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Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha criticado la actuación de Óscar Puente y miembros de Adif tras el accidente ferroviario de Adamuz, exigiendo explicaciones en lugar de una presentación superficial. Durante una rueda de prensa, denunció que se llevaron pruebas sin autorización judicial y solicitó la comparecencia del presidente de Adif, quien aún no ha respondido a su compromiso. Muñoz también cuestionó la falta de transparencia del Gobierno actual, sugiriendo que debería desclasificar documentos relevantes en lugar de centrarse en asuntos históricos. Además, abordó las negociaciones con Vox, instando a un acuerdo claro y transparente entre las fuerzas políticas del centro-derecha para evitar futuras elecciones.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha impulsado iniciativas para mejorar las infraestructuras ferroviarias en Burgos y Andalucía, así como para aplicar bonificaciones en los peajes de Castilla y León. Durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, el secretario general adjunto del GPP, Ángel Ibáñez, criticó al Gobierno por su falta de interés en proyectos clave como la reapertura del ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos y el túnel de Somosierra. Además, se exigió un plan concreto para abordar la situación de los peajes en Castilla y León y se denunciaron las desigualdades en inversiones ferroviarias entre regiones. Los diputados del GPP también pidieron explicaciones sobre una presunta manipulación de pruebas relacionadas con un accidente ferroviario.

Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, ha denunciado en la comisión mixta de control a RTVE las amenazas del presidente de RTVE, José Pablo López, hacia el Consejo de Informativos tras un informe que expone la mala praxis en programas como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. Montesinos afirmó que López es "el discípulo aventajado de Pedro Sánchez" y subrayó que el Consejo de Informativos no depende del Consejo de Administración. Además, Eduardo Carazo criticó la manipulación informativa en RTVE y la externalización de programas, mientras que Belén Hoyo y Ana Martínez Labella señalaron las malas prácticas y la falta de transparencia en la gestión de López.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Congreso inste al Gobierno a implementar un plan de apoyo para la cogeneración y el sector cerámico, crucial para la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón. Durante la Comisión de Industria y Turismo, el diputado Alberto Fabra subrayó la importancia de la cogeneración como método eficiente y sostenible. Además, se rechazó la abstención del PSOE en relación al cierre de la planta de plásticos Sabic en Cartagena, que emplea a 700 personas directamente. La portavoz adjunta Miriam Guardiola también criticó la falta de acción del PSOE ante la crisis ferroviaria que afecta gravemente al turismo en España.

La reconstrucción de Ucrania tras la guerra se estima en 588.000 millones de dólares, según un informe del Banco Mundial, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Gobierno ucraniano. Este costo representa casi tres veces el PIB anual del país y refleja daños significativos en viviendas e infraestructuras energéticas. A medida que se acerca el cuarto aniversario de la invasión rusa, la población enfrenta una creciente crisis humanitaria, con millones sin acceso a calefacción o atención médica adecuada debido a ataques constantes. Las iniciativas de reparación han comenzado, pero son insuficientes frente a la magnitud de la destrucción y la continuidad del conflicto. La situación exige un alto el fuego incondicional para facilitar una solución política y permitir la recuperación efectiva del país.

En Ginebra, más de 120 países se reúnen para conmemorar el vigésimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos, en un contexto de creciente inestabilidad global. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacó la feroz competencia por el poder y la corrupción que caracteriza la actualidad, pero también propuso una alternativa basada en la dignidad, igualdad y justicia. Türk anunció la creación de una Alianza Global por los Derechos Humanos para contrarrestar la dominación y promover un nuevo orden mundial desde las bases. Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, enfatizó la importancia de los derechos de las mujeres como indicador del estado social y llamó a los Estados a actuar firmemente en defensa de estos derechos. La sesión del Consejo se extenderá durante cuatro semanas, abordando temas críticos como el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas.

El Gobierno de España ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030), una iniciativa pionera para abordar la soledad desde una perspectiva estructural y comunitaria. Esta estrategia busca prevenir la soledad no deseada, que afecta al 20% de la población, con un enfoque en la cohesión social y el bienestar. Se establece una Mesa Interinstitucional para coordinar esfuerzos entre diferentes sectores y se implementarán políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, el urbanismo social y programas de apoyo mutuo. La estrategia también reconoce la importancia de crear comunidades inclusivas que ofrezcan redes de apoyo a quienes enfrentan situaciones de soledad.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, considerándola un riesgo para la seguridad. Anunció que el PP presentará enmiendas en el Senado a la Ley de Multirreincidencia para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un "coladero" de delincuentes. Gamarra destacó la preocupación por una posible regularización masiva que podría afectar a más de 1,2 millones de personas sin controles adecuados. El PP busca implementar medidas más estrictas y responsabilizar al Gobierno por las consecuencias de su política migratoria.

El Partido Popular ha criticado a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, por no haber considerado elevar la situación de emergencia a nivel nacional durante la dana que afectó Valencia el 29 de octubre de 2024, resultando en 238 muertes. En una Comisión de Investigación, el senador José Antonio Monago cuestionó la falta de respuestas claras sobre la gestión de la crisis y destacó que existían alertas previas a la tragedia. Monago también subrayó que el Gobierno debe actuar con responsabilidad y eficacia en situaciones críticas, recordando que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil permite al Estado elevar el nivel de emergencia cuando es necesario. La actuación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar también fue objeto de críticas por su respuesta inadecuada ante las advertencias sobre el riesgo.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presidió la reunión del Comité de Situación, donde se evaluó el trabajo de los grupos creados tras la invasión de Ucrania por Rusia. Se discutieron temas relacionados con la gestión de crisis en el Sistema de Seguridad Nacional y se aprobaron las líneas de acción del Grupo Permanente para el Asesoramiento Científico en la Gestión de Crisis, con el objetivo de integrar el conocimiento científico-tecnológico y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

El Partido Popular ha presentado un plan de emergencia para abordar el crítico estado de conservación de las presas en España, donde el 75% carece de planes de mantenimiento actualizados. Este plan incluye una auditoría técnica exhaustiva y propone inversiones entre 400 y 500 millones de euros para garantizar la seguridad hidráulica, esencial para la protección de vidas y la estabilidad económica. Se estima que las inundaciones causan daños anuales de alrededor de 800 millones de euros. Además, se plantea un programa presupuestario específico y movilizar hasta 100.000 millones de euros para políticas hidráulicas hasta 2035, con el objetivo de modernizar infraestructuras y mejorar la gestión del agua en el país.

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para aumentar las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas blancas y solicita un plan integral para abordar este problema creciente. La iniciativa responde al alarmante aumento del 35% en agresiones con armas blancas en los últimos cuatro años, destacando la necesidad de revisar la normativa sobre su compra y uso, así como endurecer las sanciones. El PP también pide medidas específicas para menores involucrados en delitos con estas armas y critica al PSOE por bloquear iniciativas que mejorarían la seguridad ciudadana.

Miguel Tellado, secretario general del PP, califica de "inasumible" la elección y permanencia de un acusado de violación al frente de la Policía, exigiendo la dimisión inmediata del ministro Marlaska. En el Congreso del PP en Oviedo, criticó la gestión del Gobierno y su falta de respuesta ante situaciones graves, señalando que la actitud del ministro es inaceptable. Tellado también destacó la necesidad de un cambio en Asturias y reafirmó el compromiso del Partido Popular para mejorar la situación política en la región.

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro principales miembros del grupo hacktivista español ‘Anonymous Fénix’ por su implicación en ciberataques dirigidos a organismos públicos, incluyendo Ministerios y partidos políticos. Las detenciones se llevaron a cabo en Alcalá de Henares, Oviedo, Ibiza y Móstoles. Este grupo, que se autodenomina parte de ‘Anonymous’, realizaba ataques DDoS para saturar sistemas digitales y dificultar el acceso a usuarios legítimos. Desde su inicio en abril de 2023, han incrementado su actividad, especialmente tras la DANA de Valencia, donde justificaron sus acciones como responsables de la tragedia. La investigación fue coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática y el Centro Criptológico Nacional.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha destacado la necesidad de una aprobación rápida y consensuada de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia durante su intervención en el Consejo Protectorado de la ONCE. Bustinduy enfatizó que esta reforma es crucial para garantizar la dignidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Además, anunció que el ministerio presentará próximamente una nueva versión del Real Decreto sobre etiquetado en braille, subrayando que la accesibilidad es un derecho fundamental.