El número de personas que recibe una prestación en el Sistema de Dependencia ha aumentado casi un 10% en el último año, alcanzando más de 1,57 millones. Este crecimiento del 8,5% se refleja en un contexto de creciente demanda y presión demográfica, con cerca de 2,3 millones de solicitudes registradas. La lista de espera ha disminuido significativamente, situándose en 174.406 personas, lo que representa una reducción del 9,8% respecto al año anterior. Las mujeres mayores de 80 años son el grupo mayoritario entre los solicitantes. El Ministerio de Derechos Sociales trabaja para mejorar la calidad y rapidez en la atención a las personas dependientes y está implementando un modelo más flexible centrado en la atención comunitaria.
Se ha constituido el Consejo Estatal de Protección Animal en España, un órgano interministerial y consultivo que busca mejorar la aplicación de políticas de bienestar animal. Este consejo, creado bajo la Ley 7/2023, cuenta con representación de diversos ministerios, administraciones locales y organizaciones del sector. Durante su intervención, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, destacó la importancia del diálogo y el consenso para avanzar en la protección de los animales, enfatizando que la sociedad española valora el cuidado hacia ellos. El consejo tiene como objetivo fomentar la colaboración entre administraciones y ciudadanos para fortalecer las normativas de protección animal.
El Congreso de los Diputados ha aprobado un Real Decreto-ley que amplía los permisos por nacimiento y cuidados en España. A partir del 1 de enero de 2026, los progenitores podrán disfrutar de 17 semanas de permiso por nacimiento, además de 2 semanas adicionales retribuidas para cuidados, sumando un total de 19 semanas. Esta medida beneficia a casi un millón de personas en su primer año y tiene carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024. La ministra Yolanda Díaz destaca que esta normativa coloca a España entre los países con permisos parentales más avanzados y busca poner los cuidados en el centro de la política social.
El Ministerio de Derechos Sociales ha rendido homenaje a las víctimas del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial, conmemorando el Samudaripen en un acto que coincide con el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península. El ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de reconocer el dolor histórico sufrido por esta comunidad y la necesidad de preservar su memoria cultural. La ceremonia incluyó una ofrenda floral y una actuación musical, y contó con la participación de representantes institucionales y asociaciones gitanas. Este homenaje busca fortalecer el compromiso con una memoria democrática más inclusiva y reparadora.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha destacado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) durante un reciente acto. El ministro Pablo Bustinduy subrayó el compromiso del gobierno para transformar el modelo de cuidados, enfocándose en la calidad del empleo y en la implementación de reformas que incluyan indicadores sobre la calidad laboral. La reforma busca abordar la inestabilidad y precariedad que enfrentan muchas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, en un sector crucial que se enfrenta a un aumento significativo en la demanda debido al envejecimiento poblacional. Además, se presentaron datos preocupantes sobre salarios y condiciones laborales que afectan tanto a la salud física como emocional de estas profesionales.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha convocado a los consejeros y consejeras de Consumo en una Conferencia Sectorial para instarles a sancionar a las empresas que operan pisos turísticos ilegales. Esta reunión busca fortalecer la regulación del sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha instado a no rendirse ni resignarse ante los planes del PP y Vox durante un acto en Sevilla. Destacó la importancia de organizar espacios unitarios para enfrentar el fascismo y aseguró que la resistencia debe ser ahora, no después. En su discurso, Maíllo abordó temas como la reducción de la jornada laboral y la necesidad de una movilización popular para garantizar derechos sociales. También criticó al gobierno andaluz por sus políticas que agravan la pobreza. La intervención se centró en mantener la esperanza y conciencia frente a la extrema derecha en España y Europa.
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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) inicia la comercialización de viajes para la temporada 2025-2026, ofreciendo un total de 879.213 plazas en diversas comunidades autónomas. Los pensionistas podrán hacer reservas a partir del 6 de octubre en algunas regiones y desde el 8 en otras. Este año se introducen novedades como tarifas reducidas para personas con menos recursos y la posibilidad de viajar con mascotas. El programa busca fomentar el envejecimiento activo y ha sido bien recibido, con un alto porcentaje de satisfacción entre los usuarios.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ampliación de los permisos por nacimiento, que ahora se extienden a 17 semanas, además de incluir 2 semanas adicionales retribuidas para cuidados. Esta medida permitirá a cada progenitor disfrutar de un total de 19 semanas retribuidas y 32 semanas en el caso de familias monomarentales. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que esta normativa coloca a España entre los países con mejores permisos parentales del mundo y beneficiará a casi un millón de personas en su primer año. El ministro Pablo Bustinduy ha calificado esta decisión como un paso histórico para las familias españolas y ha expresado su compromiso de trabajar hacia un futuro con 20 semanas de permisos retribuidos.
El Ministerio de Derechos Sociales, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, ha concedido ayudas directas al estudio a 1.113 personas con discapacidad en la IV convocatoria del Programa Reina Letizia para la Inclusión. Con un presupuesto de más de 5 millones de euros, el programa busca promover la educación inclusiva y reducir la brecha educativa que enfrentan las personas con discapacidad. Las ayudas cubren gastos como matrículas, desplazamientos y asistencia personal, beneficiando especialmente a mujeres y grupos con necesidades específicas. Este esfuerzo se alinea con los objetivos de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, garantizando igualdad de oportunidades en la formación y el acceso al empleo.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado una contribución de 925.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) con el fin de mejorar la protección y acceso a servicios esenciales para refugiados en Cisjordania, especialmente personas con discapacidad afectadas por los ataques israelíes. Esta aportación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, se suma a los 860.000 euros destinados el año anterior y busca fortalecer sistemas comunitarios de protección y ofrecer asistencia integral a los colectivos más vulnerables, como mujeres y niños con discapacidad.
El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un nuevo servicio para facilitar la comunicación de personas sordas y aquellas con dificultades en el habla. Este canal de atención escrita permitirá una comunicación telefónica accesible, mejorando así la inclusión y el acceso a servicios esenciales. La iniciativa forma parte del compromiso del gobierno con la Agenda 2030 y los derechos sociales.
El Ministerio de Consumo se une a autoridades de 35 países para combatir el "ecopostureo" en la industria de las aerolíneas. Esta iniciativa busca prevenir el greenwashing y garantizar que las comunicaciones de estas compañías sean veraces, claras y respaldadas por evidencia científica sólida. La acción se enmarca dentro de los esfuerzos por promover un consumo responsable y transparente en el contexto de la Agenda 2030.
El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación sobre posibles aumentos en los precios de los vehículos de transporte con conductor (VTC) tras recibir denuncias de usuarios. Estas quejas surgieron durante el apagón declarado en varias comunidades autónomas. La investigación busca esclarecer si se han producido irregularidades en la fijación de tarifas durante este periodo crítico.
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