02/10/2025@19:30:58
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha presentado el Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo, que incluye un aumento significativo del presupuesto y la incorporación de al menos 500 nuevos inspectores. Este plan busca modernizar la Inspección y abordar desafíos como la siniestralidad laboral, el teletrabajo y la discriminación. En lo que va del año, se han realizado más de 859.000 actuaciones inspectoras, recuperando salarios y transformando contratos temporales en indefinidos. Díaz enfatizó que "en nuestro país no cabe el empleo sin derechos", destacando la importancia de garantizar condiciones laborales dignas en el siglo XXI. Además, se presentó una nueva imagen institucional para el organismo.
El Ministerio de Sanidad ha aclarado el contenido del borrador del Estatuto Marco, en respuesta a afirmaciones erróneas del sindicato CESM. El documento, que incorpora aportaciones de comunidades autónomas y fue solicitado por organizaciones sindicales, busca garantizar la transparencia en los cambios propuestos. Entre las aclaraciones se destaca que no se eliminan derechos laborales, sino que se reubican o ajustan a competencias autonómicas. La negociación del borrador continúa abierta, con una próxima reunión programada para analizar las contribuciones de las comunidades.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha alertado sobre la falta de políticas sociales en la Unión Europea durante su intervención en la Cumbre Social de Oporto. Exige que el nuevo Plan de Acción del Pilar Social incluya medidas concretas para garantizar empleo de calidad. Díaz destaca que la precariedad laboral afecta negativamente a la salud mental y subraya la importancia de avanzar hacia una Europa social que priorice derechos laborales y protección frente a los cambios del mercado. Además, resalta las reformas en España que han llevado a una reducción histórica del desempleo y temporalidad en el trabajo.
El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que ahora será de 19 semanas para cada progenitor y 32 semanas para familias monoparentales. Esta medida busca facilitar la conciliación laboral y familiar, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados. El permiso es un derecho individual no transferible y se puede solicitar a partir del 2 de agosto de 2024. Los trabajadores asalariados, autónomos y empleados públicos pueden beneficiarse de esta ampliación, que también incluye disposiciones específicas para partos prematuros y situaciones especiales. La Seguridad Social cubrirá el costo total del permiso, exento de IRPF.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha implementado medidas urgentes para proteger los derechos laborales tras la inesperada derogación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2024, ocurrida el 22 de enero en el Congreso. La Dirección General de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo que asegura que la eliminación del SMI no afectará a los salarios ya establecidos, y que las nuevas contrataciones deben respetar el salario mínimo anterior. Además, la Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento de estas normativas.
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Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha destacado la importancia de incluir el empleo de calidad en el nuevo Plan de Acción del Pilar de Derechos Sociales durante su intervención en el Foro Social de Oporto. Díaz advirtió sobre el déficit de políticas sociales en la UE y propuso revisar directivas laborales para adaptarlas a las nuevas realidades del mercado. Subrayó que la creación de empleo no debe comprometer la salud mental y los derechos laborales. Además, enfatizó los logros de España en materia de empleo estable y protección laboral, instando a Europa a avanzar en la defensa de los derechos sociales para mantener su relevancia internacional.
La ONU ha elogiado la reciente decisión del Gobierno de Tailandia de otorgar derechos laborales a los refugiados de Myanmar, especialmente a la comunidad rohinyá, que ha estado viviendo en condiciones precarias durante años. Esta medida no solo permitirá a los refugiados trabajar legalmente y mantener a sus familias, sino que también impulsará la economía local y contribuirá al crecimiento sostenible del país. La representante del ACNUR en Tailandia ha calificado esta resolución como un "punto de inflexión", destacando su potencial para establecer un precedente en políticas de refugiados en la región. A pesar de ser una acción limitada, se espera que fomente una mayor inclusión de los refugiados en el futuro.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha presentado la Comisión de Personas Expertas sobre la Democracia en el Trabajo. Esta comisión tiene como objetivo desarrollar un marco normativo que fomente la participación de los trabajadores en las empresas, en línea con el artículo 129.2 de la Constitución Española. Díaz destacó la importancia de democratizar las empresas para mejorar la calidad democrática y combatir la desigualdad. La comisión está compuesta por destacados académicos y expertos internacionales, quienes trabajarán en propuestas para impulsar una economía más participativa y sostenible.
El inmueble, ocupado ilegalmente, se utilizaba para alojar a alrededor de 60 trabajadores procedentes del norte de África, quienes sufrían explotación laboral debido a su situación de vulnerabilidad. El chalet, que le costaba a cada trabajador hasta 140 euros mensuales, carecía de ventilación adecuada y presentaba condiciones insalubres. Uno de los trabajadores, procedente de Senegal, fue agredido y atropellado por negarse a trabajar por seis euros diarios.
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