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ONU pide al gobierno mexicano aclarar la desaparición de defensores de derechos humanos
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ONU pide al gobierno mexicano aclarar la desaparición de defensores de derechos humanos

Por Redacción
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admincibelesnet/5/5/13
cibeles.net
viernes 16 de enero de 2026, 16:32h
Última actualización: viernes 16 de enero de 2026, 19:13h

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Expertos de la ONU han exigido al gobierno mexicano respuestas sobre la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes desaparecieron hace tres años en Colima. En un comunicado, subrayaron que las autoridades deben investigar exhaustivamente y garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, ya que las desapariciones generan un ambiente amedrentador que silencia voces críticas. Además, instaron a la empresa minera Ternium a cooperar con las investigaciones y abordar los impactos negativos relacionados con sus operaciones. Este caso resalta los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en México.

Un grupo de expertos de la ONU ha exigido al Estado mexicano respuestas urgentes sobre el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes han estado desaparecidos desde hace tres años en el estado de Colima. Esta demanda se produce en un contexto donde las autoridades deben cumplir con sus obligaciones internacionales, que incluyen la investigación exhaustiva de los hechos, la búsqueda activa y la sanción penal a los responsables.

En un comunicado emitido por los relatores especiales y expertos independientes, se subrayó que es imperativo que las autoridades actúen con diligencia ante esta situación. La desaparición de Lagunes, abogado defensor, y Díaz, líder indígena, ocurrió el 15 de enero de 2023 tras su participación en una reunión comunitaria en San Miguel de Aquila, Michoacán. En dicho encuentro se discutieron acciones colectivas relacionadas con los impactos en derechos humanos derivados de las actividades de la empresa minera Ternium, parte del grupo Techint. Este caso refleja un conflicto prolongado por el acceso a recursos naturales.

El contexto del caso

Los expertos han destacado la “incansable búsqueda de verdad y justicia” llevada a cabo por las familias afectadas durante estos tres años, frente a lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte del Estado. El caso está registrado bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Efecto amedrentador sobre defensores

Los expertos advirtieron que “las desapariciones forzadas generan un efecto amedrentador sobre quienes defienden los derechos humanos (…) y sirven para silenciar voces críticas”. Por ello, instaron al Gobierno mexicano a garantizar un entorno seguro para los defensores, fortaleciendo el mecanismo de protección existente.

El comunicado también hace un llamado a la responsabilidad corporativa. Según informes presentados, en contextos relacionados con proyectos extractivos como el de Ternium, “las empresas han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia”. Los expertos demandaron que Ternium coopere plenamente con las investigaciones y asista en la recopilación de pruebas para abordar los impactos negativos asociados a sus operaciones.

Doble obligación: Estado y empresa

Los especialistas en derechos humanos enfatizan que tanto el Estado como las empresas tienen responsabilidades claras:

  • Para el Estado: Investigar con diligencia, proteger a los defensores y asegurar que las empresas respeten los derechos humanos.
  • Para la empresa: Evitar vulnerar derechos, colaborar con las autoridades en casos graves como este y proporcionar reparación por los daños causados.

Finalmente, los expertos recordaron que mantienen comunicación tanto con el Gobierno mexicano como con la empresa involucrada en este caso emblemático que ilustra los riesgos extremos enfrentados por quienes defienden la tierra y el medio ambiente en México.

*Las Relatorías Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos mecanismos son independientes del Consejo y están compuestos por expertos designados para investigar situaciones específicas relacionadas con derechos humanos alrededor del mundo.

**Entre los expertos se encuentran Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Gra?yna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé; Mohammed Al-Obaidi del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Damilola Olawuyi (Presidente) entre otros miembros destacados.

Preguntas sobre la noticia

¿Quiénes son los defensores de derechos humanos mencionados en la noticia?

Los defensores de derechos humanos mencionados son Ricardo Lagunes, un abogado defensor, y Antonio Díaz, un líder indígena, quienes desaparecieron el 15 de enero de 2023 en el estado de Colima, México.

¿Qué exigieron los expertos de la ONU al Estado mexicano?

Los expertos de la ONU exigieron respuestas inmediatas sobre la suerte y el paradero de los defensores desaparecidos, así como una investigación exhaustiva, búsqueda activa y sanciones penales para los perpetradores.

¿Cuál es el trasfondo del caso de desaparición forzada?

El caso se enmarca en un conflicto relacionado con las operaciones de la empresa minera Ternium y sus impactos en derechos humanos, que generaron acciones colectivas por parte de la comunidad afectada.

¿Qué efectos tienen las desapariciones forzadas según los expertos?

Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre quienes defienden los derechos humanos y sirven para silenciar voces críticas.

¿Qué responsabilidades tienen el Estado y la empresa involucrada?

El Estado tiene la obligación de investigar diligentemente y proteger a los defensores, mientras que la empresa debe evitar vulnerar derechos y cooperar con las autoridades en casos graves.

¿Cómo han respondido las familias ante la falta de acción del Estado?

Las familias han emprendido una incansable búsqueda de verdad y justicia durante tres años frente a lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte del Estado.

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