El portavoz del Partido Popular, Sémper, ha declarado en una entrevista que el Congreso y la sociedad han censurado al Gobierno de Sánchez, resaltando que los problemas en España, como la inflación y la falta de vivienda, son evidentes. Critica la gestión del presidente y promete que un futuro gobierno del PP se centrará en proteger las fronteras y abordar la crisis de vivienda. Además, denuncia la corrupción normalizada en el PSOE y se compromete a restaurar la separación de poderes e implementar reformas para beneficiar a todos los ciudadanos.
El Partido Popular ha logrado avanzar en el Congreso con iniciativas clave para la creación de un registro nacional de postpolio, que busca atender las necesidades históricas del colectivo afectado por esta enfermedad. La portavoz del GPP, Violante Tomás, destacó la importancia de este registro para mejorar la planificación pública y eliminar desigualdades en la atención asistencial. Además, se abordó la problemática de la soledad no deseada en personas con discapacidad, que afecta a más del 50% de este grupo, y se subrayó el alarmante aumento del 113% en delitos de odio contra personas con discapacidad. Los representantes del GPP exigieron al Gobierno una respuesta efectiva y recursos adecuados para abordar estas cuestiones.
El secretario general del Partido Popular, Tellado, ha anunciado que el partido llevará al Congreso un Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios, con 50 propuestas para combatir la creciente virulencia de los incendios en España. En una rueda de prensa, destacó la necesidad de adoptar medidas políticas efectivas y criticó la postura del PSOE por haber rechazado propuestas anteriores. Tellado enfatizó que "al fuego no se le vence con consignas" y abogó por una planificación rigurosa y recursos adecuados. También pidió un Sistema Nacional de Respuesta Inmediata y subrayó la importancia de la gestión forestal y el apoyo al mundo rural para prevenir catástrofes. Además, expresó su solidaridad con las personas afectadas por los incendios y reclamó responsabilidad financiera al Gobierno.
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, criticó en el Pleno del Congreso la falta de planificación y financiación en el sistema de Dependencia. Aunque expresó su apoyo al Real Decreto sobre financiación, denunció que los 6.200 millones prometidos por el Gobierno no se reflejan en el decreto, que solo incluye 2.218 millones para el año en curso. Fúnez cuestionó la credibilidad del Gobierno, señalando su incapacidad para garantizar una financiación estable y advirtió que las nuevas obligaciones de la Ley de Dependencia carecen de un respaldo económico sólido. El diputado Enrique Belda también alertó sobre la falta de una memoria económica rigurosa para las reformas propuestas.
Hay fechas que deberían pesar más de lo que pesan. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental y, con él, a decenas de miles de personas que hasta ese momento habían sido, jurídicamente, tan españolas como cualquiera nacido en Madrid o en Cádiz. Tenían DNI español. Estaban censadas. Habían nacido en una provincia del Estado. Y de un día para otro, sin que nadie les preguntara, dejaron de tener un país. Cincuenta años después, el Congreso está a punto de reconocer, a medias, con matices y con demasiada lentitud, lo que nunca debió necesitar reconocimiento: que esa gente es, por derecho, española.
José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del GPP y vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, ha denunciado un "fraude electoral de libro" durante el Pleno del Congreso. Critica la reforma del Reglamento que busca facilitar la creación de nuevos grupos parlamentarios, argumentando que responde a "presiones políticas" del Gobierno para proteger a sus socios minoritarios ante un posible retroceso electoral. Bermúdez defiende que las normas actuales son justas y equilibradas, advirtiendo que reducir los requisitos generaría desigualdad entre diputados. Además, acusa a ERC y Junts de manipular los votos para constituir grupos parlamentarios. El PP ha presentado una enmienda para mantener los requisitos actuales y asegura que la urgencia de esta reforma evidencia la pérdida de legitimidad del Ejecutivo.
El Partido Popular (PP) ha denunciado un déficit de 750.000 viviendas en España entre 2021 y 2025, según un informe del Banco de España. El partido critica al Gobierno de Sánchez por la paralización de los avales del ICO, que prometían facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, y exige la tramitación urgente de su Ley del Suelo. La situación se considera de "extrema gravedad", con un aumento significativo en los precios de alquiler y compra desde que Sánchez asumió el poder. El PP también ha presentado un plan para construir un millón de casas en una legislatura, buscando simplificar la burocracia y ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos.
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Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha criticado duramente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusándolo de favorecer a delincuentes en lugar de defender a los jueces. Durante su intervención, Muñoz cuestionó la integridad de Bolaños y su papel en casos judiciales relacionados con miembros del PSOE, sugiriendo que su comportamiento ha sido sistemático al desacreditar investigaciones y proteger a presuntos delincuentes. También destacó la falta de apoyo hacia jueces que han enfrentado presiones por parte del entorno político. La crítica se centró en la percepción de que el Gobierno no está resolviendo problemas sociales mientras sus ministros enfrentan condenas penales.
El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso y el Senado para cuestionar la gestión del Gobierno de Sánchez en la crisis migratoria. A través de diversas iniciativas, el PP exige medidas urgentes para evitar que se repitan incidentes como los ocurridos en Ceuta y Melilla, donde han fallecido casi un centenar de personas. El partido propone reformar la Ley de Extranjería para permitir rechazos en frontera y solicita información detallada al Gobierno sobre las estadísticas de entradas irregulares, protocolos de actuación y medidas adoptadas ante esta crisis. Asimismo, denuncia una grave dejación de funciones por parte del presidente del Gobierno, resaltando la presión a la que están sometidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Partido Popular ha denunciado la inacción del Gobierno ante la falta de examinadores de tráfico en España, lo que impide a miles de ciudadanos acceder al mercado laboral. Actualmente, hay una gran cantidad de personas esperando para realizar el examen práctico de conducción, lo que se ha convertido en un problema estructural. La situación afecta especialmente a aquellos que necesitan el permiso de conducir para trabajar, contribuyendo a un déficit estimado de 35.000 conductores profesionales en el país. El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a cubrir las plazas vacantes y mejorar la situación en las jefaturas provinciales más saturadas.
El Partido Popular (PP) ha exigido la transferencia de la AP-9 a Galicia sin condiciones, argumentando que el texto aprobado en el Congreso traiciona la voluntad del pueblo gallego. En un debate sobre la Proposición de Ley Orgánica, los senadores José Manuel Barreiro y Nidia Arévalo criticaron las modificaciones introducidas por el PSOE y BNG, que consideran una enmienda encubierta que elimina garantías y crea incertidumbre. El PP presentó siete enmiendas para recuperar la propuesta original aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Ambos portavoces enfatizaron la importancia de respetar la soberanía y decisiones del Parlamento de Galicia y advirtieron que no aceptarán una transferencia sin certezas claras.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir tras la aprobación de una moción por parte de la mayoría absoluta del Congreso que solicita su renuncia y la convocatoria de una cuestión de confianza. Feijóo criticó la reacción del PSOE, que aplaudió la petición del Congreso, señalando un "deterioro de la democracia española". Además, destacó que no hay precedentes en la democracia española ni europea para una situación donde un presidente se mantiene en el cargo contra la decisión del Legislativo. La votación se produce en un contexto marcado por acusaciones de corrupción hacia el Gobierno actual.
El Partido Popular ha conseguido el respaldo del Congreso para tramitar una reforma del Reglamento que obligará a los ministros a justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno. Con 175 votos a favor y solo una abstención, esta iniciativa busca garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la habitual falta de asistencia de los miembros del Ejecutivo, quienes suelen evadir el control parlamentario con excusas vagas. La propuesta incluye que las ausencias deben ser justificadas de manera individualizada y solo se aceptarán por motivos inaplazables relacionados con la organización del Gobierno. Además, se propone que las respuestas del Gobierno a las preguntas de control sean claras y directas, sin evasivas.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado en Logroño que "es el momento de elecciones" debido a la corrupción que rodea al sanchismo y a la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez. Gamarra criticó que todos los miembros del entorno de Sánchez actúan al servicio de este y subrayó que la situación actual no puede continuar. Insistió en la necesidad de devolver la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones, señalando que esta semana se votará una iniciativa para someter a Sánchez a una cuestión de confianza. Además, denunció que el gobierno ha impedido iniciativas para pedir elecciones y destacó los vínculos entre corrupción y escándalos en el seno del sanchismo.
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