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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez durante una reunión plenaria en el Congreso y el Senado. Feijóo afirmó que los ciudadanos no desean más "cartitas" del Gobierno, sino ayudas efectivas ante la crisis económica. Reprochó la insuficiencia de las ayudas gubernamentales frente a la subida del combustible y exigió medidas como la reducción del IVA en alimentos y el IRPF para aliviar a las familias. Además, se mostró en contra de la regularización masiva de inmigrantes, considerándola insostenible e injusta. Feijóo también cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la corrupción y la falta de apoyo parlamentario, asegurando que su legado es uno de inflación y deterioro social.

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que mejora el acceso judicial a pruebas electrónicas en la Unión Europea, facilitando la labor de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal obligará a los prestadores de servicios digitales a designar representantes para gestionar solicitudes de obtención y preservación de datos relevantes en investigaciones penales. Con esta medida, se busca agilizar el proceso judicial en el ámbito digital, adaptándose a las necesidades actuales donde las pruebas electrónicas son fundamentales. El anteproyecto forma parte del paquete e-evidence europeo, que refuerza la cooperación judicial en la UE.

El Partido Popular (PP) ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), señalando que los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa han puesto a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, el portavoz del PP, Salvador de Foronda, criticó que estos rescates no eran donativos y cuestionó el uso de fondos públicos, sugiriendo posibles vínculos con blanqueo de dinero. De Foronda también destacó que mientras muchas pequeñas empresas luchaban por sobrevivir, unas pocas privilegiadas recibieron apoyo financiero sin cumplir con las garantías necesarias. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, fue instada a investigar estas irregularidades o ser considerada cómplice.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español planea aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, declaró que el PP utilizará todos los recursos políticos y jurídicos disponibles en España y la Unión Europea para combatir esta medida, que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de respetar la ley en el proceso de inmigración y advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la sociedad española. Además, criticó la falta de información sobre cuántas personas se verían afectadas por la regularización y sus antecedentes. El PP también abordó otros temas como la corrupción del Gobierno y su política penitenciaria.

Concepción Campos Acuña ha sido nombrada nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un acto celebrado en el Ministerio para la Transformación Digital. Durante su discurso, enfatizó la importancia de la transparencia como una exigencia concreta que refuerza la confianza en las instituciones. Con más de 20 años de experiencia en la administración pública, Campos Acuña se compromete a hacer de la transparencia una herramienta útil y accesible. Su mandato será de cinco años y ejercerá funciones con dedicación exclusiva, cumpliendo con el régimen de incompatibilidades establecido para altos cargos.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica al Gobierno por imponer el IRPF más alto de la historia en España, argumentando que "la corrupción del sanchismo necesita dinero". Durante su intervención en Logroño, Gamarra relaciona el aumento de impuestos con la corrupción y denuncia el deterioro de los servicios públicos. Además, señala que el juicio contra Ábalos en el Tribunal Supremo es solo el inicio de múltiples causas relacionadas con la corrupción del actual gobierno. Gamarra exige un cambio político que garantice menos impuestos y mejores servicios públicos.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestiona si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contra del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoce las normas de competencia de la UE, su respuesta no aborda estos conflictos. La eurodiputada exige una investigación rigurosa para garantizar transparencia y competencia leal en el mercado europeo.

Alicia García, portavoz del GPP en el Senado, declaró que "hoy comienza la primavera negra de Sánchez", refiriéndose a la situación política actual y al nuevo vicepresidente Carlos Cuerpo. En una sesión de control al Gobierno, García criticó a Cuerpo por aceptar su cargo sin asumir la responsabilidad de los problemas del Gobierno, como la falta de presupuestos y el deterioro de los servicios públicos. Además, exigió al vicepresidente que pidiera perdón por la corrupción relacionada con el sanchismo, acusándolo de ser un defensor del presidente Pedro Sánchez en lugar de un regenerador del sistema. La dirigente del PP subrayó que Cuerpo no es solo un técnico, sino el máximo representante del sanchismo.

El Ministerio de Consumo ha activado por tercer año consecutivo el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) para ayudar a los afectados por fraudes en el juego online, coincidiendo con la campaña de la Renta 2025. En 2025, se registraron más de 8.600 denuncias por suplantaciones de identidad, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior. Este protocolo, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y la Agencia Tributaria, ofrece una web específica donde los usuarios pueden encontrar orientación sobre cómo denunciar y regularizar su situación. La mayoría de los casos se concentran en apuestas, y el perfil de las víctimas incluye una mayor presencia de mujeres y personas mayores de 26 años. Además, se han identificado diversas modalidades de suplantación, incluyendo el uso fraudulento de identidades ajenas por menores y automatización mediante bots. Para reforzar la protección, se ha implementado el servicio Phishing Alert que avisa sobre intentos de registro sospechosos.

Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. Blanco califica esta medida como un "coladero para delincuentes" y una señal del fracaso en el control de fronteras. Durante la sesión de control al Gobierno, argumentó que la intención detrás de esta regularización es ampliar la base electoral para sostener a Sánchez, destacando la falta de exigencias en los antecedentes policiales. Además, criticó la gestión del ministro en materia de seguridad y servicios públicos, instándole a dimitir si tiene dignidad.

En el Pleno del Senado, Alfonso Polanco, portavoz de Hacienda del GPP, cuestionó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la gestión de la inflación en España. Polanco afirmó que el Gobierno ha optado por "aprovechar" la inflación en lugar de combatirla, criticando las medidas temporales como rebajas del IVA y cheques puntuales. Propuso deflactar el IRPF para proteger el poder adquisitivo de los españoles, especialmente de los jóvenes con salarios bajos. Denunció que la inflación ha llevado a un aumento acumulado de precios del 20% en pocos años, mientras que los salarios han crecido por debajo de este incremento. Además, alertó sobre la alta presión fiscal y la falta de medidas estructurales para abordar el coste de vida.

El Partido Popular (PP) ha denunciado un "patrón sistemático" de irregularidades en la gestión de Forestalia y el PSOE, durante una Comisión de Investigación sobre el caso Koldo-Ábalos-PSOE. La portavoz del GPP, Rocío Dívar, ha señalado que tanto en Aragón como en el Ministerio de Transición Ecológica se han evidenciado procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados. La investigación apunta a una posible tramitación paralela para beneficiar a Forestalia, con implicaciones políticas significativas bajo el gobierno de Sánchez. Además, se han mencionado conexiones entre Forestalia y sociedades vinculadas a individuos que podrían actuar como intermediarios en este entramado. La denuncia incluye preguntas sin respuesta sobre subvenciones y relaciones empresariales sospechosas que requieren mayor escrutinio.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Durante un Comité de Dirección, Bravo exigió al Gobierno explicaciones sobre el uso de dinero público en estos rescates, señalando que se ha beneficiado a políticos y causas políticas. Criticó la gestión económica del Gobierno de Sánchez, acusándolo de corrupción y de afectar negativamente a la dignidad institucional y al bolsillo de los ciudadanos. Además, destacó el inicio del juicio por el caso Ábalos y Koldo, donde se investigan responsabilidades por corrupción que podrían implicar penas de más de 400 años de cárcel. También mencionó el aumento significativo en la recaudación fiscal bajo el actual gobierno, a pesar del deterioro en servicios públicos y la crisis habitacional.

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva en el Congreso de los Diputados en relación con el caso Forestalia, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y ha solicitado cerca de 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, centrándose en la posible implicación de un ex alto cargo del ministerio y la empresa pública Tragsatec. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales, informes técnicos y comunicaciones internas relacionadas con proyectos promovidos por Forestalia desde 2015. Además, se exige aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos casos, así como sobre los mecanismos de control existentes para asegurar la imparcialidad en la tramitación de expedientes ambientales.