este nuevo Real Decreto-ley, aprobado el 28 de noviembre, incluye 60 medidas centradas en vivienda, empleo y vehículos. Destacan programas como Plan Reinicia Auto+ para la compra de vehículos destruidos durante la catástrofe y Plan Reinicia+ para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Además, se implementan modificaciones laborales para proteger a los trabajadores y se destinan fondos específicos para personas con discapacidad y jóvenes en edad escolar.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y está investigando a una institución educativa por sospechas de fraude en subsidios y falsificación de documentos. Los detenidos están relacionados con un jardín de infantes que recibió más de 255,000 euros en fondos, supuestamente mal utilizados para mejorar sus servicios. Se les acusa de presentar informes falsos al Servicio de Empleo Croata para justificar pagos, así como de exigir a los empleados la devolución de parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enfatizado la importancia de adaptar el sistema judicial a las necesidades de niñas y niños para garantizar sus derechos. Durante su visita al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Rego destacó la necesidad de instalaciones adecuadas y formación específica para los profesionales que atienden a menores en procesos judiciales. Resaltó que es fundamental crear un entorno seguro donde los niños puedan ser escuchados y expresarse. Además, subrayó la responsabilidad social en la erradicación de la violencia contra la infancia.

El exalcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por prevaricación omisiva al permitir la actividad sin licencia de un asador y construcciones en suelo no urbanizable. La Audiencia Provincial de Sevilla destacó su "inacción consciente" y "prolongada conducta omisiva". Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa de 2.160 euros y enfrentarse a nueve años de inhabilitación para cargos públicos. La sentencia, que no es firme, puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuya solicitud de prestación por el cuidado de su hijo con discapacidad del 93% fue denegada por la Seguridad Social. La madre, enfermera, había solicitado una reducción de jornada y la prestación económica debido a que su hijo padece parálisis cerebral y presenta necesidades especiales. La sentencia destaca la gravedad de la situación del menor, argumentando que su dependencia requiere cuidados más allá de los ordinarios. Aunque la decisión no es firme y puede ser recurrida, este fallo representa un importante avance en el reconocimiento de derechos para familias con hijos con discapacidades severas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que 2024 ha sido un año clave para la transformación del sistema judicial en España. En su balance, destacó avances en digitalización, modernización y vocación social, incluyendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la implementación de herramientas digitales como la Carpeta Justicia. Además, se aprobó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y se impulsaron becas para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración de Justicia. Para 2025, se prevé una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualizará normativas centenarias. La mejora del sistema judicial es una prioridad del Gobierno para reducir desigualdades y fomentar el bienestar ciudadano.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de asesinar a otro con varios disparos en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El TSJA sostiene que la prueba presentada por el jurado popular fue suficiente para establecer la culpabilidad del acusado, quien también deberá indemnizar a la familia de la víctima con más de 269.000 euros. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

España ha rechazado la criminalización de la asistencia humanitaria a personas migrantes durante el segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) bajo la presidencia húngara. El ministro Félix Bolaños defendió la inclusión de una cláusula que excluya de sanciones a quienes brindan ayuda humanitaria, destacando el apoyo del gobierno español a organizaciones que trabajan en este ámbito. Además, se discutieron propuestas legislativas relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes y la protección de menores frente a abusos sexuales. España aboga por un enfoque migratorio basado en derechos humanos y seguridad en las fronteras.