Consumo ha abierto un expediente sancionador a una gran empresa de telecomunicaciones por posibles prácticas abusivas que podrían haber perjudicado a consumidores vulnerables sin su consentimiento expreso. Si se confirman, las multas podrían alcanzar hasta 1.000.000 de euros por práctica o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito. Desde el sábado 17 de octubre de 2026, las llamadas comerciales deberán identificarse con el prefijo 400.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario por prácticas comerciales desleales hacia los consumidores. Las posibles sanciones podrían multiplicar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Este movimiento se enmarca dentro de la vigilancia del cumplimiento del nuevo real decreto-ley de vivienda, que exige a las plataformas inmobiliarias incluir información clave en sus anuncios, como el índice de referencia del precio del alquiler. La Dirección General de Consumo inició la investigación tras recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, marcando un precedente en la responsabilidad directa de las plataformas en estas infracciones.
Una nueva reforma del Real Decreto-ley 7/2026, en vigor desde el 1 de julio de 2026, establece un control más estricto sobre el mercado de carburantes en España. Esta normativa incluye la creación de una lista pública para identificar gasolineras que se beneficien indebidamente de ayudas estatales, permitiendo a los consumidores presentar reclamaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará los márgenes de beneficio de todas las estaciones, buscando anomalías en los precios que no correspondan a un aumento real de costos. Las gasolineras deberán habilitar canales accesibles para reclamaciones y facilitar información sobre distribuidores mayoristas cuando corresponda. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores y prevenir abusos en el sector.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado cartas a más de 500 empresas que gestionan más de 50 viviendas cada una, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida, enmarcada en el Real Decreto-ley 8/2026, afecta a los arrendamientos con vencimiento entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La normativa busca proteger a los inquilinos en un contexto económico complicado y establece que la prórroga puede ser renovada por hasta dos años adicionales bajo las mismas condiciones del contrato vigente. Además, se destaca que el 61% del mercado del alquiler está controlado por multiarrendadores, lo que subraya la importancia de estas medidas para garantizar derechos a los arrendatarios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que Airbnb debe pagar 64.055.311 euros por una multa impuesta por el Ministerio de Consumo en diciembre de 2025. Esta sanción se debió a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia y prácticas comerciales engañosas. En total, se identificaron infracciones en 65.122 anuncios, lo que llevó a la retirada de 65.000 publicaciones ilegales en julio de 2025. La decisión del tribunal rechaza la solicitud de Airbnb para suspender el pago de la multa, aunque la empresa aún puede presentar un recurso ante el mismo tribunal.
El Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que permite topar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, con el objetivo de proteger a los consumidores de abusos. Esta normativa, impulsada por Pablo Bustinduy, establece que los precios no podrán exceder el máximo registrado en los 30 días anteriores ni superar en un 50% el promedio de esos precios. La medida se aplicará no solo en emergencias declaradas, sino también en otras circunstancias determinadas por el Consejo de Ministros. Además, se garantiza la devolución automática de importes cobrados en exceso y se introducen criterios para permitir incrementos justificados por costos adicionales sin aumentar márgenes para los operadores.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre anuncios de viviendas en alquiler en grandes portales inmobiliarios que podrían estar ofreciendo precios superiores a los regulados por la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta ley exige que los anuncios incluyan información clara sobre los precios, especialmente en zonas tensionadas, y establece sanciones por prácticas desleales. La medida busca garantizar la transparencia en el mercado de la vivienda y proteger a los consumidores.
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Las autoridades de consumo europeas han implementado nuevas medidas para regular el uso de objetos de pago virtual en videojuegos, a través de la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (Red CPC). Estas acciones buscan garantizar la transparencia en los precios, evitar costos ocultos y proteger el derecho de desistimiento. Las empresas deben proporcionar información clara antes de las compras y asegurar que no se obligue a los jugadores a adquirir objetos virtuales. Además, se enfatiza la necesidad de proteger especialmente a las personas vulnerables, incluyendo a los menores. Esta iniciativa se dirige a diversas compañías del sector tras un análisis que identificó varios juegos problemáticos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por prácticas abusivas. La sanción se debe al cobro de una tasa entre 33,88 € y 45 € por la gestión de multas de tráfico impuestas a sus clientes mientras alquilaban vehículos. Esta práctica fue considerada abusiva ya que la identificación del conductor responsable es una obligación legal que no debería repercutir en el consumidor. La resolución concluye que Avis ha persistido en esta conducta ilícita, a pesar de haber sido declarada abusiva en sentencias anteriores. La denuncia fue presentada por la Asociación EKA/ACUV y, aunque se agota la vía administrativa, la empresa puede recurrir ante los tribunales.
España se une a Francia, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Suiza en una declaración institucional para fortalecer la supervisión de las apuestas deportivas y los mercados predictivos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este compromiso busca garantizar la protección del consumidor y la integridad de las apuestas, vigilando el cumplimiento de normativas sobre publicidad y licencias. Las autoridades también prestarán especial atención a las plataformas de mercados de predicción que operan sin autorización legal. La colaboración entre estos países se mantendrá tras el torneo para promover un entorno de juego seguro y responsable.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un protocolo para mejorar el análisis del mercado de la vivienda en España. Este acuerdo permitirá compartir herramientas, datos y capacidades de investigación, enfocándose en las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa de viviendas. La colaboración comenzará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad, que incluirá estudios sobre el impacto social y económico del mercado inmobiliario. El protocolo tiene una duración inicial de un año y busca fortalecer la capacidad pública para evaluar políticas relacionadas con el acceso a la vivienda.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha inaugurado las jornadas "Comer sano no es un tema menor" en el Congreso de los Diputados, donde se abordó el preocupante consumo de bebidas energéticas entre adolescentes. Un estudio revela que casi el 40% de los jóvenes de 14 a 18 años consume estas bebidas, con un mayor porcentaje entre chicos. Bustinduy anunció una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y destacó los efectos nocivos que pueden causar, como hipertensión e insomnio. Además, se informó que un 15% de estos adolescentes mezcla estas bebidas con alcohol, aumentando los riesgos para la salud. La jornada contó con la participación de expertos en salud y nutrición, quienes enfatizaron la necesidad de crear entornos seguros para la infancia y abordar problemas como la obesidad infantil.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo está promoviendo una nueva regulación en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible para prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz. Esta normativa, que se encuentra en tramitación, busca evitar que las empresas utilicen precios dinámicos para aumentar tarifas durante crisis. La regulación obligará a las compañías a informar con antelación sobre sus precios y garantizará derechos a los pasajeros afectados, incluyendo la obligación de ofrecer transporte alternativo o reembolsar gastos razonables si no se proporciona dicha alternativa.
El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha lanzado una ambiciosa campaña de monitorización y vigilancia para este Black Friday, con el objetivo de investigar posibles rebajas engañosas por parte de grandes empresas. La Dirección General de Consumo llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de precios y prácticas comerciales desleales, como precios ocultos, tácticas de venta bajo presión y comparaciones engañosas. Esta iniciativa se enmarca en la protección de los derechos del consumidor y busca garantizar que ninguna empresa infrinja la ley. La campaña se centrará especialmente en el comercio electrónico y sectores como textil, juguetes y tecnología.
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