En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo
El diputado del GPP, Miguel Ángel Paniagua, ha criticado al Gobierno por lo que considera un uso partidista de la Ley de Atención al Cliente. Según Paniagua, el Ejecutivo está “utilizando la ideología para legislar” y persiguiendo “objetivos que nada tienen que ver con la ley, sino con fines políticos de algunos partidos”. Esta afirmación surge en el contexto de la tramitación parlamentaria de dicha ley.
Paniagua enfatiza que esta legislación debería enfocarse en beneficiar a los consumidores y no en promover un idioma o cumplir con objetivos identitarios de comunidades autónomas. Se refiere a ciertas modificaciones del texto que, según él, son “más allá de lo imaginable”, como la obligación de responder a los clientes en el mismo idioma en que se presentó la queja, sin considerar la autonomía donde se aplique.
Críticas a las modificaciones lingüísticas
El diputado señala que este tipo de “enmiendas lingüísticas” alteran la esencia misma de la ley. También menciona una modificación que exige formar a los trabajadores en lenguas cooficiales, independientemente de su ubicación geográfica y del tipo de clientela que atiendan. “Esto introduce un componente identitario que complica su aplicación y genera inseguridad en todos los sectores afectados”, añade Paniagua.
Asimismo, lamenta que el Gobierno opte por impulsar una norma “absurda e inaplicable” en ciertos casos, en lugar de buscar un acuerdo con el PP para crear una legislación que realmente beneficie a los consumidores. El diputado también denuncia “las muchas anomalías” ocurridas durante las reuniones previas de la Ponencia, donde se presentaron transacciones inspiradas en enmiendas del PP sin consultar al proponente, lo cual considera una práctica inusual y desconcertante.
Involucrar a las Administraciones Públicas
Paniagua advierte sobre el “error mayúsculo” de no incluir a las Administraciones Públicas en la aplicación de esta norma: “¿Cómo pretendemos implicar a la sociedad si dejamos fuera a las instituciones? ¿Qué imagen y ejemplo les damos?” Su llamado es claro: regular con sentido común, especialmente considerando que esta normativa afecta al sector de las pymes, que suelen tener menos capacidad financiera y flexibilidad laboral.
Finalmente, destaca las 58 enmiendas presentadas por el GPP al texto original, cuyo objetivo es “reforzar los derechos de los consumidores y usuarios sin imponer cargas excesivas a las empresas”. Concluye afirmando que siempre han buscado aclarar el articulado para garantizar seguridad jurídica y extender la protección también a los servicios ofrecidos por la Administración Pública.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué acusa el GPP al Gobierno en relación a la Ley de atención al cliente?
El GPP acusa al Gobierno de utilizar la Ley de atención al cliente con fines partidistas y objetivos identitarios que no están relacionados con la protección de los consumidores.
¿Qué modificaciones específicas critica el GPP en la ley?
Critica las enmiendas que obligan a responder a los clientes en el mismo idioma en que se formuló la queja y la obligación de formar a los trabajadores en lenguas cooficiales, argumentando que alteran la naturaleza de la ley.
¿Cuál es la posición del GPP sobre la inclusión de las Administraciones Públicas en esta norma?
El GPP considera un "error mayúsculo" no incluir a las Administraciones Públicas, ya que esto dificulta implicar a la sociedad y envía una mala imagen.
¿Qué propone el GPP para mejorar la ley?
Propone regular con sentido común y presentar enmiendas que refuercen los derechos de los consumidores sin generar cargas excesivas a las empresas.
Si (
No(
