Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha anunciado en una entrevista que impulsará una ley nacional para reconocer ayudas a las familias por los hijos concebidos y no nacidos. Feijóo argumenta que la espera de un hijo debe reflejarse en el ámbito económico y social, proponiendo que estas ayudas sean parte de las subvenciones públicas. Además, criticó al gobierno de Pedro Sánchez por la corrupción y la falta de responsabilidad política, enfatizando la necesidad de limpiar las instituciones. También destacó el éxito electoral del PP en Andalucía y reafirmó su compromiso con la gobernanza responsable y transparente.
Presumir de crecimiento mientras se pierde poder adquisitivo y productividad.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, destacó en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid la diferencia entre los proyectos del PP y el PSOE. Criticó al gobierno de Pedro Sánchez por estar envuelto en escándalos de corrupción y afirmó que el PP se enfoca en formar nuevos gobiernos, como el de Castilla y León. Ezcurra subrayó que los ciudadanos han elegido entre dos modelos: uno que busca poner las instituciones a funcionar y otro que se protege a sí mismo. Además, defendió la dignidad del inmigrante y propuso una adecuada organización de los recursos públicos para fomentar la solidaridad. Celebró la nueva administración de Mañueco, prometiendo importantes mejoras en impuestos, vivienda y servicios públicos en Castilla y León.
Inmigración sin control, integración fallida y tensiones crecientes.
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes que accedan a ayudas públicas. En una Comisión de Política Territorial, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para detectar empadronamientos fraudulentos y garantizar una gestión más rigurosa de la inmigración. Además, criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno sin la debida comunicación a las autoridades europeas, acusándolo de despreciar la colaboración con administraciones locales y autonómicas. Bendodo enfatizó la necesidad de establecer un control efectivo y seguridad jurídica en materia migratoria.
El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español planea aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, declaró que el PP utilizará todos los recursos políticos y jurídicos disponibles en España y la Unión Europea para combatir esta medida, que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de respetar la ley en el proceso de inmigración y advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la sociedad española. Además, criticó la falta de información sobre cuántas personas se verían afectadas por la regularización y sus antecedentes. El PP también abordó otros temas como la corrupción del Gobierno y su política penitenciaria.
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, alerta sobre los riesgos de seguridad que podría generar la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno de Sánchez. Advierte que, aunque estos inmigrantes no podrán asentarse en la Unión Europea, sí podrán circular libremente, lo que podría facilitar la entrada de delincuentes y terroristas. Muñoz critica la falta de transparencia del Ejecutivo respecto a cuántas personas han obtenido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática y denuncia una doble moral al abordar temas de seguridad. Además, menciona la necesidad de controles en los procesos de regularización para proteger tanto a España como a Europa.
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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha denunciado la grave situación de corrupción que afecta al Gobierno español, señalando que hay más imputados que diputados socialistas y un total de 17 sumarios abiertos. Durante su intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pidió a los ciudadanos no normalizar esta crisis institucional y cuestionó la falta de dimisiones entre los altos cargos implicados. Feijóo también criticó a los socios del Gobierno por mantenerlo en el poder a pesar de los escándalos y abogó por una política migratoria responsable y un modelo de vivienda que priorice la construcción de un millón de casas. Además, destacó la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa ante desafíos internacionales.
Joan Mesquida, diputado del GPP, ha defendido en el Pleno del Congreso la creación de senadores propios para Ibiza y Formentera, argumentando que estas islas necesitan voces que representen sus realidades y exijan al Gobierno Central lo que lleva años sin cumplirse. Mesquida criticó los incumplimientos del Gobierno de Sánchez durante su mandato, mencionando el fin del convenio de carreteras y la congelación del plus de insularidad. Además, denunció la falta de acciones efectivas ante la inmigración irregular y reafirmó el apoyo a esta reforma como una herramienta esencial para defender los intereses de las Islas Baleares.
José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha exigido una revisión del rescate de Plus Ultra, argumentando que la compañía no cumplía con los requisitos necesarios y criticando la influencia política en su aprobación. Durante el pleno del Congreso, cuestionó la existencia de corrupción en diferentes niveles dentro del Gobierno, señalando a figuras como Ábalos y Aldama. Marí Bosó destacó que Plus Ultra recibió 53 millones de euros a pesar de sus problemas financieros y acusó al Ejecutivo de utilizar las instituciones para beneficiar a unos pocos. También criticó la política migratoria del Gobierno, afirmando que ha convertido la inmigración en un problema significativo para los españoles.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que el partido remitirá un escrito al Tribunal Supremo para que analice las declaraciones de Francina Armengol, acusándola de mentir en sede judicial. Tellado exige su dimisión y critica su relación con una trama de corrupción en Baleares. Además, señala que la presidenta del Congreso no debería presidir el Pleno debido a su implicación en escándalos de corrupción. También critica la gestión del Gobierno en la regularización masiva de inmigrantes, advirtiendo sobre las consecuencias para los servicios públicos. El PP planea presentar mociones en ayuntamientos para frenar este proceso y destaca la importancia de mantener la legalidad en las investiduras políticas.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.
Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. Blanco califica esta medida como un "coladero para delincuentes" y una señal del fracaso en el control de fronteras. Durante la sesión de control al Gobierno, argumentó que la intención detrás de esta regularización es ampliar la base electoral para sostener a Sánchez, destacando la falta de exigencias en los antecedentes policiales. Además, criticó la gestión del ministro en materia de seguridad y servicios públicos, instándole a dimitir si tiene dignidad.
Más de 214.000 personas extranjeras trabajan en España gracias a la vía del arraigo, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, este crecimiento se traduce en un incremento del 39% en la afiliación a la Seguridad Social de este colectivo. La mayoría de los contratos son indefinidos y a tiempo completo, destacando sectores como la hostelería, la construcción y el comercio. Además, el número de autorizaciones de residencia por arraigo ha crecido un 26% en el último año, consolidando su importancia como herramienta para la integración laboral y social en España.
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