El Partido Popular ha presentado un escrito de amparo al Senado tras la notable ausencia de 13 ministros en el próximo control, lo que representa el 60% del Gobierno. La portavoz del grupo, Alicia García, denuncia que esta situación es sin precedentes en la democracia española y evidencia un boicot del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Parlamento. García critica que los ministros no están cumpliendo con su deber de rendir cuentas ante las Cortes, lo que refleja una falta de transparencia y una obstrucción parlamentaria. El PP exige respuestas sobre temas cruciales para los ciudadanos, pero considera que es imposible debido a la constante ausencia de los miembros del Gobierno en estas sesiones.
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de 13 ministros para esclarecer los bajos niveles de ejecución de los fondos europeos, a solo cuatro meses de que finalice el programa Next Generation. Denuncian que 12 de los 22 ministerios han realizado menos del 32% de los pagos y han presentado 110 preguntas para exigir respuestas sobre la gestión de estos fondos. A pesar de que España recibió 163.014 millones de euros, el Gobierno ha renunciado a más de 60.000 millones y ha reducido inversiones clave. El PP critica la falta de avance en el cumplimiento de compromisos y señala problemas en áreas como vivienda, cambio climático y proyectos energéticos, lo que pone en duda la efectividad del uso de estos fondos.
En una interpelación en el Pleno del Senado, la portavoz de Justicia del GPP, Pepa Pardo, acusó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de liderar un "linchamiento público" contra jueces que emiten resoluciones desfavorables. Pardo criticó la falta de respeto hacia la independencia judicial y la separación de poderes, señalando que Bolaños ha presionado a la judicatura y ha atacado a jueces como Peinado. Denunció que su gobierno está en guerra con la justicia y cuestionó su moralidad al sostenerse con los votos de figuras controvertidas. Las asociaciones judiciales han calificado sus ataques como "inadmisibles", advirtiendo sobre el deterioro democrático bajo su gestión.
El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno que cese la vulneración de la legalidad constitucional y reduzca el IVA a los servicios de peluquería, barbería y estética. La senadora Rosa Sánchez Gándara planteó esta demanda durante una sesión de control al ministro de Hacienda, destacando el impacto negativo que la pandemia tuvo en este sector, con más de 52.000 empleos perdidos y miles de negocios cerrados. A pesar de que en 2021 se aprobó una enmienda para restituir el IVA al 10%, el Ejecutivo vetó esta medida, lo que fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional. Sánchez Gándara cuestiona la falta de apoyo del Gobierno hacia estos profesionales y reclama una acción inmediata para cumplir con la sentencia del tribunal y aliviar la carga fiscal sobre un sector considerado vital para la sociedad.
El Partido Popular ha presentado una moción en el Senado para que el Gobierno considere las propuestas de los militares al declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. La iniciativa busca crear una Comisión de Trabajo Temporal que incluya a asociaciones profesionales y garantice un diálogo efectivo con los militares, evitando desigualdades en la regulación. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, enfatiza la necesidad de escuchar a los profesionales del sector y critica la falta de transparencia del Ministerio de Defensa. Además, el PP ha promovido esta consideración a nivel europeo para mejorar derechos laborales y condiciones para los militares y otros colectivos en situaciones similares.
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes que accedan a ayudas públicas. En una Comisión de Política Territorial, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para detectar empadronamientos fraudulentos y garantizar una gestión más rigurosa de la inmigración. Además, criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno sin la debida comunicación a las autoridades europeas, acusándolo de despreciar la colaboración con administraciones locales y autonómicas. Bendodo enfatizó la necesidad de establecer un control efectivo y seguridad jurídica en materia migratoria.
El Partido Popular (PP) exige la dimisión del ministro Félix Bolaños tras sus críticas al juez Peinado, en el contexto del procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez. Fernando de Rosa, diputado del GPP, argumenta que el ataque a los jueces por parte del Gobierno pone en riesgo la independencia judicial y cuestiona el Estado de Derecho. Además, critica las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que han debilitado el Poder Judicial y denuncia un pacto con socios políticos para perseguir a los jueces. La diputada Silvia Franco también señala la falta de atención del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género, instando a reforzar los tribunales para mejorar su situación.
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El Partido Popular (PP) ha acusado al Gobierno de agravar el conflicto sanitario y ha exigido una rectificación inmediata a la ministra de Sanidad, Mónica García. Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, los senadores del PP, Enrique Ruiz Escudero y José Manuel Aranda, criticaron la gestión de la ministra, señalando improvisación y falta de diálogo en las negociaciones con los médicos. Además, denunciaron el aumento de las listas de espera y la falta de un plan estratégico para abordar el déficit de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Aranda también destacó las irregularidades en la convocatoria del MIR 2026, calificándola como caótica y perjudicial para los aspirantes. El PP exige una reforma seria del Estatuto Marco para mejorar las condiciones laborales y recuperar la confianza en el sistema sanitario.
Arenales Serrano, portavoz de Empresa del Grupo Parlamentario Popular y senadora por Valladolid, critica duramente al Gobierno por su trato hacia los autónomos, acusándolo de corrupción y expolio fiscal. Durante una sesión de control al ministro de Hacienda, Arcadi España, Serrano subrayó la importancia de los autónomos en la economía española, representando el 16% del PIB. Denunció el aumento desproporcionado de las cuotas de la Seguridad Social y las dificultades que enfrentan, como perder pensiones por impagos. La senadora enfatizó que los autónomos solo desean libertad para trabajar y no ayudas ni subvenciones.
El Gobierno de España ha propuesto ampliar el Servicio Universal de Telecomunicaciones a 800.000 hogares, aumentando la velocidad mínima de conexión fija a internet de 10 Mbps a 100 Mbps. Con esta medida, España se convertiría en el primer país europeo en ofrecer esta velocidad dentro del servicio universal. La propuesta también incluye nuevas funcionalidades para personas con diversidad funcional y descuentos en tarifas para usuarios de bajos ingresos, incluyendo a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital. Este nuevo régimen está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), afirmó en la clausura de la Intermunicipal del PP en Andalucía que es posible ofrecer servicios eficientes mientras se reduce la carga fiscal. Destacó el caso de Andalucía como un ejemplo donde la disminución de impuestos ha impulsado la actividad económica y mejorado la calidad de vida. Feijóo subrayó que en regiones con más presencia del PP hay mayor estabilidad y mejores presupuestos, contrastando con un gobierno actual que opera sin aprobar cuentas. También defendió la igualdad entre ciudadanos y criticó el aumento de impuestos bajo el gobierno de Pedro Sánchez, proponiendo al PP como una alternativa para una gestión más eficaz y menos corrupción en España.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, interpeló al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso, cuestionando si este año se presentarán los presupuestos o si se repetirá la falta de transparencia que caracterizó a María Jesús Montero. Bravo criticó al Gobierno por cinco años de "rebeldía presupuestaria", acusándolo de aumentar la deuda y los impuestos mientras los servicios públicos empeoran. Subrayó que 22 millones de españoles con ingresos entre 20.000 y 60.000 euros anuales serán los más afectados por futuras subidas impositivas. Además, instó a España a implementar reformas fiscales y a no seguir las prácticas engañosas de sus predecesores para recuperar la credibilidad del Ejecutivo.
La nueva oficina para tramitar solicitudes de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia ya está operativa. Este sistema pionero, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recibirá solicitudes a través de su sede electrónica y ofrecerá orientación por correo electrónico y teléfono. Las propuestas de reparación serán elaboradas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo y deberán ser aceptadas por todas las partes involucradas. Este mecanismo es accesible para víctimas cuyos casos están prescritos y que no pueden recurrir a la vía judicial.
El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que mejora el acceso judicial a pruebas electrónicas en la Unión Europea, facilitando la labor de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal obligará a los prestadores de servicios digitales a designar representantes para gestionar solicitudes de obtención y preservación de datos relevantes en investigaciones penales. Con esta medida, se busca agilizar el proceso judicial en el ámbito digital, adaptándose a las necesidades actuales donde las pruebas electrónicas son fundamentales. El anteproyecto forma parte del paquete e-evidence europeo, que refuerza la cooperación judicial en la UE.
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