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El Ministerio de Sanidad ha ampliado la prueba del talón a 21 patologías y ha elevado la edad del cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años, según una nueva orden publicada en el BOE. Esta normativa refuerza los programas de cribado prenatal y neonatal, incorporando nueve nuevas enfermedades al programa neonatal. También se unifica el acceso a la fecundación in vitro para personas con fallo ovárico prematuro. Además, se moderniza la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para garantizar una respuesta rápida ante emergencias sanitarias. Las comunidades autónomas tendrán un año para implementar los nuevos cribados neonatales y dos años para el de preeclampsia.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, participó en París en la VI reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado. Este encuentro, al que asistieron representantes de Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Suecia y España, se centró en fortalecer la cooperación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Durante la reunión se discutieron temas como la mejora de las asociaciones público-privadas, estrategias antidrogas de la UE y el acceso a pruebas digitales en investigaciones penales. Bolaños destacó el compromiso de España en esta lucha y mencionó reformas en el Código Penal para abordar delitos graves, incluyendo la protección de menores frente a redes criminales.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), afirmó en la clausura de la Intermunicipal del PP en Andalucía que es posible ofrecer servicios eficientes mientras se reduce la carga fiscal. Destacó el caso de Andalucía como un ejemplo donde la disminución de impuestos ha impulsado la actividad económica y mejorado la calidad de vida. Feijóo subrayó que en regiones con más presencia del PP hay mayor estabilidad y mejores presupuestos, contrastando con un gobierno actual que opera sin aprobar cuentas. También defendió la igualdad entre ciudadanos y criticó el aumento de impuestos bajo el gobierno de Pedro Sánchez, proponiendo al PP como una alternativa para una gestión más eficaz y menos corrupción en España.

Miguel Tellado, secretario general del PP, criticó duramente a Francina Armengol durante el Congreso insular del PP en Mallorca. Acusó a Armengol de estar vinculada a la corrupción y le instó a presentarse ante la justicia para aclarar su relación con Koldo García, un presunto delincuente. Tellado afirmó que la presidenta del Congreso ha mentido sobre su implicación en una trama corrupta y que su comportamiento perjudica al Parlamento. Destacó el cambio positivo en Baleares tras la salida de Armengol y la llegada de Marga Prohens, resaltando los logros del nuevo gobierno en términos de transparencia y alivios fiscales para los ciudadanos.

El Partido Popular ha presentado una moción en el Senado para que el Gobierno considere las propuestas de los militares al declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. La iniciativa busca crear una Comisión de Trabajo Temporal que incluya a asociaciones profesionales y garantice un diálogo efectivo con los militares, evitando desigualdades en la regulación. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, enfatiza la necesidad de escuchar a los profesionales del sector y critica la falta de transparencia del Ministerio de Defensa. Además, el PP ha promovido esta consideración a nivel europeo para mejorar derechos laborales y condiciones para los militares y otros colectivos en situaciones similares.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, interpeló al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso, cuestionando si este año se presentarán los presupuestos o si se repetirá la falta de transparencia que caracterizó a María Jesús Montero. Bravo criticó al Gobierno por cinco años de "rebeldía presupuestaria", acusándolo de aumentar la deuda y los impuestos mientras los servicios públicos empeoran. Subrayó que 22 millones de españoles con ingresos entre 20.000 y 60.000 euros anuales serán los más afectados por futuras subidas impositivas. Además, instó a España a implementar reformas fiscales y a no seguir las prácticas engañosas de sus predecesores para recuperar la credibilidad del Ejecutivo.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes que accedan a ayudas públicas. En una Comisión de Política Territorial, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para detectar empadronamientos fraudulentos y garantizar una gestión más rigurosa de la inmigración. Además, criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno sin la debida comunicación a las autoridades europeas, acusándolo de despreciar la colaboración con administraciones locales y autonómicas. Bendodo enfatizó la necesidad de establecer un control efectivo y seguridad jurídica en materia migratoria.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado iniciativas para mejorar la atención a reclusos con discapacidad intelectual en España, destacando la necesidad de módulos especializados y personal capacitado en las prisiones. La portavoz Violante Tomás subraya que los espacios penitenciarios actuales no garantizan los derechos de estos internos. Además, se exige una estrategia nacional para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, buscando una atención integral y coordinada. También se aboga por mejorar la accesibilidad en eventos culturales, promoviendo un entorno inclusivo donde todos puedan participar sin barreras.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue clave en la entrada de la trama de corrupción relacionada con las mascarillas en Baleares durante la pandemia. Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia, Muñoz destacó que las investigaciones de la UCO demuestran que Armengol conocía y favoreció esta trama, además de haber mentido en las comisiones de investigación. También elogió a Fernando López Miras por proporcionar estabilidad frente al gobierno de Pedro Sánchez, que genera inestabilidad.

El Partido Popular (PP) ha denunciado la "falta de respeto" de Francisca Muñoz, conocida como 'La Paqui', hacia el Senado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE. La senadora Ana Beltrán cuestionó a Muñoz sobre las dudas relacionadas con ella y su esposo, Santos Cerdán, afirmando que el silencio no resuelve las inquietudes sobre la contratación de familiares y el origen de fondos. Beltrán acusó a Muñoz de burlarse del Senado y destacó su vinculación con una presunta trama criminal organizada por Cerdán, que operó desde 2015 para obtener comisiones ilegales en contrataciones públicas. También se mencionaron gastos excesivos del matrimonio pagados con tarjetas vinculadas a empresas involucradas en la investigación, lo que plantea serias interrogantes sobre su conducta y respeto por las instituciones.

El Partido Popular (PP) ha alertado en el Parlamento Europeo sobre el "control político" de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. En un informe de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, se destaca el debilitamiento de herramientas independientes para combatir la corrupción en varios Estados miembros, con especial énfasis en España. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, criticó al Gobierno por actuar como si las instituciones fueran su propiedad y mencionó casos específicos como el relevo del jefe de la UCO durante investigaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente. Además, se denuncia la injerencia política en el sistema judicial y la falta de implementación de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El informe también aborda la interferencia gubernamental en los medios públicos.

El Ministerio de Cultura de España ha iniciado el proceso judicial para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, respaldado por informes que evidencian actividades contrarias a la ley, como la apología del franquismo y la humillación a las víctimas de la dictadura. El ministro Ernest Urtasun ha afirmado que en una democracia no hay lugar para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas. Este procedimiento se basa en la Ley de Memoria Democrática y culmina un proceso de casi dos años, donde se han recopilado pruebas sobre el incumplimiento legal de la fundación. La decisión final sobre su extinción recaerá en la autoridad judicial.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido una reunión del Comité de Situación para evaluar la situación en Oriente Próximo y su impacto a nivel nacional e internacional. Este comité actúa como un órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, integrándose en el Sistema de Seguridad Nacional junto con diversos organismos ministeriales dedicados a la gestión de crisis.

La nueva oficina para tramitar solicitudes de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia ya está operativa. Este sistema pionero, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recibirá solicitudes a través de su sede electrónica y ofrecerá orientación por correo electrónico y teléfono. Las propuestas de reparación serán elaboradas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo y deberán ser aceptadas por todas las partes involucradas. Este mecanismo es accesible para víctimas cuyos casos están prescritos y que no pueden recurrir a la vía judicial.

El Partido Popular (PP) exige la dimisión del ministro Félix Bolaños tras sus críticas al juez Peinado, en el contexto del procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez. Fernando de Rosa, diputado del GPP, argumenta que el ataque a los jueces por parte del Gobierno pone en riesgo la independencia judicial y cuestiona el Estado de Derecho. Además, critica las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que han debilitado el Poder Judicial y denuncia un pacto con socios políticos para perseguir a los jueces. La diputada Silvia Franco también señala la falta de atención del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género, instando a reforzar los tribunales para mejorar su situación.