Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, criticó en el Pleno del Congreso la falta de planificación y financiación en el sistema de Dependencia. Aunque expresó su apoyo al Real Decreto sobre financiación, denunció que los 6.200 millones prometidos por el Gobierno no se reflejan en el decreto, que solo incluye 2.218 millones para el año en curso. Fúnez cuestionó la credibilidad del Gobierno, señalando su incapacidad para garantizar una financiación estable y advirtió que las nuevas obligaciones de la Ley de Dependencia carecen de un respaldo económico sólido. El diputado Enrique Belda también alertó sobre la falta de una memoria económica rigurosa para las reformas propuestas.
Hay fechas que deberían pesar más de lo que pesan. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental y, con él, a decenas de miles de personas que hasta ese momento habían sido, jurídicamente, tan españolas como cualquiera nacido en Madrid o en Cádiz. Tenían DNI español. Estaban censadas. Habían nacido en una provincia del Estado. Y de un día para otro, sin que nadie les preguntara, dejaron de tener un país. Cincuenta años después, el Congreso está a punto de reconocer, a medias, con matices y con demasiada lentitud, lo que nunca debió necesitar reconocimiento: que esa gente es, por derecho, española.
José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del GPP y vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, ha denunciado un "fraude electoral de libro" durante el Pleno del Congreso. Critica la reforma del Reglamento que busca facilitar la creación de nuevos grupos parlamentarios, argumentando que responde a "presiones políticas" del Gobierno para proteger a sus socios minoritarios ante un posible retroceso electoral. Bermúdez defiende que las normas actuales son justas y equilibradas, advirtiendo que reducir los requisitos generaría desigualdad entre diputados. Además, acusa a ERC y Junts de manipular los votos para constituir grupos parlamentarios. El PP ha presentado una enmienda para mantener los requisitos actuales y asegura que la urgencia de esta reforma evidencia la pérdida de legitimidad del Ejecutivo.
El Partido Popular (PP) ha denunciado un déficit de 750.000 viviendas en España entre 2021 y 2025, según un informe del Banco de España. El partido critica al Gobierno de Sánchez por la paralización de los avales del ICO, que prometían facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, y exige la tramitación urgente de su Ley del Suelo. La situación se considera de "extrema gravedad", con un aumento significativo en los precios de alquiler y compra desde que Sánchez asumió el poder. El PP también ha presentado un plan para construir un millón de casas en una legislatura, buscando simplificar la burocracia y ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos.
El Partido Popular ha obtenido el respaldo del Congreso para su plan contra las adicciones en el entorno laboral y para modernizar el Observatorio Estatal de Adicciones. Isabel Prieto, portavoz de Trabajo del GPP, destacó la falta de normativas específicas en España que integren las adicciones en la evaluación de riesgos laborales, lo que afecta la protección de los trabajadores. Se requieren herramientas claras como protocolos y programas de ayuda al empleado para abordar estos riesgos. Además, se denuncia la inacción del Gobierno en materia de Salud Pública y Adicciones, subrayando la necesidad urgente de una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones con financiación adecuada y diálogo social.
El Partido Popular (PP) ha denunciado que el PSOE y Sumar están utilizando la Mesa del Congreso para bloquear iniciativas de la oposición con el fin de prolongar su permanencia en el poder. La diputada Edurne Uriarte acusó a estos partidos de obstruir el funcionamiento del Parlamento, paralizando al menos 144 iniciativas que no les interesan. Según Uriarte, esta estrategia perjudica a los ciudadanos y vulnera su derecho a participar en asuntos públicos. Además, criticó la falta de acción del Gobierno para abordar problemas importantes, como la ocupación ilegal, y recordó que el Tribunal Constitucional ha señalado que estas prácticas han violado derechos fundamentales de participación política.
Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del GPP, critica duramente el nuevo decreto de copago farmacéutico, calificándolo de "auténtica chapuza" debido a sus incongruencias y la falta de coordinación en su implementación. Acusa a la ministra Mónica García de actuar sin diálogo con las comunidades autónomas, lo que podría costarles 267 millones de euros. Velasco destaca la necesidad de coordinar múltiples organismos para aplicar la norma y cuestiona su efectividad al cambiar los niveles de aportación para asegurados y pensionistas. Además, resalta la contradicción del Gobierno al intentar corregir desigualdades mientras impone un sistema basado en el IRPF, cuyo plazo para declaración es hasta junio. Concluye que la gestión actual dificulta abordar los problemas en el sector sanitario.
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El Partido Popular (PP) ha exigido la transferencia de la AP-9 a Galicia sin condiciones, argumentando que el texto aprobado en el Congreso traiciona la voluntad del pueblo gallego. En un debate sobre la Proposición de Ley Orgánica, los senadores José Manuel Barreiro y Nidia Arévalo criticaron las modificaciones introducidas por el PSOE y BNG, que consideran una enmienda encubierta que elimina garantías y crea incertidumbre. El PP presentó siete enmiendas para recuperar la propuesta original aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Ambos portavoces enfatizaron la importancia de respetar la soberanía y decisiones del Parlamento de Galicia y advirtieron que no aceptarán una transferencia sin certezas claras.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir tras la aprobación de una moción por parte de la mayoría absoluta del Congreso que solicita su renuncia y la convocatoria de una cuestión de confianza. Feijóo criticó la reacción del PSOE, que aplaudió la petición del Congreso, señalando un "deterioro de la democracia española". Además, destacó que no hay precedentes en la democracia española ni europea para una situación donde un presidente se mantiene en el cargo contra la decisión del Legislativo. La votación se produce en un contexto marcado por acusaciones de corrupción hacia el Gobierno actual.
El Partido Popular ha conseguido el respaldo del Congreso para tramitar una reforma del Reglamento que obligará a los ministros a justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno. Con 175 votos a favor y solo una abstención, esta iniciativa busca garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la habitual falta de asistencia de los miembros del Ejecutivo, quienes suelen evadir el control parlamentario con excusas vagas. La propuesta incluye que las ausencias deben ser justificadas de manera individualizada y solo se aceptarán por motivos inaplazables relacionados con la organización del Gobierno. Además, se propone que las respuestas del Gobierno a las preguntas de control sean claras y directas, sin evasivas.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado en Logroño que "es el momento de elecciones" debido a la corrupción que rodea al sanchismo y a la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez. Gamarra criticó que todos los miembros del entorno de Sánchez actúan al servicio de este y subrayó que la situación actual no puede continuar. Insistió en la necesidad de devolver la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones, señalando que esta semana se votará una iniciativa para someter a Sánchez a una cuestión de confianza. Además, denunció que el gobierno ha impedido iniciativas para pedir elecciones y destacó los vínculos entre corrupción y escándalos en el seno del sanchismo.
El Partido Popular ha conseguido que el Congreso inste al Gobierno a restaurar las indemnizaciones de Renfe, cumpliendo con la Ley de Movilidad Sostenible. La Proposición no de Ley aprobada incluye nueve puntos, destacando la necesidad de implementar un plan de choque para mejorar la infraestructura ferroviaria y un protocolo para gestionar incidencias que causen retrasos significativos. Además, se propone un Plan nacional para renovar vehículos antiguos y garantizar un acceso equitativo a infraestructuras de transporte en todo el país.
Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha acusado a Milagros Tolón de ser parte del "Gobierno más corrupto de la democracia" durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. De los Santos cuestionó si la ministra de Educación consideró que su apoyo a García-Page la convertiría en cómplice de una "pseudomafia". Además, mencionó que el presidente Sánchez formó un "comando cloaquero" del cual Tolón es partícipe. Criticó la falta de conocimiento del Ejecutivo sobre Leire Díez y reprochó a la ministra Diana Morant su desinterés por los universitarios españoles.
El Partido Popular ha logrado con éxito la toma en consideración de su bloque de medidas sobre vivienda en el Congreso, con 306 votos a favor y 10 abstenciones. Este bloque incluye la tramitación de leyes antiokupación y del suelo, así como una Proposición de Ley que permite la participación por videoconferencia en reuniones de comunidades de propietarios. Las reformas propuestas buscan modernizar la normativa sobre propiedad horizontal, permitiendo notificaciones por email y legalizando el libro de actas digital, lo que mejorará la gestión y seguridad jurídica en las comunidades. Esta iniciativa se presenta como un avance hacia la digitalización y responde a las necesidades actuales en materia de vivienda y propiedad.
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