20/02/2026@23:15:31
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Fúnez, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Marlaska, argumentando que su baremo moral no se alinea con la ética de los españoles. En declaraciones en Valencia, Fúnez cuestionó la competencia de Marlaska tras revelaciones sobre una presunta violación relacionada con un ex alto cargo de su ministerio. Criticó al Gobierno por su hipocresía en políticas migratorias y por el manejo de casos de corrupción. Además, destacó la crisis en servicios públicos y la falta de atención a enfermedades neurodegenerativas. Fúnez mostró solidaridad con los médicos en huelga y condenó los recientes asesinatos por violencia machista, señalando la inacción del Gobierno ante estos problemas.
Elías Bendodo, vicesecretario del PP, critica a Pedro Sánchez por abandonar sus responsabilidades como presidente del Gobierno, acusándolo de enfocarse en la táctica política en lugar de gestionar. Según Bendodo, la falta de acción del Ejecutivo ha perjudicado gravemente al sector turístico, vital para la economía española. Anuncia que el PP interpelará al ministro de Industria y Turismo para solicitar ayudas extraordinarias y mejorar la infraestructura ferroviaria entre Madrid y Málaga. También denuncia la falta de cumplimiento en las promesas de vivienda del Gobierno y cuestiona la propuesta de Rufián para unir a la izquierda.
El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que explique la gestión del nuevo Fondo Soberano "España Crece", en el contexto del fracaso de los fondos Next Generation. El PP exige claridad sobre la estructura, funcionamiento y criterios de ejecución de este fondo, así como sobre los riesgos financieros que podría asumir el Estado. Además, ha presentado 37 preguntas al Gobierno sobre la metodología económica utilizada para estimar un efecto multiplicador que permita movilizar hasta 120.000 millones de euros. La oposición critica la falta de transparencia y los mecanismos de control necesarios para garantizar una adecuada gestión de los recursos, especialmente tras las renuncias a inversiones en sectores clave.
El Gobierno de España ha decidido limitar temporalmente los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. Esta medida, que entra en vigor el 18 de febrero y se extenderá hasta el 25 del mismo mes, busca prevenir abusos en los precios mientras algunas familias permanecen fuera de sus hogares. Los hoteles no podrán aumentar sus tarifas respecto a las del mes anterior al inicio de la emergencia. Esta es la primera aplicación del real decreto-ley que permite establecer limitaciones de precios en situaciones extraordinarias como fenómenos meteorológicos. Los municipios afectados incluyen Grazalema, Jerez de la Frontera, Cazorla y Ronda, entre otros.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha instado al Gobierno a tramitar urgentemente su ley antiokupación y la ley del suelo, acusando al Ejecutivo de "boicotear" estas iniciativas cruciales para abordar el problema de la vivienda en España. Durante una interpelación a la ministra de Vivienda, Sergio Sayas denunció que el Gobierno está favoreciendo a los okupas en lugar de a los ciudadanos, citando cifras alarmantes sobre viviendas okupadas y el aumento de precios en el sector inmobiliario. Además, criticó las promesas incumplidas del Gobierno en cuanto a la construcción de viviendas, lo que agrava la situación para los jóvenes españoles.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha exigido la dimisión del presidente Sánchez, acusándolo de estar rodeado por un "ecosistema de abuso de poder, clientelismo y corrupción política y moral". Durante el debate de una moción en el Pleno, la diputada Patricia Rodríguez destacó el alarmante deterioro de los estándares de integridad pública en España, señalando la caída en los índices internacionales de percepción de corrupción y la politización de instituciones clave. Criticó la falta de acción contra la corrupción dentro del gobierno y cuestionó las promesas incumplidas sobre la lucha contra este problema, así como la manipulación de las instituciones para beneficio propio. La intervención concluyó con un fuerte reproche a la gestión del gobierno, especialmente en relación con su alianza con Bildu.
Lourdes Ramírez, diputada del GPP, critica al Gobierno por su falta de escucha en la legislación sobre adicciones, afirmando que se legisla desde el titular sin considerar la experiencia de quienes trabajan en el campo. En una reciente intervención en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, Ramírez exigió que cualquier cambio normativo cuente con el consenso de las asociaciones. Denunció que el plazo mínimo de seis meses en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego es insuficiente y propuso extenderlo a un año para alinearlo con criterios clínicos. Además, destacó que mientras se anuncian planes, las familias y asociaciones siguen esperando respuestas del Estado.
Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), ha señalado que España enfrenta dos grandes problemas: un Gobierno que considera una amenaza para la democracia y los populismos de izquierdas y derechas. En un acto en San Lorenzo de El Escorial, afirmó que el PP es el único partido capaz de desalojar al Ejecutivo de forma democrática y criticó la falta de gestión del Gobierno actual. Tellado también denunció la corrupción en el PSOE y acusó a Pedro Sánchez de conceder más poder a los independentistas para mantenerse en el poder. Además, destacó la importancia de los jóvenes en la defensa de la democracia y les instó a luchar por un futuro mejor.
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Ángel Ibáñez, secretario general adjunto del GPP, critica al Gobierno de Sánchez por su incapacidad para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y garantizar una financiación justa para las comunidades autónomas. En una interpelación a la vicepresidenta Montero, denuncia que el incumplimiento de la Constitución ha llevado a Castilla y León a perder 160 millones de euros mensuales. Ibáñez resalta que el modelo de financiación pactado con ERC perjudica a su comunidad y destaca la falta de inversión en infraestructuras y conectividad digital. Además, contrasta esta situación con la gestión del presidente Mañueco en Castilla y León, quien prioriza el gasto social.
El Partido Popular (PP) ha responsabilizado al Gobierno de España del "caos" en los servicios públicos, destacando que estos atraviesan una "emergencia nacional". En una reciente rueda de prensa, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, criticó la corrupción que afecta al Ejecutivo, afirmando que ha llevado a sectores como el ferroviario y sanitario a una situación crítica. Además, el PP exigió un plan urgente para el mantenimiento de infraestructuras y anunció interpelaciones al ministro de Transportes sobre la situación actual. Fúnez también vinculó las promesas del Gobierno en materia de vivienda con intentos de desviar la atención de casos de corrupción. El partido se comprometió a impulsar la construcción de un millón de viviendas y a dialogar con el sector médico para abordar sus demandas.
El Partido Popular ha presentado 134 iniciativas en el Congreso para exigir al Gobierno explicaciones sobre la ejecución de los fondos europeos, específicamente del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y los Fondos Next Generation. Solicitan la comparecencia de todos los ministros para que detallen la gestión en sus áreas, así como un informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las deficiencias en la supervisión de estos fondos. El PP critica la reducción del presupuesto destinado a vivienda social y cuestiona por qué no se han utilizado fondos significativos para crear plazas de acogida. Además, denuncian que el Gobierno ha renunciado a una parte considerable de los fondos disponibles, lo que limita las inversiones en sectores clave y afecta el crecimiento económico sostenible del país.
Ana Vázquez, portavoz de Interior del GPP, criticó en el Pleno del Congreso la implementación de las balizas V16, considerándolas un símbolo del despropósito del Gobierno. Afirmó que España se asemeja a un "coche averiado" y cuestionó la utilidad de las balizas, resaltando su costo para los ciudadanos y la falta de visibilidad durante el día. Vázquez también denunció la conexión de este cambio con intereses políticos y económicos, sugiriendo corrupción en torno al contrato relacionado con las balizas. Además, recordó a los guardias civiles asesinados por narcotraficantes y acusó al ministro Marlaska de no asumir responsabilidades en la seguridad pública.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha logrado que el Congreso apruebe la tramitación de su Proposición de Ley para garantizar el cumplimiento de la ley general presupuestaria. Esta iniciativa, defendida por Jaime de Olano, prohíbe las transferencias de crédito entre ministerios sin autorización del Congreso y exige que se sometan a las Cortes Generales los créditos extraordinarios relacionados con defensa y seguridad. La votación resultó en 172 votos a favor, 162 en contra y 13 abstenciones, marcando una nueva derrota para el Gobierno. La portavoz del GPP, Ester Muñoz, destacó la falta de control parlamentario sobre miles de millones gestionados por el Gobierno desde 2023 y la necesidad de que los presupuestos sean aprobados por el Parlamento elegido por los ciudadanos.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, afirmó que los ciudadanos no quieren más de Pedro Sánchez tras el reciente "vapuleo" electoral en Aragón. Durante la Junta Directiva Nacional del PP, destacó que su partido ha logrado resultados significativos, superando al PSOE por 8 escaños y 10 puntos. Feijóo cuestionó cuántas derrotas más necesita Sánchez para dejar el Gobierno, advirtiendo que su permanencia solo alarga la crisis. Además, hizo un llamado a Vox para colaborar sin bloquear alternativas y criticó al Gobierno por su gestión de problemas sociales como la vivienda y la inseguridad. También se pronunció sobre la inmigración y la protección de menores en redes sociales.
Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Parlamentario Popular (GPP), ha denunciado en la comisión mixta de control a RTVE el uso partidista de la corporación por parte del Gobierno. Acusa al presidente de RTVE, José Pablo López, de manipular la información y de dilapidar el dinero público. Montesinos revela que los trabajadores de RTVE viven bajo un "grave sesgo político" y falta de independencia. Además, critica la falta de neutralidad en los informativos y señala que Televisión Española se ha convertido en un instrumento de propaganda gubernamental. Otros miembros del GPP también expresaron preocupaciones sobre la objetividad y la situación financiera de RTVE.
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