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Carlos Rojas, portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, ha denunciado que las decisiones del Gobierno español respecto al conflicto en Irán podrían comprometer la seguridad nacional y afectar las relaciones con aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rojas cuestionó la falta de claridad del Ejecutivo sobre sus acciones y advirtió sobre la imagen negativa que se proyecta internacionalmente. También criticó la restricción del uso del espacio aéreo español para operaciones aliadas y el envío de medios militares sin autorización parlamentaria. Rojas exigió una política exterior coherente que priorice los intereses de España y una estrategia clara para garantizar la seguridad nacional.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que se reunirá al menos dos veces al año. Este organismo tiene como objetivo mejorar la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas en materia de prevención del suicidio, un problema creciente en el país, donde se reportaron 3.953 fallecimientos por esta causa en 2024. La iniciativa forma parte del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que cuenta con una financiación específica de 17,83 millones de euros. El Observatorio centralizará información de diversos ámbitos y promoverá la investigación y sensibilización sobre el suicidio, además de apoyar el desarrollo de políticas públicas más efectivas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para 2026, con un crédito estimado de 110 millones de euros. Estas ayudas son fundamentales para financiar programas de acción social gestionados por ONGs, permitiendo el desarrollo de más de mil iniciativas en 2025. Las prioridades incluyen el acceso a vivienda, atención sociosanitaria y la lucha contra la violencia de género. Además, se ha creado un sistema oficial para certificar el dominio de la Lengua de Signos Española, promoviendo la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas sordas.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE, argumentando que ha dejado de ser una televisión pública para convertirse en "Tele Pedro". García critica la administración actual por su falta de neutralidad y rigor financiero, señalando un aumento en el presupuesto destinado a la propaganda y la contratación de personal externo. También denuncia prácticas como la purga de voces independientes y el manejo negligente de fondos públicos, que ha llevado a pérdidas significativas y al incumplimiento de contratos. La nueva comisión busca responsabilizar a quienes hayan malversado recursos o manipulado procesos dentro del ente público.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que la situación actual en España se caracteriza por una inflación galopante, incompetencia y corrupción. En declaraciones realizadas en Logroño, Gamarra destaca que muchos españoles enfrentan dificultades económicas y que las medidas gubernamentales son insuficientes para abordar la crisis. Además, exige una reducción de impuestos y critica la falta de acción efectiva frente a la corrupción. Resalta que el Gobierno sigue sin capacidad para gobernar adecuadamente y que los ciudadanos merecen un liderazgo responsable y libre de corrupción.

En marzo de 2026, la pensión media del sistema de la Seguridad Social en España alcanzó los 1.367,4 euros, lo que representa un aumento del 4,5% en comparación con el año anterior. Se han abonado un total de 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de pensionistas, con una pensión media de jubilación que se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un incremento del 4,4% respecto a marzo de 2025. Además, se observa un aumento en las jubilaciones demoradas, que ahora representan el 12,8% de las nuevas altas. La edad media para acceder a la jubilación ha subido a 65,2 años. En cuanto a los complementos por brecha de género, más del 76% de los beneficiarios son mujeres.

Más de 214.000 personas extranjeras trabajan en España gracias a la vía del arraigo, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, este crecimiento se traduce en un incremento del 39% en la afiliación a la Seguridad Social de este colectivo. La mayoría de los contratos son indefinidos y a tiempo completo, destacando sectores como la hostelería, la construcción y el comercio. Además, el número de autorizaciones de residencia por arraigo ha crecido un 26% en el último año, consolidando su importancia como herramienta para la integración laboral y social en España.

El Ministerio de Derechos Sociales ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca en el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado para abordar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional. Los inquilinos cuyos contratos caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán renovar sus arrendamientos por plazos anuales hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo las condiciones originales del contrato. El Ministerio ha instado a las entidades a asegurar el cumplimiento inmediato de estas normativas.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, critica al Gobierno por la presentación tardía y deficiente del decreto anticrisis, argumentando que en realidad encubre una reforma energética. Cuestiona si se han incluido medidas para crear subvenciones que puedan influir en votantes. Además, señala que el decreto no solo es insuficiente para ayudar a las familias, sino que también carece de control sobre los proyectos estratégicos propuestos. Bravo demanda la deflactación del IRPF y destaca que el Gobierno ha adoptado algunas propuestas del PP, como la reducción del IVA en energía y carburantes. Concluye que el decreto llega tarde y no aborda todas las necesidades urgentes.

Jaime de Olano, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno ha dado un paso más en su sectarismo y deriva antidemocrática durante el trámite de comparecencias sobre el Proyecto de Ley de gobernanza y ordenación de medios de comunicación. Acusó al PSOE y Sumar de vetar a expertos calificados mientras permitían la comparecencia de Meritxell Borràs, condenada por desobediencia al Tribunal Constitucional. De Olano considera esta situación como una broma de mal gusto y una muestra del intento del Gobierno de silenciar voces críticas, destacando una preocupante tendencia hacia la falta de respeto por los principios democráticos.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, calificándola de "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás argumenta que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo sobre sus efectos negativos para cooperativas y ciudadanos. Critica que el Gobierno priorice intereses políticos sobre el bienestar general, señalando que la ley no aborda adecuadamente las necesidades del sector. El PP aboga por una economía social efectiva, con propuestas para mejorar la legislación y reducir cargas administrativas, mientras se compromete a vigilar los posibles impactos adversos de esta normativa.

La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Cantabria, deteniendo a once personas involucradas en el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se estima que la organización blanqueó más de 1,5 millones de euros provenientes de actividades ilícitas. Durante las operaciones se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, diversas drogas y joyas por valor significativo. La investigación reveló un entramado patrimonial sospechoso con numerosos bienes que no correspondían a sus actividades legales aparentes. La operación fue coordinada por la Comandancia de Cantabria con apoyo de varias unidades especializadas.

María Jesús Moro, portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, denuncia que el Gobierno ha vetado enmiendas del PP aprobadas en el Senado, lo que considera una violación de la soberanía popular y un acto antidemocrático. Critica la oposición del Ejecutivo a incrementar la plantilla de fiscales y a una reforma en la Ley de Extranjería que garantice controles rigurosos para la residencia legal en España. Moro sostiene que este veto revela un deseo de regularización sin control y destaca la necesidad de fortalecer las plantillas judiciales y policiales para combatir la delincuencia.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha culpado a María Jesús Montero de la imposibilidad de los ayuntamientos para utilizar sus remanentes en vivienda. Además, exigió al Gobierno que abone los 3.000 millones de euros que les adeuda. Bendodo lamentó la falta de reuniones de la Comisión Nacional de Administración Local desde septiembre de 2022 y subrayó la necesidad urgente de un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local. Criticó la gestión del Gobierno hacia los ayuntamientos, acusándolos de marginar a las administraciones con mayoría del PP.

El Parlamento Europeo ha aprobado la apertura de negociaciones para reformar la política de retorno de inmigrantes irregulares en la UE, liderada por el Partido Popular Europeo. Esta reforma busca unificar y fortalecer las normas de retorno, ya que actualmente solo se ejecuta el 20% de las órdenes de retorno en Europa, siendo España uno de los países con menor eficacia, con apenas un 9,7%. La nueva normativa introduce procedimientos uniformes para agilizar los retornos y mejorar la cooperación entre Estados miembros, además de imponer mayores obligaciones a los inmigrantes en situación irregular. El eurodiputado Javier Zarzalejos ha destacado que esta medida contrasta con la política migratoria del Gobierno español, que favorece regularizaciones masivas. La reforma también incluye sanciones por vulneraciones y refuerza el retorno voluntario, buscando desincentivar rutas irregulares y combatir el tráfico de personas.