El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación dirigida a empresas que promocionan en España servicios o productos originarios de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta acción se enmarca dentro del contexto del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado recientemente por el Gobierno español, que establece medidas urgentes para abordar la situación en Gaza y apoyar a la población palestina.
Según el artículo 4 de este decreto, se prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar las operaciones comerciales que se benefician de dicha ocupación. La Dirección General de Consumo será la encargada de investigar a aquellas empresas que, según un informe publicado en julio por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, estarían lucrándose ilegalmente.
Investigación sobre actividades empresariales
El informe titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio» señala que existen empresas que obtienen beneficios económicos a partir de la ocupación ilegal de los territorios palestinos. En este sentido, el ministro Pablo Bustinduy ya había declarado anteriormente su compromiso durante un evento relacionado con el conflicto en Palestina, asegurando que utilizaría todos los recursos necesarios para evitar que las empresas operantes en España se vean implicadas en actividades que perjudiquen al pueblo palestino.
Bustinduy enfatizó que su ministerio está decidido a garantizar que “cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí”, ya sea directa o indirectamente. Desde el Ministerio se argumenta que mantener esta oferta de servicios en territorio español contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”.
Implicaciones legales y éticas
Las actividades comerciales relacionadas con la ocupación son consideradas ilícitas bajo el derecho internacional. De acuerdo con el informe de Albanese, en Países Bajos se están investigando denuncias sobre estas actividades por posibles violaciones a las normativas contra el blanqueo de capitales. Este enfoque pone de relieve las complejidades legales y éticas asociadas con las operaciones empresariales en contextos conflictivos.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué investiga el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030?
El ministerio investiga a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.
¿Cuál es la base legal para esta investigación?
La investigación se basa en el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado por el Gobierno de España, que prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.
¿Qué objetivos tiene el Real Decreto-ley 10/2025?
El objetivo del decreto es limitar la posibilidad de desarrollar negocios relacionados con la ocupación israelí y apoyar a la población palestina.
¿Qué afirma el informe de Francesca Albanese sobre las empresas en los territorios ocupados?
El informe indica que hay empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, algunas de las cuales estarían operando en España.
¿Qué acciones tomará el ministerio contra las empresas involucradas?
El ministerio investigará a las empresas que están aprovechándose de la ocupación y garantizará que ninguna empresa con actividad en España tenga sus cuentas manchadas con la sangre del pueblo palestino.
¿Cómo se considera la actividad económica relacionada con la ocupación según el derecho internacional?
Se considera una actividad ilícita y puede estar sujeta a investigaciones por posibles incumplimientos de normativas, como las relacionadas con el blanqueo de capitales.
Si (
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