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Concepción Campos Acuña ha sido nombrada nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un acto celebrado en el Ministerio para la Transformación Digital. Durante su discurso, enfatizó la importancia de la transparencia como una exigencia concreta que refuerza la confianza en las instituciones. Con más de 20 años de experiencia en la administración pública, Campos Acuña se compromete a hacer de la transparencia una herramienta útil y accesible. Su mandato será de cinco años y ejercerá funciones con dedicación exclusiva, cumpliendo con el régimen de incompatibilidades establecido para altos cargos.

El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de reforma para modificar el artículo 43 de la Constitución, con el objetivo de constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta reforma garantiza que las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad y con las prestaciones necesarias en todo el territorio nacional. La iniciativa, impulsada por varios ministerios, busca reforzar la protección del derecho a la autodeterminación de las mujeres y asegurar su acceso a servicios adecuados. El proceso legislativo requerirá una aprobación mayoritaria en el Congreso y el Senado.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presidió la reunión del Comité de Situación, donde se evaluó el trabajo de los grupos creados tras la invasión de Ucrania por Rusia. Se discutieron temas relacionados con la gestión de crisis en el Sistema de Seguridad Nacional y se aprobaron las líneas de acción del Grupo Permanente para el Asesoramiento Científico en la Gestión de Crisis, con el objetivo de integrar el conocimiento científico-tecnológico y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley que permite topar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, con el objetivo de proteger a los consumidores de abusos. Esta normativa, impulsada por Pablo Bustinduy, establece que los precios no podrán exceder el máximo registrado en los 30 días anteriores ni superar en un 50% el promedio de esos precios. La medida se aplicará no solo en emergencias declaradas, sino también en otras circunstancias determinadas por el Consejo de Ministros. Además, se garantiza la devolución automática de importes cobrados en exceso y se introducen criterios para permitir incrementos justificados por costos adicionales sin aumentar márgenes para los operadores.

El Gobierno de España ha anunciado la creación del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, con el objetivo de mejorar la salud y recuperación de los trabajadores. Esta iniciativa, presentada en la Mesa de Diálogo Social por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca promover una gestión más eficaz de la incapacidad temporal. El observatorio estará compuesto por representantes de diversos ministerios y organizaciones sociales, y se centrará en analizar sistemáticamente la situación de la incapacidad temporal en el país, detectar tendencias y apoyar el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Se espera que esta medida contribuya a una mejor reincorporación laboral para aquellos que padecen enfermedades graves.

En noviembre de 2025, se registraron 81 fallecimientos en siniestros de tráfico, lo que representa una disminución de 6 víctimas en comparación con el mismo mes del año anterior, a pesar de un aumento del 5,49% en la movilidad. Esta cifra refleja los esfuerzos por mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes mortales en las carreteras españolas.

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que refuerza la resiliencia, robustez y estabilidad del sistema eléctrico. Esta normativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, establece medidas para mejorar la supervisión y control del sector eléctrico, fomentando el almacenamiento de energía y la electrificación de la economía. Se prevé alcanzar una potencia de 22,5 GW en almacenamiento para 2030 y se establecen plazos más cortos para las conexiones eléctricas de nuevas actividades económicas. Además, se introduce una hoja de ruta para la repotenciación de instalaciones y se simplifican los procesos de autorización para plataformas de I+D+i en el sector energético.

El Gobierno de España ha firmado un acuerdo entre los Ministerios de Sanidad, Agricultura y Transición Ecológica para fortalecer la coordinación en la gestión de riesgos asociados a zoonosis, adoptando el enfoque "Una sola salud" (One Health). Este acuerdo busca mejorar la respuesta ante amenazas sanitarias emergentes mediante una colaboración integral que abarca salud humana, animal y medioambiental. Se establecerá un Comité de gestión de riesgos zoonósicos para coordinar acciones, compartir información y desarrollar planes conjuntos de prevención y control. Esta iniciativa también se alinea con esfuerzos internacionales para abordar crisis sanitarias y mejorar la resiliencia del sistema ante futuros riesgos.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Campos, con más de 20 años de experiencia en la administración pública y una sólida formación académica, se compromete a actuar con independencia y transparencia. Su mandato se centrará en actualizar la normativa, fomentar la cooperación entre entidades y aprovechar la tecnología para mejorar el acceso a la información pública. Este cargo tiene una duración de cinco años y es incompatible con otros puestos en la Administración General del Estado.

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que moderniza la financiación de productos sanitarios en la prestación farmacéutica, actualizando una normativa vigente desde 1996. Esta nueva regulación establece un sistema de financiación selectiva que prioriza la eficiencia y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los productos sanitarios financiables deben cumplir requisitos específicos, como ser fabricados en serie y requerir receta médica. La norma también garantiza el suministro de estos productos y establece márgenes de distribución fijos para mejorar su disponibilidad. La implementación comenzará el 1 de julio de 2026, con un calendario escalonado hasta 2028.

El Gobierno de España ha aprobado una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que incluye 100 metas para reforzar el estado de bienestar. Esta estrategia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca abordar problemas como el acceso a la vivienda, la pobreza infantil y la brecha de género. Entre sus objetivos destaca la implementación de una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil severa y triplicar la inversión pública en vivienda, con un objetivo de alcanzar un 5% de alquiler social. Además, se proponen medidas para promover la igualdad de género y aumentar la independencia energética del país. La estrategia también establece cuatro retos clave: fortalecer el estado del bienestar, fomentar un sistema económico circular, mejorar la cohesión territorial y garantizar vidas libres e iguales.

El Ministerio de Cultura ha decidido aumentar en 3 millones de euros el presupuesto del programa Cine Sénior, que ya contaba con 8,5 millones desde su lanzamiento en junio. Esta decisión responde al notable incremento de espectadores, superando los 1,5 millones en las primeras 28 semanas de la tercera edición del programa.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha enfatizado la necesidad de que Europa invierta en sus propios recursos durante su intervención en la Cumbre de Soberanía Digital Europea en Berlín. Su discurso se centró en la importancia de alcanzar una mayor soberanía digital para el continente, destacando las estrategias necesarias para fortalecer la autonomía tecnológica europea.

El Gobierno de España ha aprobado el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como el Estatuto del Becario. Esta normativa, resultado de un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, busca garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la degradación de las condiciones laborales durante las prácticas formativas. El nuevo estatuto establece que las prácticas no deben sustituir a trabajadores, deben estar vinculadas a un plan individual de formación y asegurar derechos como la compensación de gastos y protección contra el acoso. La Inspección de Trabajo supervisará su cumplimiento, promoviendo así un entorno formativo más justo y equitativo.