En Ginebra, más de 120 países se reúnen para conmemorar el vigésimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos, en un contexto de creciente inestabilidad global. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacó la feroz competencia por el poder y la corrupción que caracteriza la actualidad, pero también propuso una alternativa basada en la dignidad, igualdad y justicia. Türk anunció la creación de una Alianza Global por los Derechos Humanos para contrarrestar la dominación y promover un nuevo orden mundial desde las bases. Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, enfatizó la importancia de los derechos de las mujeres como indicador del estado social y llamó a los Estados a actuar firmemente en defensa de estos derechos. La sesión del Consejo se extenderá durante cuatro semanas, abordando temas críticos como el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas.
La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestras vidas, pero también plantea riesgos como la pérdida de empleos y el descontento social. La ONU trabaja en un enfoque centrado en las personas para maximizar los beneficios de la IA mientras se minimizan sus amenazas. Destaca la importancia de la educación para preparar a estudiantes y docentes en habilidades relacionadas con la IA, anticipando una necesidad creciente de profesores. A pesar de las preocupaciones sobre la automatización laboral, se prevé que surjan nuevos roles que combinen habilidades humanas y tecnológicas. La ONU también enfatiza la necesidad de garantizar el acceso universal a la IA y proteger los derechos humanos en su desarrollo. Se requiere cooperación internacional para abordar estos desafíos y asegurar que todos los países, especialmente aquellos con menos recursos, puedan beneficiarse de esta tecnología emergente.
En 2025, las ejecuciones a nivel mundial experimentaron un aumento significativo, a pesar de que la pena de muerte no ha demostrado ser efectiva en la lucha contra el crimen. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el uso arbitrario y discriminatorio de este castigo, destacando que muchas condenas se aplican por delitos que no cumplen con los estándares internacionales de gravedad. En Irán, al menos 1500 personas fueron ejecutadas, mientras que Arabia Saudita registró 356 ejecuciones, muchas relacionadas con drogas. Además, se denunciaron ejecuciones públicas en Afganistán y preocupaciones sobre el uso de la pena capital en Israel específicamente contra palestinos. A pesar del panorama negativo, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas hacia la reducción o abolición de la pena de muerte.
La ONU ha expresado su profunda preocupación por la escalada de violencia en Irán, donde protestas masivas han resultado en un alto número de víctimas y un riesgo de desestabilización regional. La secretaria general adjunta para Asuntos Políticos, Martha Pobee, destacó la necesidad urgente de evitar nuevas muertes y llamó a restablecer el acceso a la información tras un apagón casi total de las comunicaciones impuesto por las autoridades. Las manifestaciones, que comenzaron en diciembre de 2025 por el colapso económico, se han transformado en un movimiento político significativo. La ONU también ha denunciado arrestos masivos, con más de 18,000 detenidos, y ha instado al respeto del debido proceso y los derechos humanos. Ante la creciente tensión internacional, se hace un llamado a la diplomacia como única vía para preservar la paz.
La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, enfatizó la importancia de luchar por las Naciones Unidas en un contexto global cada vez más desafiante. Durante su intervención, destacó que el sistema multilateral enfrenta presiones y que es crucial que los Estados Miembros se unan para defender la Carta de la ONU y promover un orden mundial basado en el derecho internacional y los derechos humanos. Baerbock también hizo un llamado a nominar candidatas cualificadas para el próximo Secretario General, resaltando la necesidad de liderazgo comprometido en la resolución de crisis globales como el conflicto en Ucrania y el cambio climático. Su mensaje subraya la urgencia de renovar compromisos y asegurar que la ONU funcione eficazmente.
Un experto de la ONU ha afirmado que el derecho internacional de los derechos humanos debe ser la guía para cualquier futura transición en Venezuela. Destacó la importancia de proteger los derechos, abordar abusos pasados y establecer garantías para evitar su repetición, enfatizando que el proceso debe ser liderado por el pueblo venezolano sin interferencias externas. Bernard Duhaime, relator especial sobre verdad y justicia, subrayó que la rendición de cuentas y las reparaciones son esenciales, así como la alineación de inversiones con principios de igualdad y justicia social. La seguridad y el compromiso con los derechos humanos son fundamentales para lograr una paz duradera en el país.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe que denuncia la segregación y discriminación sistemática contra los palestinos en Cisjordania, calificando estas prácticas como una forma de apartheid. El documento destaca el uso de dos sistemas legales distintos para colonos israelíes y palestinos, lo que resulta en desigualdades significativas en acceso a recursos y derechos fundamentales. Se documentan casos de violencia y asesinatos de palestinos, así como la impunidad generalizada ante estos crímenes. Además, se enfatiza el impacto negativo de las políticas israelíes en la economía palestina y el control del agua. La ONU exige a Israel que ponga fin a estas prácticas discriminatorias y respete el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
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El Gobierno de España atendió a más de 124.000 personas en el Sistema de Acogida Estatal durante 2025, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra representa un refuerzo en la red de acogida para responder al aumento de solicitudes de protección internacional. El Sistema contaba con 56.053 plazas, incluyendo el Sistema de Acogida de Protección Internacional y el Programa de Atención Humanitaria. A pesar de una disminución general del 42,6% en las llegadas migratorias a España, se declaró una emergencia migratoria en las Islas Baleares debido a un incremento del 24% en las llegadas. Además, se llevaron a cabo operaciones humanitarias para evacuar a menores gazatíes heridos.
La crisis en Haití se agrava con un aumento de la violencia y la inseguridad alimentaria, lo que ha llevado a millones de personas a enfrentar necesidades humanitarias sin precedentes. Las bandas armadas controlan grandes áreas, debilitando el gobierno y los servicios básicos. A pesar de no haber elecciones presidenciales en una década, la urgencia por establecer un gobierno efectivo es crítica. La ONU destaca que la violencia sexual contra mujeres y niñas es una herramienta de control utilizada por estas bandas. La comunidad internacional debe colaborar para restaurar la seguridad y abordar los problemas de gobernanza que perpetúan esta crisis.
Expertos de la ONU han exigido al gobierno mexicano respuestas sobre la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes desaparecieron hace tres años en Colima. En un comunicado, subrayaron que las autoridades deben investigar exhaustivamente y garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, ya que las desapariciones generan un ambiente amedrentador que silencia voces críticas. Además, instaron a la empresa minera Ternium a cooperar con las investigaciones y abordar los impactos negativos relacionados con sus operaciones. Este caso resalta los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en México.
La Federación Estatal LGTBI+ ha expresado su apoyo al anteproyecto de Ley LGTBI+ asturiana, actualmente en tramitación en Asturias. Este texto, elaborado por diversas entidades locales, busca erradicar la discriminación y garantizar la igualdad de derechos para las personas LGTBI+ y sus familias. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, enfatiza la necesidad de leyes autonómicas que protejan los derechos LGTBI+, especialmente en áreas como educación y salud. Asturias y Castilla y León son las únicas comunidades sin una ley LGTBI+. Iglesias advierte sobre retrocesos en derechos en algunas regiones y llama a todos los gobiernos a garantizar la igualdad y proteger a las personas LGTBI+ del odio.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha solicitado la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país, tras acoger con satisfacción la reciente liberación de 50 personas. Sin embargo, subraya que aún quedan aproximadamente 800 detenidos por motivos políticos, lo que representa un incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La Misión exige que las autoridades proporcionen información clara sobre futuras liberaciones y mejoren las condiciones de detención, incluyendo acceso a atención médica y visitas familiares. Además, destaca la necesidad urgente de poner fin a la represión y priorizar los derechos humanos en Venezuela.
Expertos en derechos humanos de la ONU han condenado la reciente agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, que incluye bombardeos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Estas acciones son consideradas una violación grave del derecho internacional y podrían desestabilizar la región. Los expertos advierten que el uso de la fuerza sin provocación contraviene la Carta de la ONU y podría constituir un crimen internacional. Además, expresan preocupación por las declaraciones de líderes estadounidenses sobre el control de los recursos naturales venezolanos, lo que representa un desprecio por la autodeterminación del país. Instan a la comunidad internacional a actuar para detener estas violaciones y mantener el orden legal global.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su preocupación por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, afirmando que no se puede lograr la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos a través de acciones unilaterales que socavan la soberanía de los países. La portavoz Ravina Shamdasani destacó que esta operación militar contraviene el derecho internacional y podría empeorar la situación de inestabilidad en el país. Además, subrayó que casi ocho millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria debido a años de crisis económica y represión. La comunidad internacional debe garantizar el respeto a los derechos humanos y permitir que el futuro de Venezuela sea decidido por su propio pueblo.
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