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El Partido Popular ha presentado una moción en el Senado para que el Gobierno considere las propuestas de los militares al declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. La iniciativa busca crear una Comisión de Trabajo Temporal que incluya a asociaciones profesionales y garantice un diálogo efectivo con los militares, evitando desigualdades en la regulación. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, enfatiza la necesidad de escuchar a los profesionales del sector y critica la falta de transparencia del Ministerio de Defensa. Además, el PP ha promovido esta consideración a nivel europeo para mejorar derechos laborales y condiciones para los militares y otros colectivos en situaciones similares.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, interpeló al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso, cuestionando si este año se presentarán los presupuestos o si se repetirá la falta de transparencia que caracterizó a María Jesús Montero. Bravo criticó al Gobierno por cinco años de "rebeldía presupuestaria", acusándolo de aumentar la deuda y los impuestos mientras los servicios públicos empeoran. Subrayó que 22 millones de españoles con ingresos entre 20.000 y 60.000 euros anuales serán los más afectados por futuras subidas impositivas. Además, instó a España a implementar reformas fiscales y a no seguir las prácticas engañosas de sus predecesores para recuperar la credibilidad del Ejecutivo.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes que accedan a ayudas públicas. En una Comisión de Política Territorial, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para detectar empadronamientos fraudulentos y garantizar una gestión más rigurosa de la inmigración. Además, criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno sin la debida comunicación a las autoridades europeas, acusándolo de despreciar la colaboración con administraciones locales y autonómicas. Bendodo enfatizó la necesidad de establecer un control efectivo y seguridad jurídica en materia migratoria.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado iniciativas para mejorar la atención a reclusos con discapacidad intelectual en España, destacando la necesidad de módulos especializados y personal capacitado en las prisiones. La portavoz Violante Tomás subraya que los espacios penitenciarios actuales no garantizan los derechos de estos internos. Además, se exige una estrategia nacional para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, buscando una atención integral y coordinada. También se aboga por mejorar la accesibilidad en eventos culturales, promoviendo un entorno inclusivo donde todos puedan participar sin barreras.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue clave en la entrada de la trama de corrupción relacionada con las mascarillas en Baleares durante la pandemia. Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia, Muñoz destacó que las investigaciones de la UCO demuestran que Armengol conocía y favoreció esta trama, además de haber mentido en las comisiones de investigación. También elogió a Fernando López Miras por proporcionar estabilidad frente al gobierno de Pedro Sánchez, que genera inestabilidad.

El Partido Popular (PP) ha denunciado la "falta de respeto" de Francisca Muñoz, conocida como 'La Paqui', hacia el Senado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE. La senadora Ana Beltrán cuestionó a Muñoz sobre las dudas relacionadas con ella y su esposo, Santos Cerdán, afirmando que el silencio no resuelve las inquietudes sobre la contratación de familiares y el origen de fondos. Beltrán acusó a Muñoz de burlarse del Senado y destacó su vinculación con una presunta trama criminal organizada por Cerdán, que operó desde 2015 para obtener comisiones ilegales en contrataciones públicas. También se mencionaron gastos excesivos del matrimonio pagados con tarjetas vinculadas a empresas involucradas en la investigación, lo que plantea serias interrogantes sobre su conducta y respeto por las instituciones.

El Partido Popular (PP) ha alertado en el Parlamento Europeo sobre el "control político" de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. En un informe de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, se destaca el debilitamiento de herramientas independientes para combatir la corrupción en varios Estados miembros, con especial énfasis en España. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, criticó al Gobierno por actuar como si las instituciones fueran su propiedad y mencionó casos específicos como el relevo del jefe de la UCO durante investigaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente. Además, se denuncia la injerencia política en el sistema judicial y la falta de implementación de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El informe también aborda la interferencia gubernamental en los medios públicos.

El Ministerio de Cultura de España ha iniciado el proceso judicial para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, respaldado por informes que evidencian actividades contrarias a la ley, como la apología del franquismo y la humillación a las víctimas de la dictadura. El ministro Ernest Urtasun ha afirmado que en una democracia no hay lugar para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas. Este procedimiento se basa en la Ley de Memoria Democrática y culmina un proceso de casi dos años, donde se han recopilado pruebas sobre el incumplimiento legal de la fundación. La decisión final sobre su extinción recaerá en la autoridad judicial.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido una reunión del Comité de Situación para evaluar la situación en Oriente Próximo y su impacto a nivel nacional e internacional. Este comité actúa como un órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, integrándose en el Sistema de Seguridad Nacional junto con diversos organismos ministeriales dedicados a la gestión de crisis.

La nueva oficina para tramitar solicitudes de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia ya está operativa. Este sistema pionero, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recibirá solicitudes a través de su sede electrónica y ofrecerá orientación por correo electrónico y teléfono. Las propuestas de reparación serán elaboradas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo y deberán ser aceptadas por todas las partes involucradas. Este mecanismo es accesible para víctimas cuyos casos están prescritos y que no pueden recurrir a la vía judicial.

El Partido Popular (PP) exige la dimisión del ministro Félix Bolaños tras sus críticas al juez Peinado, en el contexto del procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez. Fernando de Rosa, diputado del GPP, argumenta que el ataque a los jueces por parte del Gobierno pone en riesgo la independencia judicial y cuestiona el Estado de Derecho. Además, critica las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que han debilitado el Poder Judicial y denuncia un pacto con socios políticos para perseguir a los jueces. La diputada Silvia Franco también señala la falta de atención del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género, instando a reforzar los tribunales para mejorar su situación.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez durante una reunión plenaria en el Congreso y el Senado. Feijóo afirmó que los ciudadanos no desean más "cartitas" del Gobierno, sino ayudas efectivas ante la crisis económica. Reprochó la insuficiencia de las ayudas gubernamentales frente a la subida del combustible y exigió medidas como la reducción del IVA en alimentos y el IRPF para aliviar a las familias. Además, se mostró en contra de la regularización masiva de inmigrantes, considerándola insostenible e injusta. Feijóo también cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la corrupción y la falta de apoyo parlamentario, asegurando que su legado es uno de inflación y deterioro social.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que mejora el acceso judicial a pruebas electrónicas en la Unión Europea, facilitando la labor de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal obligará a los prestadores de servicios digitales a designar representantes para gestionar solicitudes de obtención y preservación de datos relevantes en investigaciones penales. Con esta medida, se busca agilizar el proceso judicial en el ámbito digital, adaptándose a las necesidades actuales donde las pruebas electrónicas son fundamentales. El anteproyecto forma parte del paquete e-evidence europeo, que refuerza la cooperación judicial en la UE.

El Partido Popular (PP) ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), señalando que los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa han puesto a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, el portavoz del PP, Salvador de Foronda, criticó que estos rescates no eran donativos y cuestionó el uso de fondos públicos, sugiriendo posibles vínculos con blanqueo de dinero. De Foronda también destacó que mientras muchas pequeñas empresas luchaban por sobrevivir, unas pocas privilegiadas recibieron apoyo financiero sin cumplir con las garantías necesarias. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, fue instada a investigar estas irregularidades o ser considerada cómplice.