El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamado contundente a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas para que tomen medidas decisivas contra las empresas responsables de la gestión de pisos turísticos ilegales.
Durante una reciente Conferencia Sectorial, Bustinduy instó a los gobiernos regionales a actuar con firmeza ante esta problemática que afecta tanto a la regulación del sector turístico como a la disponibilidad de viviendas en muchas localidades. El ministro subrayó la importancia de sancionar a aquellas empresas que operan sin cumplir con la normativa vigente.
Acciones necesarias contra el turismo ilegal
La reunión se centró en la necesidad de implementar estrategias efectivas que permitan abordar el fenómeno de los alojamientos turísticos no regulados. Bustinduy enfatizó que es fundamental proteger los derechos de los consumidores y garantizar un mercado justo y equitativo.
A medida que crece la preocupación por el impacto negativo que estos alquileres ilegales tienen en el acceso a la vivienda, el ministro reiteró su compromiso con una política activa que promueva el cumplimiento de las leyes existentes y evite la competencia desleal en el sector.
Un llamado a la colaboración regional
El encuentro también sirvió para fomentar el intercambio de experiencias entre las distintas comunidades autónomas. Bustinduy destacó la importancia de trabajar conjuntamente para desarrollar herramientas eficaces que permitan identificar y sancionar a quienes infringen las normativas establecidas.
Con este enfoque, el Ministerio busca no solo regular el sector del turismo, sino también contribuir al bienestar social y económico de las regiones afectadas por esta situación. La presión sobre los responsables políticos es clara: deben actuar ahora para asegurar un futuro sostenible en el ámbito del consumo y los derechos sociales.