Gobierno

El Gobierno de España ha modificado las condiciones de la licitación del concierto sanitario de MUFACE, aumentando la financiación en 330 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027. Esta modificación busca garantizar la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, incrementando las primas especialmente para los grupos etarios que requieren mayor atención. El presupuesto total del contrato asciende a 4.808,5 millones de euros. Hasta que se adjudique el nuevo concierto, los mutualistas mantendrán su asistencia sanitaria bajo las condiciones actuales.

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley que mejora la compatibilidad de las pensiones con el trabajo, regulando las modalidades de jubilación activa y parcial. Esta reforma, impulsada por el Consejo de Ministros, busca facilitar una transición más flexible al mercado laboral para los pensionistas actuales y futuros. Entre las principales novedades se incluye la eliminación del requisito de carrera de cotización completa para acceder a la jubilación activa y la ampliación del periodo de anticipación para la jubilación parcial. Además, se establecen incentivos adicionales por demoras en la jubilación y mejoras en las condiciones para trabajadores fijos discontinuos. Estas medidas entrarán en vigor el 1 de abril de 2025 y forman parte del proceso de reformas iniciado en 2021 para adaptar el sistema de pensiones a las necesidades laborales actuales.

El Gobierno de España ha ampliado las medidas agrarias para ayudar a los agricultores valencianos afectados por la dana, incluyendo a aquellos de municipios colindantes con daños en sus explotaciones. Esta decisión se enmarca en un Real Decreto-ley que establece ayudas valoradas en 444,5 millones de euros para el sector agroalimentario. Los agricultores deberán informar al Ministerio de Agricultura sobre los daños sufridos, preferentemente a través de sus Ayuntamientos. Las ayudas incluyen 200 millones de euros en fondos directos, así como reparaciones y reposición de maquinaria agrícola dañada. Esta medida busca atender a las parcelas gravemente afectadas que no estaban inicialmente reconocidas.

El Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ha aprobado un plan de acción para eliminar barreras burocráticas que afectan a las empresas. En la primera reunión conjunta de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria, el ministro Carlos Cuerpo presentó el proyecto "Régimen 20", que busca reducir cargas administrativas y facilitar un mercado único eficiente. Se identificaron áreas con requisitos desproporcionados y se desarrollará una nueva Ordenanza Tipo para simplificar la apertura comercial. Además, se implementarán medidas para mejorar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y se trabajará en la eficiencia energética de edificios. Este plan se ejecutará a partir de 2025.

El Gobierno de España, a través del ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reafirmado su compromiso de restaurar la normalidad productiva en las zonas afectadas por la dana en Valencia. Se destinarán 444,5 millones de euros en ayudas, con un enfoque en compensar a más de 6.700 agricultores que han sufrido pérdidas significativas. Durante enero, el Fondo Español de Garantía Agraria comenzará a abonar estas ayudas directas. Además, se están llevando a cabo reparaciones en caminos rurales y comunidades de regantes, con un esfuerzo coordinado entre administraciones para mitigar los daños y asegurar la continuidad de la actividad agrícola en la región.

El Gobierno de España ha aprobado la activación del Mecanismo RED para el sector de la fabricación de vehículos de motor, con el objetivo de mantener el empleo durante dos años en las empresas que se acojan a esta medida. Este mecanismo permitirá que las empresas del sector y su cadena de valor enfrenten los desafíos del cambio hacia un modelo productivo más sostenible, garantizando la recualificación de sus trabajadores. Además, se ha prorrogado la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se han extendido los ERTE en La Palma. La automoción es clave para la economía española, representando un 10% del PIB y generando aproximadamente 200,000 empleos directos.

El Gobierno de España ha decidido prorrogar las medidas del escudo social para proteger a los consumidores vulnerables y a la industria electrointensiva, según un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. Estas medidas incluyen la prohibición de interrumpir suministros básicos como agua, luz y gas hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se mantienen los descuentos en el bono social de electricidad, que se incrementaron durante la crisis energética, con una reducción del 50% para consumidores vulnerables a partir del 1 de enero de 2025. También se extienden las ayudas para la movilidad sostenible y se mantiene el programa Moves III hasta junio de 2025, promoviendo la compra de vehículos eléctricos y mejoras en eficiencia energética.

El Congreso de España ha convalidado un tercer paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros para los afectados por la DANA, sumando más de 16.000 millones en total. Este nuevo Real Decreto-ley, aprobado el 28 de noviembre, incluye 60 medidas centradas en vivienda, empleo y vehículos. Destacan programas como Plan Reinicia Auto+ para la compra de vehículos destruidos durante la catástrofe y Plan Reinicia+ para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Además, se implementan modificaciones laborales para proteger a los trabajadores y se destinan fondos específicos para personas con discapacidad y jóvenes en edad escolar.

El Gobierno de España, en colaboración con los sindicatos CCOO y UGT, ha acordado recuperar el derecho a la jubilación parcial para empleados públicos. Esta modalidad permitirá a los trabajadores compatibilizar un empleo a tiempo parcial con el cobro de parte de su pensión, revertiendo una medida eliminada en 2012. El acuerdo busca igualar las condiciones entre el sector público y privado y facilitar la transferencia de conocimientos entre generaciones. Se prevé que la regulación se ajuste a la legislación vigente en materia de Seguridad Social, garantizando que no genere costes adicionales al presupuesto público.