El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha iniciado una investigación sobre empresas que ofrecen servicios o productos en los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta acción se enmarca dentro del Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios provenientes de estas áreas, buscando limitar el negocio asociado a la ocupación. La medida responde a un informe de la ONU que señala que algunas empresas se benefician económicamente de esta situación. El ministro Pablo Bustinduy ha afirmado que se destinarán recursos para asegurar que ninguna empresa en España esté vinculada a actividades relacionadas con la ocupación israelí.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha alertado sobre un aumento del 21,63% en el número de jugadores online en 2024, coincidiendo con la reintroducción de los bonos de bienvenida por parte de las casas de apuestas. Ante este incremento, se ha propuesto una enmienda para prohibir estos incentivos en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela. La Memoria de Actividad del Juego revela que los operadores obtuvieron más de 8.000 millones de euros en ganancias, destacando un crecimiento significativo en el juego online. Además, se observa que la mayoría de los jugadores son hombres jóvenes entre 18 y 45 años.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un archivo con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Esta información, proporcionada por la Unidad de Análisis de Consumo, busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, que enfrenta más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia. La acción forma parte de un esfuerzo mayor para abordar la problemática de la vivienda en España y asegurar el cumplimiento de la normativa urbanística.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha convocado a los consejeros y consejeras de Consumo en una Conferencia Sectorial para instarles a sancionar a las empresas que operan pisos turísticos ilegales. Esta reunión busca fortalecer la regulación del sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.
La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. Esta acción se produce tras advertencias sobre la necesidad de cumplir con la normativa que exige la inclusión del número de licencia en los anuncios. La investigación, iniciada en junio, busca abordar prácticas comerciales desleales que podrían afectar a los consumidores. Las infracciones pueden acarrear multas significativas, y el ministerio destaca su compromiso en combatir irregularidades en el sector de la vivienda en España.
El ahorro, comprando en Alcampo y en Gadis, por poner un ejemplo, puede ser de 800 euros al año. Comparamos los precios de varias cadenas de supermercados, tanto en productos de marca como propios.
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha alertado sobre la falta de información en la población escolar acerca de los riesgos del juego. Un análisis basado en la Encuesta ESTUDES revela que solo el 48,4% de los estudiantes de 14 a 18 años ha recibido formación sobre este tema, en contraste con otros ámbitos como el uso de tecnologías o el consumo de drogas. Además, el estudio indica que el 19,8% de los encuestados ha jugado con dinero, siendo más común entre los chicos y aumentando con la edad. Aunque la mayoría juega ocasionalmente y gasta poco, un 3,7% presenta indicadores de juego problemático, con mayor prevalencia en hombres. Este análisis busca identificar y prevenir prácticas de juego problemático en menores.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta iniciativa reafirma el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses de las grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros autonómicos a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo. Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que las competencias de Consumo pueden proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos regionales sobre más de 16,000 alojamientos turísticos no regulados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el alquiler de viviendas.
El Ministerio de Consumo se une a autoridades de 35 países para combatir el "ecopostureo" en la industria de las aerolíneas. Esta iniciativa busca prevenir el greenwashing y garantizar que las comunicaciones de estas compañías sean veraces, claras y respaldadas por evidencia científica sólida. La acción se enmarca dentro de los esfuerzos por promover un consumo responsable y transparente en el contexto de la Agenda 2030.
El presidente del Partido Popular critica que el Ejecutivo celebre tener una inflación subyacente por encima de la media de la UE porque esto supone una pérdida de poder adquisitivo, que las rentas más bajas tengan que hacer más esfuerzo para llenar la cesta de la compra y una disminución del consumo.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en octubre de 2017 un 1,6% interanual, tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes y dos décimas inferior a la del mes de septiembre, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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