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El Parlamento Europeo ha aprobado un informe del Partido Popular que establece las bases para una política europea de vivienda. Este informe, liderado por el eurodiputado Borja Giménez Larraz, aborda la crisis de la vivienda en Europa, destacando la necesidad urgente de construir más viviendas y reducir la burocracia en los permisos de construcción. Se estima que se requieren 650,000 nuevas viviendas anualmente en la próxima década. El informe también condena la ocupación ilegal y propone un Plan de Acción Europeo para apoyar a jóvenes y familias vulnerables en el acceso a la vivienda. Además, se busca mejorar la recopilación de datos sobre vivienda para evaluar políticas efectivas.

El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo la propuesta del presidente Pedro Sánchez de una regularización masiva de inmigrantes irregulares, advirtiendo sobre sus graves consecuencias para la Unión Europea. La eurodiputada Dolors Montserrat criticó que esta medida se imponga "a ciegas" y sin verificar antecedentes, lo que podría generar un efecto llamada y potenciar las mafias de trata de personas. Además, alertó sobre el impacto en el espacio Schengen y la polarización política que esta decisión podría acarrear. Los eurodiputados del PP abogan por una política migratoria basada en la legalidad y el respeto a los derechos de quienes cumplen las normas.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, defendió la candidatura de Málaga como sede de la futura Autoridad Aduanera Europea (EUCA) ante el Parlamento Europeo. Acompañada por el alcalde Francisco de la Torre, destacó las condiciones técnicas, logísticas y de seguridad que ofrece la ciudad, así como el compromiso unánime de las administraciones españolas. La elección de la sede se realizará en febrero de 2026, y Málaga competirá con otras ciudades europeas. Montero resaltó la ubicación geoestratégica y los servicios públicos de calidad que caracterizan a la capital malagueña.

El Partido Popular ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por renunciar a 60.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, lo que representa el 37% de los recursos asignados a España tras la pandemia. La eurodiputada Isabel Benjumea ha señalado que esta decisión evidencia un fracaso en la gestión de dichos fondos, advirtiendo sobre la pérdida de una oportunidad histórica para modernizar la economía del país. Además, ha destacado que los retrasos y la centralización en la gestión han impedido que estos recursos lleguen a empresas y pymes, dañando así la imagen de España ante sus socios europeos.

El Parlamento Europeo envía dos delegaciones a España para investigar la erosión del Estado de derecho y las implicaciones del cierre de la central nuclear de Almaraz. A pesar de las solicitudes de reunión, el Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha rechazado encuentros con los eurodiputados. La visita se enmarca en un contexto de preocupaciones sobre la independencia judicial y el control del poder ejecutivo en España. Además, los eurodiputados se reunirán con autoridades locales en Extremadura para discutir el impacto económico del cierre de Almaraz y abordarán cuestiones medioambientales en el Parque Nacional de Cabañeros.

El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas salvaguardias para proteger a los agricultores europeos, impulsadas por el Partido Popular y su líder Alberto Núñez Feijóo. Estas medidas buscan evitar daños en el mercado agrícola ante la posible aplicación del acuerdo comercial UE-Mercosur. Se ha reducido el umbral de activación de las salvaguardias del 10% al 5%, permitiendo una respuesta más rápida ante caídas significativas de precios. Además, se han incluido los cítricos como productos sensibles y se establecerán auditorías más estrictas en terceros países. La oposición, representada por Vox, votó en contra de estas protecciones, lo que generó críticas sobre su compromiso con el sector agrícola español.

El Parlamento Europeo ha instado a España a ratificar de inmediato la reforma de la ley electoral europea, que incluye un umbral electoral mínimo del 2% al 5% en las elecciones europeas. Esta decisión pone fin a años de bloqueo y busca corregir distorsiones democráticas en el sistema electoral español, donde partidos con poco apoyo nacional obtienen representación sobredimensionada. A pesar del respaldo mayoritario en Europa, los eurodiputados socialistas españoles han votado en contra, alineándose con Vox para mantener el estatus quo que favorece a los partidos nacionalistas. La reforma también promueve la transparencia electoral, exigiendo que las papeletas incluyan todos los partidos en coalición.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha propuesto en el Parlamento Europeo abrir un debate para blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta de Derechos de la Unión Europea. Durante su intervención, destacó la importancia de garantizar este derecho de manera efectiva en todos los territorios, señalando las disparidades existentes en España. Redondo subrayó que es crucial avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ante una ola reaccionaria que amenaza las libertades de las mujeres. Además, participó en reuniones sobre políticas de igualdad y salud sexual a nivel europeo, apoyando iniciativas que promueven el acceso al aborto seguro y gratuito en toda la UE.