La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo búsquedas en Bulgaria en el marco de una investigación sobre corrupción pasiva y abuso de poder relacionados con fondos europeos para la pesca y programas marítimos. Las operaciones, realizadas por la Policía Nacional Búlgara, se centraron en propiedades privadas y lugares de trabajo en Sofía y Oryahovo. Se sospecha que funcionarios del Ministerio de Agricultura y Alimentación, encargados de gestionar estos fondos, solicitaron sobornos a cambio de aprobar pagos para proyectos específicos. La investigación incluye casos de sobreprecio en contratos y la emisión indebida de permisos de construcción. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para más información, visita el enlace.
El 12 de junio de 2025, la exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE fue condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia del Tribunal del Condado de Zagreb se deriva de una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). La exministra infló el valor estimado de un contrato público para favorecer a un empresario, lo que resultó en un daño estimado al presupuesto de la UE de al menos un millón de euros. Además, se encuentra en curso un proceso penal contra otros tres acusados relacionados con el caso. Para más información, visita el enlace.
El Gobierno de España ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores para fortalecer la recuperación de activos del crimen organizado. Este acuerdo, que permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder a información registral esencial, es clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas. La renovación responde a la satisfacción con los resultados obtenidos y busca mejorar la localización y gestión de bienes intervenidos judicialmente. Esta colaboración ha agilizado las investigaciones patrimoniales y reforzado la cooperación judicial, contribuyendo a una justicia más eficaz y orientada al interés público.
El Ministerio ha sido galardonado en los Premios Centenario de los graduados sociales, reconociendo su apoyo en la promoción de esta profesión en la Jurisdicción Social. El ministro Bolaños destacó la importancia del trabajo de los graduados sociales y el compromiso del Gobierno con la transformación de la Justicia. También fueron premiados otros ministerios y Telefónica, y se homenajeó a expresidentes del Consejo General. Los Premios Centenario forman parte de las celebraciones por el centenario de esta profesión, que incluyen diversas actividades de reconocimiento.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado que Airbnb bloquee más de 65,000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras una resolución judicial favorable. La Justicia ha respaldado la acción del ministerio, que había solicitado la eliminación de 5,800 anuncios incumplidores de la normativa vigente. Las razones incluyen la falta de número de licencia, la omisión sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso incorrecto de números de licencia. Esta medida busca regular el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores en varias comunidades autónomas.
Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, critica al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que tiene más imputados que ministros y que esta semana el PSOE ha colapsado por los insultos de su líder hacia miembros del partido. En declaraciones realizadas en Madrid, Tellado califica a Sánchez de "mezquino" y "cínico", y cuestiona la labor del ministro de Justicia, Bolaños, quien según él se ha convertido en un defensor de la familia Sánchez-Gómez. Además, destaca que los ataques verbales del Gobierno hacia los jueces son una respuesta a las investigaciones en curso.
El 10 de abril de 2025, la Fiscalía Pública Europea en Bucarest presentó una acusación contra 12 personas (seis individuos y seis empresas) por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de IT financiados por la UE. La investigación reveló que entre 2019 y 2022, los beneficiarios presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los fondos fueron desviados a cuentas bancarias de empresas ficticias y utilizados para fines no relacionados con los proyectos. Los acusados enfrentan cargos de fraude y blanqueo de capitales, con posibles penas de prisión y multas significativas. La investigación contó con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
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Pedro Sánchez ha afirmado que su gobierno trabaja para que Europa mantenga su compromiso ante las guerras y la injusticia, durante el acto del 40º aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Desde su entrada en la Unión, España ha duplicado su PIB per cápita y reducido el desempleo a la mitad. Para más detalles, se puede consultar la transcripción completa de su intervención en el evento.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluyendo un exfuncionario público, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. El exfuncionario, empleado de la Agencia de Pagos para Agricultura, utilizó credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos, inflando el tamaño de las granjas familiares y solicitando indebidamente alrededor de 77,000 euros en subsidios de la Unión Europea entre 2020 y 2022. Hasta ahora, han devuelto parte del dinero defraudado, totalizando 42,455 euros. Todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal croata.
Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza', implementados por el Partido Popular en residencias durante la pandemia. La portavoz federal de IU, Eva García Sempere, mostró su solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que se asuman responsabilidades políticas. Las imputaciones llegan tras más de cinco años de búsqueda de justicia por 7,291 muertes evitables debido a decisiones políticas cuestionables. IU insiste en que es hora de que los líderes del PP, incluido Isabel Díaz Ayuso, enfrenten las consecuencias de sus acciones.
La Federación Estatal LGTBI+ celebra la ratificación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirma el asesinato de Samuel Luiz como un crimen de odio motivado por LGTBIfobia. Este veredicto, que ya fue reconocido por un jurado popular, representa un avance social significativo en la lucha contra la homofobia. Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, destaca la importancia de visibilizar estos crímenes y llama a las instituciones a actuar urgentemente contra los discursos de odio. La Federación enfatiza que es crucial restaurar la confianza en el sistema judicial y proteger a las personas LGTBI+ de la violencia y el miedo.
El Gobierno de España ha completado la digitalización de la Oficina Central del Registro Civil, implementando el nuevo sistema electrónico DICIREG. Este avance moderniza el servicio público, permitiendo una gestión más rápida y segura de inscripciones complejas y trámites habituales como certificaciones y nacionalidades, todo sin papel ni esperas. La digitalización facilita la interoperabilidad entre las 431 Oficinas Generales y más de un centenar de Oficinas Consulares, mejorando la eficacia y reduciendo costos logísticos. Este proceso es parte de una transformación mayor en el ámbito de la Justicia, centrada en mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos. Para más información, visita el enlace.
La tragedia del choque de trenes en Tempi, Grecia, el 28 de febrero de 2023, marcó un punto de inflexión en la sociedad griega. Con más de 57 muertos y numerosos heridos, este desastre ferroviario expuso las graves deficiencias del sistema ferroviario y provocó una ola de protestas masivas. La frase "Call me when you get there" se convirtió en un símbolo de la lucha por justicia y transparencia. A medida que la investigación revelaba negligencias y corrupción, los ciudadanos exigieron reformas democráticas y una rendición de cuentas para los responsables. El descontento culminó en manifestaciones masivas el 28 de febrero de 2025, donde más de un millón de personas se unieron para conmemorar a las víctimas y demandar cambios significativos en el sistema judicial y político griego. La movilización ha renovado la esperanza entre los griegos de que el cambio es posible a través de la participación cívica activa.
En 2024, la media diaria de denuncias por violencia de género en España fue de 544, un ligero descenso del 0,09% respecto al año anterior. Se registraron un total de 199.094 denuncias y 183.908 mujeres víctimas, lo que representa una disminución del 4,96%. Las órdenes de protección acordadas también disminuyeron en un 6,5%, mientras que las sentencias condenatorias aumentaron un 3,32%, alcanzando el 80,55% del total. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74,2, con variaciones regionales significativas. Estos datos reflejan la persistencia del problema y la necesidad de continuar trabajando en la prevención y apoyo a las víctimas.
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