El Consejo de Ministros ha nombrado a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Campos, con más de 20 años de experiencia en la administración pública y una sólida formación académica, se compromete a actuar con independencia y transparencia. Su mandato se centrará en actualizar la normativa, fomentar la cooperación entre entidades y aprovechar la tecnología para mejorar el acceso a la información pública. Este cargo tiene una duración de cinco años y es incompatible con otros puestos en la Administración General del Estado.
España se sitúa por encima de la media de la OCDE en términos de integridad pública y lucha contra la corrupción, según el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE. Este informe destaca que España ha implementado un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, logrando altos niveles de cumplimiento en la gestión de conflictos de intereses y acceso a información pública. A pesar de los avances, se identifican áreas de mejora, como la aprobación de leyes relacionadas con grupos de interés y una mayor implementación práctica en ciertos indicadores. La evaluación positiva del marco regulatorio y las iniciativas adoptadas subraya el compromiso del país con la transparencia y la integridad institucional.
El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso para abordar el deterioro del sistema ferroviario en España. Los populares denuncian un "colapso permanente" caracterizado por retrasos y una disminución en la calidad del servicio, lo que afecta a millones de usuarios y tiene repercusiones negativas en la economía y el turismo. Además, han pedido aclaraciones sobre el accidente de Adamuz, mencionando la posible ocultación de información por parte del Gobierno. El PP exige transparencia y medidas urgentes para mejorar la seguridad y fiabilidad del transporte ferroviario.
Cuando la seguridad del Estado se subordina a la supervivencia política.
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha criticado la actuación de Óscar Puente y miembros de Adif tras el accidente ferroviario de Adamuz, exigiendo explicaciones en lugar de una presentación superficial. Durante una rueda de prensa, denunció que se llevaron pruebas sin autorización judicial y solicitó la comparecencia del presidente de Adif, quien aún no ha respondido a su compromiso. Muñoz también cuestionó la falta de transparencia del Gobierno actual, sugiriendo que debería desclasificar documentos relevantes en lugar de centrarse en asuntos históricos. Además, abordó las negociaciones con Vox, instando a un acuerdo claro y transparente entre las fuerzas políticas del centro-derecha para evitar futuras elecciones.
El Ministerio de Sanidad ha comenzado los trámites para un nuevo Real Decreto que busca unificar y modernizar el sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Este cambio es necesario debido a la evolución de los modelos asistenciales y las limitaciones del marco actual, que no refleja adecuadamente la complejidad de los procesos asistenciales ni permite una comparación efectiva entre comunidades autónomas. La nueva normativa incluirá indicadores específicos para la atención primaria y la salud mental, con el objetivo de mejorar la transparencia y la planificación en el acceso a servicios sanitarios, así como analizar las causas de las demoras en la atención.
El Congreso de los Diputados ha ratificado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que establece por primera vez estándares de calidad para la atención al cliente en España. Esta ley busca proteger a los consumidores de abusos, regulando aspectos como la prohibición de llamadas no consentidas y gastos inesperados, y garantizando una atención telefónica gratuita y accesible. Las empresas deberán atender reclamaciones en un plazo máximo de 15 días y evitar renovaciones automáticas sin previo aviso. La norma entrará en vigor el 27 de diciembre de 2025, exigiendo a las empresas adaptarse en un año. Además, se prohíbe la compraventa de reseñas y se establecen medidas para garantizar la transparencia en los precios y servicios ofrecidos.
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El Gobierno ha celebrado la designación de Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras su aprobación por el Congreso de los Diputados. Campos, con más de 20 años de experiencia en la administración pública, se compromete a ejercer su cargo con independencia y transparencia. Su mandato se centrará en actualizar la normativa, fomentar la cooperación con otras entidades y aprovechar la tecnología para mejorar la transparencia en el sector público español. Campos destaca la importancia del Consejo como garante del derecho a la información y promotor de una cultura de transparencia. Su trayectoria incluye roles significativos en iniciativas de transparencia y buen gobierno a nivel local y nacional.
El Observatorio Contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria ha completado una evaluación estratégica de nueve organismos clave del Ministerio de Sanidad, identificando 317 indicadores de riesgo y validando 287 medidas preventivas. Este análisis abarca instituciones como la AEMPS y la ONT, destacando la importancia de la colegialidad en la toma de decisiones para prevenir conflictos de interés. El informe resalta que el sistema de integridad del ministerio se encuentra en un nivel de excelencia comparable al de agencias europeas, con un enfoque robusto en transparencia y gestión ética. Se proponen 33 medidas para mejorar políticas internas y fortalecer la prevención de riesgos en el sector sanitario.
El Partido Popular (PP) ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que nunca ha habido un gobierno tan opaco en España en los casi 50 años de democracia. Durante una interpelación al ministro Félix Bolaños, el senador Luis Martínez Portillo criticó la ausencia de rendición de cuentas y el acceso limitado a la información pública. Martínez Portillo exigió claridad sobre temas como el número de asesores del presidente y los acuerdos con partidos independentistas, señalando que los ciudadanos tienen derecho a conocer estos detalles. Además, destacó la opacidad en cuestiones como los gastos en viajes oficiales y el rescate de Plus Ultra, así como otros incidentes relacionados con la gestión del Gobierno.
El Gobierno español ha propuesto a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras el vencimiento del mandato anterior. Campos, doctora en Derecho y con más de 20 años de experiencia en la administración pública, deberá obtener el refrendo del Congreso de los Diputados. Su trayectoria incluye roles clave en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como su actual labor como consultora y profesora asociada. El presidente del consejo tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y deberá cumplir con un régimen de incompatibilidades específico para altos cargos.
El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que explique la gestión del nuevo Fondo Soberano "España Crece", en el contexto del fracaso de los fondos Next Generation. El PP exige claridad sobre la estructura, funcionamiento y criterios de ejecución de este fondo, así como sobre los riesgos financieros que podría asumir el Estado. Además, ha presentado 37 preguntas al Gobierno sobre la metodología económica utilizada para estimar un efecto multiplicador que permita movilizar hasta 120.000 millones de euros. La oposición critica la falta de transparencia y los mecanismos de control necesarios para garantizar una adecuada gestión de los recursos, especialmente tras las renuncias a inversiones en sectores clave.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se presentó ante la Comisión del Congreso para ofrecer detalles sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, enfatizando el compromiso del Gobierno con la transparencia. Durante su comparecencia, Puente abordó las circunstancias del accidente de Adamuz, destacando que la circulación de trenes fue interrumpida inmediatamente debido a un corte eléctrico. También informó sobre las investigaciones en curso para esclarecer lo sucedido y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en Rodalies de Cataluña tras el accidente de Gelida. El ministro defendió las inversiones del Gobierno en Rodalies, resaltando un aumento significativo en el presupuesto destinado a mejorar la infraestructura y renovar la flota de trenes.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha garantizado la máxima transparencia sobre el reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Durante una rueda de prensa, Puente destacó el despliegue de recursos del Ministerio desde el inicio del siniestro y anunció su comparecencia ante el Congreso para ofrecer detalles sobre el incidente. El ministro hizo un llamado a la confianza en la red ferroviaria española, subrayando las inversiones realizadas para mejorar el servicio. También expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias, asegurando que se mantendrá apoyo continuo para los afectados.
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