comunidades autonomas

En 2026, las comunidades autónomas de España recibirán un récord de 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. Este incremento se debe al dinamismo de la economía española y permitirá a las autonomías reforzar sus servicios públicos y políticas sociales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que este es el mayor volumen de recursos en la historia para las comunidades, lo que incluye también un apoyo significativo a los ayuntamientos con 29.246 millones. Además, se establecieron objetivos de déficit más favorables para facilitar inversiones en servicios públicos durante el periodo 2026-2028.

Las comunidades autónomas del Partido Popular han denunciado que el Consejo Nacional para el Clima no ha rendido cuentas sobre los 6.800 millones de euros del Fondo Social para el Clima. Los consejeros critican la falta de información y documentación en la reciente reunión del consejo, así como la alteración del orden del día. Además, advierten sobre el riesgo de perder recursos si el Gobierno no presenta propuestas sólidas ante la Comisión Europea. Exigen una mayor colaboración y transparencia en la gestión ambiental y piden la celebración de una Conferencia Sectorial con un orden del día claro y documentación previa.

El Ministerio de Sanidad ha aclarado el contenido del borrador del Estatuto Marco, en respuesta a afirmaciones erróneas del sindicato CESM. El documento, que incorpora aportaciones de comunidades autónomas y fue solicitado por organizaciones sindicales, busca garantizar la transparencia en los cambios propuestos. Entre las aclaraciones se destaca que no se eliminan derechos laborales, sino que se reubican o ajustan a competencias autonómicas. La negociación del borrador continúa abierta, con una próxima reunión programada para analizar las contribuciones de las comunidades.

El Gobierno de España ha habilitado una vía extraordinaria para incluir en la declaración de zonas afectadas por emergencias de protección civil aquellos incendios que no fueron reportados por las comunidades autónomas. Esta medida busca asegurar que los damnificados no queden excluidos del paquete de ayudas establecido por el Real Decreto 307/2005, que regula subvenciones para situaciones de emergencia. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha solicitado a las comunidades que informen sobre estas emergencias no comunicadas, permitiendo así que los afectados puedan acceder a las ayudas correspondientes.

A veces conviene darse una tregua, respirar hondo, antes de reflexionar sobre temas como la ola de incendios que asola nuestro país, especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas para acoger a niños y niñas migrantes no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia migrante. La norma fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el acogimiento de estos menores en todo el país. Además, se activará un protocolo de traslados en aquellas comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

El Ministerio de Hacienda ha informado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla que en 2026 recibirán un total récord de 156.990 millones de euros en entregas a cuenta, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año anterior. Esta cifra, que refleja la buena salud de la economía española, asegura los recursos necesarios para mantener servicios públicos de calidad. Además, se espera una liquidación adicional de 13.506 millones de euros, elevando el total a 169.560 millones para ese año. Estas medidas buscan proporcionar certidumbre presupuestaria a las administraciones autonómicas y garantizar su autonomía financiera.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido confinar las aves de cría en 1.199 municipios de España a partir del 10 de noviembre para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, debido al aumento de casos en Europa. Las medidas incluyen prohibiciones sobre el uso de ciertos tipos de aves como señuelos, la cría al aire libre y el acceso a agua no tratada. Además, se enfatiza la importancia de extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones avícolas y notificar cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios.

La Seguridad Social ha tramitado 356.112 permisos por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento del 1,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De estos, 164.810 permisos fueron solicitados por el primer progenitor, generalmente la madre, y 191.302 por el segundo progenitor, normalmente el padre. El gasto asociado a estas prestaciones alcanzó los 2.857,3 millones de euros, un incremento del 5,9% respecto al año pasado. Además, se destaca la reciente ampliación del permiso de nacimiento y cuidado de menor a 19 semanas para parejas y hasta 32 semanas para familias monoparentales. Las comunidades autónomas con mayor número de permisos reconocidos son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la atención bucodental en 2025. Esta inversión se destinará a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos de salud bucodental. Se priorizarán grupos vulnerables, incluyendo por primera vez a personas mayores de 65 años. Los fondos podrán utilizarse para contratar personal y mejorar infraestructuras, con un control estricto sobre su ejecución. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con la equidad en el acceso a la salud bucodental y responde a criterios de justicia sanitaria.

El Gobierno de España ha habilitado un procedimiento para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves ocurridos en las últimas semanas soliciten ayudas y subvenciones. El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por emergencia de protección civil, permitiendo a los afectados acceder a diversas ayudas directas para cubrir daños personales y materiales. Desde el 24 de junio, se han registrado 121 emergencias, incluyendo riadas e inundaciones en varias comunidades autónomas. Las medidas incluyen exenciones fiscales y apoyo a la reconstrucción de infraestructuras dañadas.

El Gobierno de España ha habilitado un procedimiento para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves ocurridos en las últimas semanas soliciten ayudas y subvenciones. El Consejo de Ministros ha declarado zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, permitiendo a los afectados acceder a diversas ayudas según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde el 24 de junio, se han registrado múltiples emergencias, incluyendo incendios en varias comunidades autónomas y riadas debido a intensas lluvias. Las medidas incluyen ayudas directas para daños personales y materiales, así como beneficios fiscales y laborales para las corporaciones locales y los afectados.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) se ha reunido para evaluar la situación de los incendios forestales en España y coordinar la asignación de recursos estatales a las comunidades afectadas. La reunión, presidida por la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, incluyó a representantes de diversas instituciones como la UME y AEMET. Se ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 para mejorar la respuesta ante estas emergencias, mientras que más de 5.000 efectivos colaboran en las labores de extinción y seguridad. Además, se mantiene comunicación con ECHO para posibles activaciones de medios europeos.

El Gobierno de España ha autorizado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la cartera bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2025. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, incluye por primera vez a las personas mayores de 65 años como beneficiarios de estas prestaciones, comenzando con aquellos que están institucionalizados. Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas y se espera que mejoren el acceso a la atención bucodental pública, garantizando equidad territorial. Desde 2022, se han destinado un total de 248 millones de euros a este programa, logrando un aumento significativo en la cobertura para la población infantojuvenil y mujeres embarazadas.