Israel

Los ataques israelíes a sitios educativos en los territorios palestinos ocupados son considerados crímenes de guerra, según la Comisión Investigadora de la ONU. Este grupo de expertos en derechos humanos denuncia una serie de atrocidades y exige a Israel que detenga estos abusos y cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. La situación se torna crítica, con llamados urgentes para proteger los derechos humanos en la región.

La ONU ha instado a aumentar la ayuda humanitaria en Gaza, donde tras casi tres meses de bloqueo total por parte de Israel, se permitió la entrada de una cantidad de asistencia considerada "extremadamente insuficiente". La organización no está involucrada en el plan de ayuda propuesto por Israel.

El sufrimiento de los gazatíes se intensifica debido a los crecientes ataques israelíes, mientras que los equipos humanitarios advierten sobre la insuficiencia de la ayuda recibida. La agencia de agricultura y alimentación informa que menos del 5% de las tierras de cultivo en Gaza están disponibles, lo que agrava la crisis humanitaria en la región.

La ONU ha obtenido autorización para el ingreso de un centenar de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, tras la reciente relajación del bloqueo impuesto por Israel. A pesar de este avance, las agencias humanitarias advierten que la asistencia sigue siendo insuficiente frente a las enormes necesidades de la población. Cada hora, una mujer o niña pierde la vida debido a los ataques israelíes, lo que subraya la urgencia de incrementar la ayuda en la región.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha declarado en Barcelona que su partido estará "absolutamente vigilante" para asegurar el cumplimiento del acuerdo que prohíbe cualquier transacción comercial de material bélico entre España e Israel. Durante una rueda de prensa, Maíllo destacó la importancia de cancelar un contrato previo de 15 millones de balas a Israel y abogó por un debate estratégico sobre las políticas de defensa y seguridad en España. Criticó el aumento del gasto militar y la falta de un proyecto europeo de seguridad, proponiendo en su lugar un enfoque basado en la cooperación internacional y los derechos humanos.

Cientos de palestinos han muerto tras la reanudación de los bombardeos israelíes en Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la región, que eleva la cifra a 400. El líder de la ONU y el responsable de derechos humanos han condenado estos ataques y han instado a detener las operaciones militares. En respuesta a la crisis, el Consejo de Seguridad ha convocado una reunión para abordar la situación. Los bombardeos se producen después de dos semanas en las que Israel cerró la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

La ONU denuncia que el esquema israelí de distribución de ayuda en Gaza legitima una política de privación intencional. El coordinador humanitario de la ONU en los territorios palestinos ocupados destaca que la situación refleja un control extremo sobre la vida y los recursos en Gaza, evidenciado por el reciente hallazgo de una fosa común con 15 socorristas asesinados. Esta crítica subraya las graves implicaciones humanitarias del conflicto en la región. Para más información, visita el enlace: https://news.un.org/feed/view/es/story/2025/05/1539091.

Eva García Sempere, portavoz de Izquierda Unida, ha exigido al Gobierno español que actúe con rapidez tras asumir medidas contra Israel que su partido había solicitado hace meses. Sempere destacó la urgencia de implementar acciones como el embargo de armas y la suspensión del acuerdo entre la UE e Israel, en respuesta a la grave situación en Gaza y Cisjordania. A pesar de mostrar satisfacción por los avances, advirtió que se ha tardado demasiado tiempo en abordar este genocidio. La dirigente también mencionó un protocolo presentado por IU para prohibir el tránsito de material militar hacia Israel, instando a una acción inmediata y efectiva por parte del gobierno.

El Congreso de España ha aprobado por mayoría absoluta una proposición de ley impulsada por Izquierda Unida y el Grupo Plurinacional Sumar, que busca establecer un embargo integral de armamento al régimen de Israel. Con 176 votos a favor frente a 171 en contra, la iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa. Esta medida responde a la necesidad de una regulación más efectiva para frenar el genocidio contra el pueblo palestino y garantizar el cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas. La propuesta ahora pasa a la fase de enmiendas antes de su tramitación final en el Congreso. Para más detalles, visita el enlace.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, ha exigido a Israel la reanudación inmediata de la ayuda en Gaza. En su declaración, enfatizó la necesidad de una entrega rápida, segura y sin obstáculos para los civiles que requieren asistencia. La situación humanitaria en Gaza es crítica y requiere atención urgente.

El hambre afecta a una de cada cinco personas en Gaza, según expertos en seguridad alimentaria. A 19 meses del inicio del conflicto con Israel y tras 70 días sin ayuda humanitaria, el 15% de la población en Rafah, Gaza del Norte y la ciudad de Gaza enfrenta condiciones de hambruna. Los precios de productos básicos han aumentado drásticamente, con un incremento del 3000% en el costo de un saco de 25 kilos de harina desde febrero. Esta crisis alimentaria agrava la situación humanitaria en la región.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus, emitiendo una orden europea de investigación. Esta medida busca profundizar en el intercambio de datos sobre el control interno del software desarrollado por NSO Group y las indagaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Además, Calama ha reiterado su solicitud a Israel para obtener información y la declaración del CEO de NSO Group, crucial para identificar a los responsables de las infecciones sufridas por dispositivos móviles de altos funcionarios españoles. La investigación se enmarca en el caso Pegasus, que involucra a varios ministros del Gobierno español.