Congreso

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, calificándola de "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás argumenta que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo sobre sus efectos negativos para cooperativas y ciudadanos. Critica que el Gobierno priorice intereses políticos sobre el bienestar general, señalando que la ley no aborda adecuadamente las necesidades del sector. El PP aboga por una economía social efectiva, con propuestas para mejorar la legislación y reducir cargas administrativas, mientras se compromete a vigilar los posibles impactos adversos de esta normativa.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, critica a la ministra de Sanidad, Mónica García, por sus ataques e insultos hacia los médicos durante una sesión de control al Gobierno. Fúnez defiende el trabajo de los médicos en la atención a los pacientes y señala que la verdadera víctima es el sistema de salud, afectado por la mala gestión del Gobierno. Advierte que pronto la ministra podría referirse a los médicos como "fachas con bata". Además, se solidariza con los pacientes afectados por citas y pruebas canceladas y celebra un acuerdo en Andalucía para mejorar las condiciones laborales de 130,000 profesionales sanitarios.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) que rechaza la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La moción, respaldada por Vox, Junts y UPN, insta al Ejecutivo a renunciar a esta regularización extraordinaria, argumentando que carece de requisitos adecuados y contraviene principios europeos. Además, se exige la implementación efectiva de órdenes de retorno y la revisión de acuerdos migratorios con terceros países. Por otro lado, el PP también ha promovido una iniciativa en defensa de los cristianos perseguidos, solicitando acciones firmes en organismos internacionales para proteger sus derechos y condenar las violaciones sufridas.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha logrado que el Congreso apruebe la tramitación de su Proposición de Ley para garantizar el cumplimiento de la ley general presupuestaria. Esta iniciativa, defendida por Jaime de Olano, prohíbe las transferencias de crédito entre ministerios sin autorización del Congreso y exige que se sometan a las Cortes Generales los créditos extraordinarios relacionados con defensa y seguridad. La votación resultó en 172 votos a favor, 162 en contra y 13 abstenciones, marcando una nueva derrota para el Gobierno. La portavoz del GPP, Ester Muñoz, destacó la falta de control parlamentario sobre miles de millones gestionados por el Gobierno desde 2023 y la necesidad de que los presupuestos sean aprobados por el Parlamento elegido por los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado la "corrupción institucional" del Gobierno de Sánchez y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por bloquear 36 leyes aprobadas en el Senado. Durante un debate en el que se promueve un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, los representantes del PP argumentan que esta situación pone en peligro el Estado de derecho y limita la potestad legislativa del Senado. Acusan al Gobierno de utilizar tácticas para paralizar estas leyes, lo que afecta a millones de españoles que esperan medidas en diversas áreas. La denuncia resalta la necesidad de restaurar el equilibrio institucional y defender las competencias del Senado frente a lo que consideran un abuso procedimental por parte de la Mesa del Congreso.

El Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad un Real Decreto Ley que moviliza 500 millones de euros para fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y desarrollar la Ley ELA. Esta normativa introduce el Grado III+, que proporciona atención personalizada 24 horas a personas con enfermedades neurológicas avanzadas, garantizando una prestación económica de hasta 10.000 euros mensuales, financiada en un 50% por el Estado. Con esta medida, se busca adaptar el sistema de cuidados a las necesidades específicas de los pacientes y avanzar hacia un modelo más personalizado y cercano. La inversión total del Gobierno en Dependencia alcanza un récord de 3.729 millones de euros este año.

Miriam Guardiola, portavoz adjunta del GPP, ha denunciado en el Pleno del Congreso que el Gobierno de Sánchez es un "lodazal de corrupción". Acusa al PSOE y a su entorno de estar involucrados en múltiples casos de corrupción, mencionando nombres como Ábalos y Aldama. Guardiola critica la gestión del ministro Félix Bolaños, cuestionando su silencio ante las acusaciones y señalando audios que sugieren pagos para influir en jueces y fiscales. Concluye que Bolaños es "un cartucho quemado" y advierte sobre la falta de transparencia en el gobierno.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica duramente a María Jesús Montero, afirmando que pasará a la historia como una mujer que traicionó a su país para mantener a un hombre en su puesto. Durante el Pleno del Congreso, Muñoz cuestionó la gestión de Montero al frente del Ministerio de Hacienda, calificándola de la peor en la historia y señalando la falta de Presupuestos Generales aprobados. Además, acusó a Montero de colaborar en intercambios de poder por impunidad y mencionó casos de corrupción relacionados con otros miembros del gobierno. La crítica se centra no solo en la supuesta traición, sino también en la ineficacia y falta de transparencia en su gestión.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha afirmado en un reciente Pleno que “la nacionalidad española no se regala, se gana”, dirigiéndose a la ministra Montero sobre la regularización masiva de inmigrantes. Muñoz cuestionó al Gobierno sobre su política migratoria y advirtió que un aumento significativo de inmigrantes podría impactar negativamente en los servicios públicos y la escasez de vivienda en España. Defendió que quienes llegan al país deben hacerlo para trabajar y subrayó que aquellos que delinquen deben ser devueltos a sus países de origen. Además, criticó las comparaciones entre el PP y Vox y defendió una política migratoria sensata y legal.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, ha subrayado la relevancia de la votación en el Congreso sobre la senda del déficit, que se llevará a cabo este jueves. Advierte que sin presupuestos públicos, por tercer año consecutivo, "no hay dirección ni objetivo de país". Bravo critica al Gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir con las obligaciones constitucionales y señala que la falta de cuentas públicas afecta negativamente a los ciudadanos, quienes han visto disminuir su poder adquisitivo. Además, el PP ha propuesto una reducción del IVA en productos básicos para ayudar a las familias ante la subida de precios.

El Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad un Real Decreto que moviliza 500 millones de euros para el desarrollo de la Ley ELA, que beneficia a personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades complejas. Esta normativa incluye la creación del Grado III+, que garantiza atención personalizada 24 horas y una prestación económica de hasta 10.000 euros al mes para cada paciente en fase avanzada. Con esta medida, el Gobierno busca adaptar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las necesidades específicas de estos pacientes, asegurando así una atención digna y adecuada. Además, se destaca que la inversión total en Dependencia alcanzará un récord de 3.729 millones de euros este año.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso el inicio del procedimiento para la extinción de cuatro fundaciones vinculadas al franquismo: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Urtasun destacó que un Gobierno democrático debe buscar verdad, reparación y justicia, además de informar sobre avances en la difusión de lenguas oficiales en las actividades del Ministerio. También se anunció que a partir de 2026 los Premios Nacionales de Literatura podrán reconocer obras escritas en lenguas estatutarias.

El Grupo Parlamentario Popular ha logrado revertir los criterios de puntualidad y restablecer el sistema de indemnizaciones que había eliminado el ministro Óscar Puente. Durante el Pleno del Congreso, se aprobó la compensación por puntualidad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Además, se impidió la supresión de paradas y rutas de autobuses estatales en zonas rurales, y se impulsó un Plan Nacional para descarbonizar el transporte marítimo. También se rechazó la modificación de las etiquetas medioambientales de los vehículos, buscando proteger a los ciudadanos que adquirieron coches recientemente. Estas medidas reflejan un compromiso del PP con la igualdad en materia de transporte y una transición ecológica efectiva.