Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha declarado en el VII Foro Internacional “Expansión” que la imputación de un ex presidente del Gobierno, en este caso Rodríguez Zapatero, marca un momento crítico en la democracia española. Feijóo señala que los presuntos delitos implican complicidad con el Consejo de Ministros y considera que España atraviesa una etapa "muy dura". Critica al actual Gobierno por su gestión durante la pandemia y su política de vivienda, prometiendo construir un millón de casas para abordar el déficit habitacional. Además, destaca el cambio sociológico en España y la necesidad de que el PP sea una alternativa responsable ante la situación actual.
Daniel Pérez, diputado del Grupo Popular, critica al presidente Pedro Sánchez por intentar convalidar el Real Decreto Ley sobre el alquiler, argumentando que lo hace por miedo a perder el poder y a sus socios. En el Pleno del Congreso, Pérez sostiene que este decreto no responde a una necesidad real, sino a la improvisación y la supervivencia política del Gobierno. Denuncia que las políticas actuales han convertido la vivienda en un problema crítico para los españoles y han enfrentado a propietarios e inquilinos. Además, critica la falta de soluciones efectivas y promete un modelo alternativo centrado en aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso para los jóvenes.
El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, criticó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmando que su gestión está condenando a una generación de jóvenes a la precariedad. Durante un debate, cuestionó si es más fácil para los jóvenes acceder a una vivienda ahora en comparación con hace ocho años y denunció la falta de construcción de viviendas prometidas por el Gobierno. Además, señaló que muchos jóvenes no pueden independizarse y acusó al Ejecutivo de no abordar adecuadamente el problema de la vivienda, centrándose en culpar a otros en lugar de ofrecer soluciones efectivas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un protocolo para mejorar el análisis del mercado de la vivienda en España. Este acuerdo permitirá compartir herramientas, datos y capacidades de investigación, enfocándose en las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa de viviendas. La colaboración comenzará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad, que incluirá estudios sobre el impacto social y económico del mercado inmobiliario. El protocolo tiene una duración inicial de un año y busca fortalecer la capacidad pública para evaluar políticas relacionadas con el acceso a la vivienda.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presentado un conjunto de medidas para proteger a los consumidores ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Durante el acto por el Día de las Personas Consumidoras, Bustinduy destacó la necesidad de un escudo energético para salvaguardar a las familias vulnerables y propuso intervenir en el mercado de vivienda para abordar la crisis del alquiler. También abogó por regular los márgenes de beneficio de las grandes empresas para garantizar que las políticas fiscales beneficien realmente a los ciudadanos. Estas iniciativas se enmarcan en un esfuerzo mayor por promover un consumo responsable y defender los derechos de los consumidores en España.
El Parlamento Europeo ha aprobado un informe del Partido Popular que establece las bases para una política europea de vivienda. Este informe, liderado por el eurodiputado Borja Giménez Larraz, aborda la crisis de la vivienda en Europa, destacando la necesidad urgente de construir más viviendas y reducir la burocracia en los permisos de construcción. Se estima que se requieren 650,000 nuevas viviendas anualmente en la próxima década. El informe también condena la ocupación ilegal y propone un Plan de Acción Europeo para apoyar a jóvenes y familias vulnerables en el acceso a la vivienda. Además, se busca mejorar la recopilación de datos sobre vivienda para evaluar políticas efectivas.
El Partido Popular (PP) ha responsabilizado al Gobierno de España del "caos" en los servicios públicos, destacando que estos atraviesan una "emergencia nacional". En una reciente rueda de prensa, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, criticó la corrupción que afecta al Ejecutivo, afirmando que ha llevado a sectores como el ferroviario y sanitario a una situación crítica. Además, el PP exigió un plan urgente para el mantenimiento de infraestructuras y anunció interpelaciones al ministro de Transportes sobre la situación actual. Fúnez también vinculó las promesas del Gobierno en materia de vivienda con intentos de desviar la atención de casos de corrupción. El partido se comprometió a impulsar la construcción de un millón de viviendas y a dialogar con el sector médico para abordar sus demandas.
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El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Bendodo, ha denunciado las "llamadas falsas" del PSOE que suplantan al Servicio Andaluz de Salud y ha criticado a María Jesús Montero por no haber pedido perdón tras calificar la muerte de dos guardias civiles en Huelva como un "accidente laboral". Bendodo también ha recordado el impacto negativo de la fusión hospitalaria impulsada por Montero y ha resaltado los logros del gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda. Además, ha acusado al PSOE de frenar la Ley de Vivienda del PP y de incumplir promesas relacionadas con la construcción de viviendas.
El Partido Popular (PP) critica al Gobierno de Sánchez tras la derrota del decreto sobre alquileres, afirmando que ha perdido el control en la gestión de vivienda. La senadora Paloma Martín señala que las políticas actuales generan escasez de casas y miseria, afectando especialmente a familias con rentas medias y bajas. Acusa al Gobierno de no contar con el apoyo ni de sus socios ni de expertos, y presenta informes que rechazan la intervención en el mercado inmobiliario. El PP demanda reformas urgentes para facilitar la construcción de viviendas y mejorar la situación del sector, argumentando que las políticas actuales han incrementado los precios de la vivienda entre un 50% y 60%, exacerbando la desigualdad social.
El 61% del mercado del alquiler en España está dominado por multiarrendadores y personas jurídicas, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Este estudio revela que solo el 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a pequeños caseros con un único inmueble. Más de la mitad del alquiler particular está en manos de aquellos que poseen dos o más propiedades, siendo este porcentaje aún mayor en grandes ciudades como Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. En la última década, los multiarrendadores han incrementado su número de viviendas alquiladas en un 39,9%, superando el crecimiento de los pequeños caseros. Este cambio refleja una concentración creciente del mercado en manos de unos pocos arrendadores.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Durante un Comité de Dirección, Bravo exigió al Gobierno explicaciones sobre el uso de dinero público en estos rescates, señalando que se ha beneficiado a políticos y causas políticas. Criticó la gestión económica del Gobierno de Sánchez, acusándolo de corrupción y de afectar negativamente a la dignidad institucional y al bolsillo de los ciudadanos. Además, destacó el inicio del juicio por el caso Ábalos y Koldo, donde se investigan responsabilidades por corrupción que podrían implicar penas de más de 400 años de cárcel. También mencionó el aumento significativo en la recaudación fiscal bajo el actual gobierno, a pesar del deterioro en servicios públicos y la crisis habitacional.
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pasar de las "pancartas" a propuestas concretas, como las rebajas fiscales planteadas por Alberto Núñez Feijóo para ayudar a las familias en medio de la inflación. Durante su intervención en las Juntas Generales del PP en el País Vasco, Bendodo criticó la gestión del Gobierno en temas como la vivienda y la política exterior, enfatizando la necesidad de apoyar a los aliados europeos y de tener un enfoque más responsable. También defendió un plan de inmigración que favorezca la integración y el respeto a las normas españolas.
El Partido Popular ha presentado una serie de medidas urgentes para abordar el deterioro de las clases medias en España, que han visto caer su poder adquisitivo debido a políticas del Gobierno desde 2018. La propuesta incluye la actualización del IRPF a la inflación, un plan de vivienda inmediato y la eliminación de impuestos que afectan a la clase media. Según el análisis del PP, los salarios se han estancado y la presión fiscal ha alcanzado niveles récord, lo que agrava la situación económica. Además, se destaca que el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil y que muchos trabajadores viven en riesgo de pobreza. El PP enfatiza que es crucial recuperar la prosperidad para asegurar el bienestar de las familias y fortalecer la clase media.
El Partido Popular ha presentado 134 iniciativas en el Congreso para exigir al Gobierno explicaciones sobre la ejecución de los fondos europeos, específicamente del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y los Fondos Next Generation. Solicitan la comparecencia de todos los ministros para que detallen la gestión en sus áreas, así como un informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las deficiencias en la supervisión de estos fondos. El PP critica la reducción del presupuesto destinado a vivienda social y cuestiona por qué no se han utilizado fondos significativos para crear plazas de acogida. Además, denuncian que el Gobierno ha renunciado a una parte considerable de los fondos disponibles, lo que limita las inversiones en sectores clave y afecta el crecimiento económico sostenible del país.
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