El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado una nueva ley sobre mutualidades alternativas y la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que se presenta como más justa, segura y respetuosa con las carreras profesionales de miles de mutualistas. Durante el debate en el Senado, los portavoces del PP destacaron la importancia de mejorar la propuesta original del Gobierno y garantizar que quienes han cumplido con sus obligaciones no sean perjudicados. La senadora Rocío Dívar subrayó que esta ley responde a las expectativas de los mutualistas y exigió al Gobierno que apruebe un reglamento en un plazo máximo de tres meses. Gerardo Camps, otro portavoz del PP, enfatizó la necesidad de justicia para aquellos que han trabajado y cotizado, instando al Gobierno a aceptar las mejoras propuestas por el Senado para recuperar la confianza de los profesionales afectados.
España se sitúa por encima de la media de la OCDE en términos de integridad pública y lucha contra la corrupción, según el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE. Este informe destaca que España ha implementado un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, logrando altos niveles de cumplimiento en la gestión de conflictos de intereses y acceso a información pública. A pesar de los avances, se identifican áreas de mejora, como la aprobación de leyes relacionadas con grupos de interés y una mayor implementación práctica en ciertos indicadores. La evaluación positiva del marco regulatorio y las iniciativas adoptadas subraya el compromiso del país con la transparencia y la integridad institucional.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso el inicio del procedimiento para la extinción de cuatro fundaciones vinculadas al franquismo: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Urtasun destacó que un Gobierno democrático debe buscar verdad, reparación y justicia, además de informar sobre avances en la difusión de lenguas oficiales en las actividades del Ministerio. También se anunció que a partir de 2026 los Premios Nacionales de Literatura podrán reconocer obras escritas en lenguas estatutarias.
El Ministerio de Sanidad de España está desarrollando una nueva ley para regular el uso de big data en investigación y ensayos clínicos, con el objetivo de adaptar la legislación nacional al Reglamento Europeo sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud. Esta iniciativa incluye una consulta pública abierta hasta el 20 de octubre de 2025, donde se buscan aportaciones de ciudadanos y organizaciones. La ley abordará aspectos como los derechos sobre datos electrónicos de salud, la gobernanza del uso primario y secundario de estos datos, y la integración del sector privado en la historia clínica digital. También establecerá condiciones para el uso seguro de tecnologías digitales en la atención sanitaria y regulará la incorporación y financiación de productos sanitarios digitales.
La Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia, que agrupa a varias ONG como Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save the Children, Unicef o World Vision, reclamó al Gobierno que agilice la ley de violencia contra la infancia para “erradicar” estas actitudes.
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Hay fechas que deberían pesar más de lo que pesan. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental y, con él, a decenas de miles de personas que hasta ese momento habían sido, jurídicamente, tan españolas como cualquiera nacido en Madrid o en Cádiz. Tenían DNI español. Estaban censadas. Habían nacido en una provincia del Estado. Y de un día para otro, sin que nadie les preguntara, dejaron de tener un país. Cincuenta años después, el Congreso está a punto de reconocer, a medias, con matices y con demasiada lentitud, lo que nunca debió necesitar reconocimiento: que esa gente es, por derecho, española.
El Partido Popular (PP) ha propuesto frenar la regularización de migrantes con antecedentes penales mediante una enmienda a la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia, aprobada en el Senado. El senador Juan Milián argumenta que permitir que personas con antecedentes penales mantengan autorizaciones de residencia sin un control riguroso convierte a España en un "coladero de delincuentes". Además, el PP busca que los procedimientos de expulsión no se suspendan por la simple presentación de solicitudes de residencia. La iniciativa responde a un aumento de delitos como hurtos y critica la gestión del PSOE en materia de seguridad. Milián subraya la necesidad de una reforma del Código Penal para abordar la multirreincidencia y mejorar la seguridad pública.
El Ministerio de Derechos Sociales de España ha anunciado la creación de la 'Ley Jane Goodall', una normativa pionera destinada a proteger a los grandes simios, como orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas. Esta ley, que busca garantizar su dignidad, derecho a la vida y libertad, surge tras reuniones con organizaciones dedicadas a la conservación animal. Se espera que España se convierta en el primer país en reconocer derechos básicos para estos primates. La iniciativa responde a un creciente reclamo social y legal por la protección de estas especies frente al tráfico ilegal y condiciones inadecuadas de tenencia.
La Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia, que agrupa a varias ONG como Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save the Children, Unicef o World Vision, reclamó al Gobierno que agilice la ley de violencia contra la infancia para “erradicar” estas actitudes.
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