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El asedio les cuesta la prisión a los presidentes de ANC y Omnium Cultural
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El asedio les cuesta la prisión a los presidentes de ANC y Omnium Cultural

martes 17 de octubre de 2017, 00:07h

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado prisión provisional sin fianza para los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por su participación en el asedio a la comisión judicial de los días 20 y 21 de septiembre.

La magistrada ha encontrado indicios suficientes para sostener que ambos han podido incurrir en un delito de sedición contemplado en el artículo 544 del Código Penal que está castigado hasta con diez años de cárcel, al "promover" las concentraciones que impidieron la salida de la secretaria judicial y de la Guardia Civil por espacio de 18 horas.

En un auto de 15 páginas, Lamela defiende como "adecuada, razonable y proporcionada" la medida de prisión al aplicarse para investigados por un delito grave con penas superiores a los dos años de prisión y con indicios suficientes de criminalidad en su contra.

Mantiene que la actuación de ambos estuvo orientada a impedir que los funcionarios de la Administración desarrollaran sus funciones en cumplimiento de la ley. Además, Sánchez y Cuixart eran "conscientes" de que estaban conculcando el ordenamiento jurídico.

La protesta no fue "aislada y casual", sino que formó parte de una "compleja estrategia" con la que los dos venían colaborando para lograr la independencia de Cataluña. Además, usaron las redes sociales para convocar a los ciudadanos a manifestarse en concentraciones que "no eran pacíficas" ni tampoco "protestas aisladas", añade.

Indica la jueza que la importante pena que conlleva el delito que se les atribuye favorece la "tentación de la huida" y que persiste el riesgo de reiteración delictiva por su manifiesta voluntad de seguir trabajando en favor de la independencia de Cataluña. Finalmente, Lamela aprecia posibilidades de que ambos puedan intentar "ocultar, alterar o destruir" pruebas.

Tras su declaración ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, el ministerio público ha solicitado esta medida cautelar para Sánchez, del que sospecha que contribuyó a la destrucción de pruebas durante el desarrollo de la operación dirigida por el juzgado número 13 de TSJ de Cataluña.

Sánchez declaró por espacio de 45 minutos durante los cuales únicamente respondió a las preguntas de su defensa. Por su parte, Cuixart se acogió a su derecho a no declarar. Los dos saldrán de la Audiencia Nacional en un furgón policial con destino a la prisión de Soto del Real.

TRAPERO EN LIBERTAD

Por otra parte, la jueza ha dejado en libertad al mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluis Trapero, aunque le ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio, la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Lamela destaca en un auto en el que establece las medidas cautelares tanto para Trapero como para la intendente de los Mossos Teresa Laplana que el delito que se imputa a los investigados es "muy grave" y conlleva penas de más de 10 años de prisión. Ahora bien, dice que hay que tener en cuenta que ambos tienen domicilio conocido y trabajo estable.

En relación con la actuación del mayor de los Mossos, la jueza rechaza la petición de prisión incondicional hecha por la Fiscalía con el argumento de que no existe riesgo de reiteración delicitiva ni de fuga.

En el caso de Laplana, asegura que no se conocen actuaciones suyas anteriores o posteriores a los hechos que se están investigando de contribución a la causa independentista, por eso considera que "no hay peligro de reiteración delictiva" y que tampoco existe riesgo de destrucción de pruebas.

En el auto en el que acordaba la libertad para Trapero y Laplana, la jueza explica que los presidentes de ANC y Òmnium "se erigieron como interlocutores" de la concentración, afirmando en todo momento que podían manejar a los manifestantes y tratando de negociar con las Fuerzas de Seguridad en hasta cinco ocasiones "planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos", pero nunca "aceptando aquellas opciones que los especialista en seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos".

En el auto se señala que Sánchez y Cuixart no utilizaron este control sobre los manifestantes "para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez".

Recuerda la juez en el auto que Sánchez arengó a los manifestantes pidiendo "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Por su parte el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió en varias ocasiones que la movilización no se detuviera y ambos "subidos a un coche" de la Guardia Civil llamaron a la "movilización permanente" a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo.

La magistrada menciona que los daños a los tres vehículos de la Guardia Civil estacionados a las puertas de la Consejería de Economía ascendieron a más de 135.000 euros.

Los informes de la Guardia Civil consideran que los dos investigados son miembros, junto con el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, del organigrama diseñado por la Generalitat de Cataluña para conseguir la independencia. Concretamente, establece dos comités en este camino, uno estratégico, en el que sitúa a los presidentes de la ANC y Òmnium, y otro ejecutivo, ejercido por los Mossos.

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