Alberto Núñez Feijóo anunció en Barcelona que Xavier García Albiol será el ponente de la próxima Ley Antiokupa del PP en el Congreso a partir del 29 de noviembre. El líder popular también criticó al PSOE y defendió las propuestas de su partido sobre vivienda e impuestos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario por prácticas comerciales desleales hacia los consumidores. Las posibles sanciones podrían multiplicar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Este movimiento se enmarca dentro de la vigilancia del cumplimiento del nuevo real decreto-ley de vivienda, que exige a las plataformas inmobiliarias incluir información clave en sus anuncios, como el índice de referencia del precio del alquiler. La Dirección General de Consumo inició la investigación tras recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, marcando un precedente en la responsabilidad directa de las plataformas en estas infracciones.
La noche del sábado 26 de septiembre, la Puerta del Sol volvió a convertirse en un grito de esperanza.
Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, aboga por un "cambio tranquilo, sensato y profundo" que encarna Alberto Núñez Feijóo para superar el "sanchismo". En una entrevista en Onda Cero, Sémper enfatiza la necesidad de unir a los españoles en un proyecto común y critica la gestión del Gobierno actual en temas como el acceso a la vivienda. Advierte que las próximas elecciones son cruciales para decidir entre continuar con la actual dinámica o optar por un cambio. Además, señala la importancia de restaurar la credibilidad institucional y critica el deterioro de infraestructuras y la falta de responsabilidad en el Gobierno. El PP busca una mayoría suficiente para gobernar en solitario, aunque está abierto a pactos si es necesario para garantizar estabilidad en España.
El pasado viernes 2 de octubre se debatieron en el Congreso dos decretos sobre el grave problema de la vivienda. Todas las encuestas lo sitúan en el primer lugar de lo que ocupa y preocupa a nuestros ciudadanos.
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas urgentes para abordar la crisis de acceso a la vivienda, que incluye la protección contra desahucios y la prórroga de contratos de alquiler. Estas medidas están dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y limitar la especulación inmobiliaria. Entre las principales acciones se encuentra la suspensión de desahucios para personas vulnerables hasta 2030, regulaciones más estrictas sobre alquileres temporales y un conjunto de incentivos fiscales para fomentar el uso residencial de viviendas. También se establece un nuevo mecanismo de financiación para la compra de primera vivienda y se busca movilizar viviendas vacías mediante recargos en el IBI. Este decreto será convalidado en el Congreso y tiene como objetivo mejorar la oferta de vivienda asequible y proteger a los inquilinos.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, critica al Gobierno de Sánchez por su inacción en materia de vivienda durante los últimos ocho años. En un discurso en Barcelona, Feijóo sostiene que un real decreto no puede solucionar problemas estructurales generados por una legislatura sin presupuestos. Denuncia el aumento del IPC y la carga fiscal sobre los ciudadanos, proponiendo diez compromisos económicos para abordar la crisis habitacional y mejorar la situación económica del país. Además, aboga por una reforma del sistema de financiación y un plan para construir un millón de viviendas en cuatro años, destacando la necesidad de colaboración con el sector privado y la simplificación administrativa.
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El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la realidad "la mafia de las películas". Esta declaración se produjo durante la Junta Directiva del PP en Málaga, donde denunció que las cloacas del PSOE habrían contactado con narcotraficantes en Badajoz para intimidar a la jueza Biedma, quien investiga al hermano de Sánchez. Bendodo subrayó que el próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones cruciales para la democracia en España y criticó la gestión del gobierno actual en temas como vivienda y el uso de instituciones públicas.
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha criticado la reciente huelga general, calificándola de "huelga política" manipulada por el Gobierno y el PSOE. En una entrevista en 'Espejo Público', destacó que la directora de campaña del PSOE reconoce que es una campaña contra el PP. Muñoz cuestiona la falta de convocatorias de huelgas generales en los últimos ocho años y argumenta que el actual Gobierno ha perjudicado a la clase media y a los trabajadores. También criticó las políticas de vivienda del Ejecutivo, afirmando que han empeorado la calidad de vida de los vulnerables y atacado a los propietarios.
El Partido Popular ha exigido en el Parlamento Europeo una ley de vivienda que facilite la construcción mediante licencias más ágiles y la reducción de impuestos, distanciándose del enfoque intervencionista promovido por la izquierda. Durante un debate sobre la propuesta de ley de vivienda asequible, el PP criticó las políticas actuales que han incrementado los precios de compra y alquiler en España, destacando la necesidad de aumentar la oferta de viviendas. Propusieron medidas como movilizar suelo, acelerar procesos burocráticos y crear incentivos fiscales para jóvenes, con el objetivo de abordar la crisis habitacional en Europa.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, critica al gobierno de Pedro Sánchez por el fracaso en la política de vivienda y propone construir 200.000 viviendas anuales, reducir impuestos y eliminar burocracia para mejorar el acceso a la vivienda. Durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, señaló que es difícil culpar a otros tras ocho años en el poder y destacó la necesidad de recuperar la confianza en España. También criticó la paralización de leyes importantes y mencionó los altos niveles de pobreza infantil y la falta de presupuestos aprobados por el gobierno actual. Feijóo aboga por una política exterior prooccidental y proeuropea, enfatizando que no se debe usar esta área para fines internos.
El portavoz del Partido Popular, Sémper, ha declarado en una entrevista que el Congreso y la sociedad han censurado al Gobierno de Sánchez, resaltando que los problemas en España, como la inflación y la falta de vivienda, son evidentes. Critica la gestión del presidente y promete que un futuro gobierno del PP se centrará en proteger las fronteras y abordar la crisis de vivienda. Además, denuncia la corrupción normalizada en el PSOE y se compromete a restaurar la separación de poderes e implementar reformas para beneficiar a todos los ciudadanos.
El portavoz del Partido Popular, Sémper, critica los decretos de vivienda del Gobierno, calificándolos de "despropósito en fondo y forma". En una entrevista, advierte que la solución al problema de la vivienda es compleja y no se resuelve con medidas superficiales. Sémper destaca la necesidad de construir un millón de viviendas para abordar la escasez actual y mejorar las oportunidades para los jóvenes. También señala que las políticas del Gobierno limitan el acceso a la vivienda para los más vulnerables y propone agilizar trámites administrativos y fomentar la propiedad. Además, expresa su preocupación por el impacto negativo de medidas como la prórroga indefinida de contratos de alquiler.
El Partido Popular ha denunciado el "colapso" del Gobierno en materia de vivienda, señalando que la situación se ha convertido en un "drama" para los jóvenes españoles. Durante una sesión de control, el portavoz adjunto del GPP, Sergio Sayas, criticó la falta de acción y planificación del Ejecutivo de Sánchez, al que acusó de gastar 1.500 millones en un portal inmobiliario que solo ofrece 800 viviendas. Asimismo, cuestionó la inversión de 13.000 millones en Casa 47, argumentando que podría haberse utilizado para construir 65.000 viviendas públicas. Sayas advirtió que este colapso no solo afecta al mercado inmobiliario, sino que también representa una amenaza para el Estado debido a los ataques a la seguridad jurídica y la independencia judicial.
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