Gobierno

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado la "corrupción institucional" del Gobierno de Sánchez y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por bloquear 36 leyes aprobadas en el Senado. Durante un debate en el que se promueve un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, los representantes del PP argumentan que esta situación pone en peligro el Estado de derecho y limita la potestad legislativa del Senado. Acusan al Gobierno de utilizar tácticas para paralizar estas leyes, lo que afecta a millones de españoles que esperan medidas en diversas áreas. La denuncia resalta la necesidad de restaurar el equilibrio institucional y defender las competencias del Senado frente a lo que consideran un abuso procedimental por parte de la Mesa del Congreso.

El Partido Popular ha exigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cese en su labor de ocultar los escándalos sexuales del Gobierno y se enfoque en proteger a las mujeres. Durante una sesión de control al Gobierno, la senadora Nidia Arévalo criticó la falta de acción ante el aumento de agresiones sexuales y la ineficacia en la implementación de políticas de protección. Arévalo destacó que Redondo ha priorizado la defensa de sus aliados sobre el bienestar de las víctimas y propuso medidas concretas para abordar la violencia de género. La situación actual ha llevado a cuestionar la credibilidad del Ministerio y su compromiso con la igualdad.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, critica al Gobierno por no haber aprobado Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la Legislatura, lo que ha llevado al empobrecimiento de los españoles y al caos en infraestructuras. En una entrevista, señala que el país opera con cuentas obsoletas y advierte sobre un posible colapso económico sin planificación adecuada. Además, cuestiona el optimismo del Gobierno frente a la creciente deuda y el aumento del número de personas que se consideran clase pobre. También menciona la falta de transparencia en la gestión de presupuestos por parte de las comunidades autónomas y critica las promesas electorales del Ejecutivo.

Félix de las Cuevas, diputado del GPP, ha advertido al Gobierno que el debate sobre la protección del lobo es crucial para el futuro del mundo rural y la ganadería extensiva. En una reciente Comisión Mixta, destacó que los ganaderos son esenciales para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. De las Cuevas criticó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, argumentando que ignora la realidad de los ataques del lobo y las necesidades de los ganaderos, quienes han visto un aumento del 47% en estos ataques desde 2021. Además, defendió un modelo de gestión equilibrada que permita la convivencia entre el lobo y la ganadería, y pidió al Gobierno escuchar a los afectados por esta problemática.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto destinado a mejorar la calidad del sistema educativo y las condiciones laborales de los docentes. La ministra de Educación, Pilar Alegría, destacó que se busca reducir la ratio de alumnos por aula, pasando de 25 a 22 en primaria y de 30 a 25 en secundaria. Además, se establecerán límites en la carga lectiva de los profesores, con un máximo de 23 horas semanales para educación primaria y 18 para secundaria. Este proyecto también tiene como objetivo revertir recortes anteriores y mejorar la atención educativa para todos los estudiantes.

El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno español solo ha ejecutado un tercio de los fondos europeos disponibles, lo que podría resultar en la pérdida de miles de millones de euros. En una interpelación al ministro de Economía, Melania Mur criticó la gestión del Ejecutivo, acusándolo de mala administración y falta de transparencia. La senadora resaltó que solo se ha adjudicado el 33% de los fondos y advirtió que muchos ministerios no alcanzan ni el 10% de ejecución. Además, cuestionó cómo se planea utilizar el resto del dinero en menos de un año. Mur exigió al Gobierno mayor rigor y transparencia en el uso de estos recursos económicos cruciales para España.

Alejo Miranda de Larra, portavoz del GPP en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo-PSOE, critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su evasiva comparecencia en el Senado. En entrevistas en RNE y Onda Cero, Miranda de Larra afirma que "cuando el presidente evita la verdad, pierde España". Señala que Sánchez ha estado evadiendo preguntas cruciales sobre temas como contratos durante la pandemia y presuntas irregularidades en su entorno. Además, destaca que esta falta de transparencia perjudica la credibilidad del Gobierno y degrada la autoridad de la presidencia. Miranda de Larra anuncia que su grupo analizará las respuestas de Sánchez para documentar sus evasivas durante la comparecencia.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del GPP, ha denunciado en el Pleno del Congreso la falta de acción del Gobierno en relación a las ayudas para pacientes con ELA, afirmando que han pasado más de un año sin financiación tras la aprobación de la Ley ELA. Critica al ministro Pablo Bustinduy por negar apoyo a más de 1.100 pacientes que ya han fallecido y señala que las ayudas excluyen a aquellos con grados de dependencia 1 y 2. Velasco cuestiona la claridad del nuevo Grado III+ y la falta de colaboración con las comunidades autónomas en la elaboración del Real Decreto Ley, pidiendo certidumbre para los afectados y sus familias.

El Gobierno de España ha iniciado el proceso para elegir la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo clave para la vigilancia y respuesta ante amenazas sanitarias. Este procedimiento, tramitado por vía de urgencia, busca asegurar que la AESAP esté operativa lo antes posible, en cumplimiento con las recomendaciones internacionales y lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19. Las comunidades autónomas interesadas deberán presentar sus candidaturas basándose en criterios de transparencia y eficiencia. Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con una salud pública moderna y cohesionada.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado una iniciativa para abordar la crisis de la ocupación ilegal en España, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender el problema. El diputado Daniel Pérez criticó que el Ejecutivo prioriza su permanencia en el poder sobre la protección de los ciudadanos que enfrentan la pérdida de sus hogares. La propuesta del PP incluye medidas para facilitar desalojos y proteger a los propietarios, además de denunciar que las políticas actuales han agravado la situación del mercado inmobiliario. La diputada Sol Cruz-Guzmán instó al Gobierno a buscar soluciones consensuadas con las comunidades autónomas. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado el fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, exigiendo políticas efectivas que protejan a los ciudadanos. A través de una moción presentada en el Pleno, los populares critican la gestión del Ejecutivo y proponen un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, que ofrezca soluciones reales al problema habitacional. La portavoz adjunta del GPP, Paloma Martín, acusó al gobierno actual de haber destruido el mercado de la vivienda y prometió un compromiso con políticas realistas y eficaces. Además, se destacó la difícil situación que enfrentan los jóvenes para acceder a una vivienda, instando a un cambio radical en las políticas actuales.

El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto que concede la nacionalidad a 171 descendientes de brigadistas internacionales, incluyendo 54 hijos y 117 nietos. Estos voluntarios llegaron a España para defender la legalidad republicana durante la Guerra Civil de 1936. Este gesto simbólico honra su legado y reafirma el compromiso del Gobierno con la memoria democrática, en un contexto global donde los valores democráticos enfrentan desafíos. La concesión se realiza bajo la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite a los descendientes de brigadistas obtener la nacionalidad por carta de naturaleza. Los beneficiarios provienen de países como Cuba, Estados Unidos y Polonia, y son miembros de la asociación Amigos de las Brigadas Internacionales.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha criticado al Gobierno por el uso partidista de la Ley de Atención al Cliente, argumentando que se están introduciendo modificaciones ideológicas que desvirtúan su propósito original. Miguel Ángel Paniagua, diputado del GPP, señaló que estas enmiendas buscan cumplir objetivos identitarios y no benefician a los consumidores. Destacó la obligación de responder en la lengua en que se formuló la queja y la formación en lenguas cooficiales como ejemplos de cómo estas modificaciones complican la aplicación de la ley. Además, el GPP presentó 58 enmiendas para reforzar los derechos de los consumidores sin imponer cargas excesivas a las empresas.