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El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español planea aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, declaró que el PP utilizará todos los recursos políticos y jurídicos disponibles en España y la Unión Europea para combatir esta medida, que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de respetar la ley en el proceso de inmigración y advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la sociedad española. Además, criticó la falta de información sobre cuántas personas se verían afectadas por la regularización y sus antecedentes. El PP también abordó otros temas como la corrupción del Gobierno y su política penitenciaria.

Concepción Campos Acuña ha sido nombrada nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un acto celebrado en el Ministerio para la Transformación Digital. Durante su discurso, enfatizó la importancia de la transparencia como una exigencia concreta que refuerza la confianza en las instituciones. Con más de 20 años de experiencia en la administración pública, Campos Acuña se compromete a hacer de la transparencia una herramienta útil y accesible. Su mandato será de cinco años y ejercerá funciones con dedicación exclusiva, cumpliendo con el régimen de incompatibilidades establecido para altos cargos.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica al Gobierno por imponer el IRPF más alto de la historia en España, argumentando que "la corrupción del sanchismo necesita dinero". Durante su intervención en Logroño, Gamarra relaciona el aumento de impuestos con la corrupción y denuncia el deterioro de los servicios públicos. Además, señala que el juicio contra Ábalos en el Tribunal Supremo es solo el inicio de múltiples causas relacionadas con la corrupción del actual gobierno. Gamarra exige un cambio político que garantice menos impuestos y mejores servicios públicos.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestiona si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contra del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoce las normas de competencia de la UE, su respuesta no aborda estos conflictos. La eurodiputada exige una investigación rigurosa para garantizar transparencia y competencia leal en el mercado europeo.

Alicia García, portavoz del GPP en el Senado, declaró que "hoy comienza la primavera negra de Sánchez", refiriéndose a la situación política actual y al nuevo vicepresidente Carlos Cuerpo. En una sesión de control al Gobierno, García criticó a Cuerpo por aceptar su cargo sin asumir la responsabilidad de los problemas del Gobierno, como la falta de presupuestos y el deterioro de los servicios públicos. Además, exigió al vicepresidente que pidiera perdón por la corrupción relacionada con el sanchismo, acusándolo de ser un defensor del presidente Pedro Sánchez en lugar de un regenerador del sistema. La dirigente del PP subrayó que Cuerpo no es solo un técnico, sino el máximo representante del sanchismo.

El Ministerio de Consumo ha activado por tercer año consecutivo el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) para ayudar a los afectados por fraudes en el juego online, coincidiendo con la campaña de la Renta 2025. En 2025, se registraron más de 8.600 denuncias por suplantaciones de identidad, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior. Este protocolo, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y la Agencia Tributaria, ofrece una web específica donde los usuarios pueden encontrar orientación sobre cómo denunciar y regularizar su situación. La mayoría de los casos se concentran en apuestas, y el perfil de las víctimas incluye una mayor presencia de mujeres y personas mayores de 26 años. Además, se han identificado diversas modalidades de suplantación, incluyendo el uso fraudulento de identidades ajenas por menores y automatización mediante bots. Para reforzar la protección, se ha implementado el servicio Phishing Alert que avisa sobre intentos de registro sospechosos.

Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. Blanco califica esta medida como un "coladero para delincuentes" y una señal del fracaso en el control de fronteras. Durante la sesión de control al Gobierno, argumentó que la intención detrás de esta regularización es ampliar la base electoral para sostener a Sánchez, destacando la falta de exigencias en los antecedentes policiales. Además, criticó la gestión del ministro en materia de seguridad y servicios públicos, instándole a dimitir si tiene dignidad.

En el Pleno del Senado, Alfonso Polanco, portavoz de Hacienda del GPP, cuestionó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la gestión de la inflación en España. Polanco afirmó que el Gobierno ha optado por "aprovechar" la inflación en lugar de combatirla, criticando las medidas temporales como rebajas del IVA y cheques puntuales. Propuso deflactar el IRPF para proteger el poder adquisitivo de los españoles, especialmente de los jóvenes con salarios bajos. Denunció que la inflación ha llevado a un aumento acumulado de precios del 20% en pocos años, mientras que los salarios han crecido por debajo de este incremento. Además, alertó sobre la alta presión fiscal y la falta de medidas estructurales para abordar el coste de vida.

El Partido Popular (PP) ha denunciado un "patrón sistemático" de irregularidades en la gestión de Forestalia y el PSOE, durante una Comisión de Investigación sobre el caso Koldo-Ábalos-PSOE. La portavoz del GPP, Rocío Dívar, ha señalado que tanto en Aragón como en el Ministerio de Transición Ecológica se han evidenciado procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados. La investigación apunta a una posible tramitación paralela para beneficiar a Forestalia, con implicaciones políticas significativas bajo el gobierno de Sánchez. Además, se han mencionado conexiones entre Forestalia y sociedades vinculadas a individuos que podrían actuar como intermediarios en este entramado. La denuncia incluye preguntas sin respuesta sobre subvenciones y relaciones empresariales sospechosas que requieren mayor escrutinio.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Durante un Comité de Dirección, Bravo exigió al Gobierno explicaciones sobre el uso de dinero público en estos rescates, señalando que se ha beneficiado a políticos y causas políticas. Criticó la gestión económica del Gobierno de Sánchez, acusándolo de corrupción y de afectar negativamente a la dignidad institucional y al bolsillo de los ciudadanos. Además, destacó el inicio del juicio por el caso Ábalos y Koldo, donde se investigan responsabilidades por corrupción que podrían implicar penas de más de 400 años de cárcel. También mencionó el aumento significativo en la recaudación fiscal bajo el actual gobierno, a pesar del deterioro en servicios públicos y la crisis habitacional.

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva en el Congreso de los Diputados en relación con el caso Forestalia, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y ha solicitado cerca de 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, centrándose en la posible implicación de un ex alto cargo del ministerio y la empresa pública Tragsatec. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales, informes técnicos y comunicaciones internas relacionadas con proyectos promovidos por Forestalia desde 2015. Además, se exige aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos casos, así como sobre los mecanismos de control existentes para asegurar la imparcialidad en la tramitación de expedientes ambientales.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de narcotraficantes en Almería, deteniendo a seis personas e investigando a una más, tras un tiroteo ocurrido en febrero. La operación, llamada "Operación Palmeras", resultó en la incautación de 530 kg de hachís, 1.400 plantas de marihuana y diversas armas. La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando se detectó una descarga de drogas desde una embarcación. Los registros domiciliarios llevaron a la captura de cinco miembros del grupo criminal y al esclarecimiento del tiroteo en Huércal. Los detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, alerta sobre los riesgos de seguridad que podría generar la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno de Sánchez. Advierte que, aunque estos inmigrantes no podrán asentarse en la Unión Europea, sí podrán circular libremente, lo que podría facilitar la entrada de delincuentes y terroristas. Muñoz critica la falta de transparencia del Ejecutivo respecto a cuántas personas han obtenido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática y denuncia una doble moral al abordar temas de seguridad. Además, menciona la necesidad de controles en los procesos de regularización para proteger tanto a España como a Europa.

El Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad han lanzado la primera Oficina de Atención a la Ciudadanía universalmente accesible en Madrid. Esta iniciativa incluye mejoras significativas en la señalización, como el uso de pictogramas y textos simplificados, para facilitar la comprensión por parte de todas las personas que utilicen estos servicios. La evaluación previa fue realizada por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), que identificó barreras y propuso un nuevo diseño más inclusivo. Entre las mejoras se encuentran carteles informativos, un directorio accesible y un puesto específico para atención a personas con discapacidad. Esta oficina busca ser un modelo ejemplar en cumplimiento de la normativa de accesibilidad y fomentar una atención más inclusiva en los espacios públicos.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Campos, con más de 20 años de experiencia en la administración pública y una sólida formación académica, se compromete a actuar con independencia y transparencia. Su mandato se centrará en actualizar la normativa, fomentar la cooperación entre entidades y aprovechar la tecnología para mejorar el acceso a la información pública. Este cargo tiene una duración de cinco años y es incompatible con otros puestos en la Administración General del Estado.