Cáceres

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, inauguró el XVIII Encuentro Estatal de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cáceres. Durante su intervención, destacó que la pobreza y la desigualdad son las principales amenazas para las democracias actuales. Bustinduy abogó por una Europa que refuerce su modelo social y propuso una prestación universal por crianza para combatir la pobreza infantil. También presentó un Real Decreto para mejorar los comedores escolares, asegurando igualdad en la alimentación de todos los niños.

Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuya solicitud de prestación por el cuidado de su hijo con discapacidad del 93% fue denegada por la Seguridad Social. La madre, enfermera, había solicitado una reducción de jornada y la prestación económica debido a que su hijo padece parálisis cerebral y presenta necesidades especiales. La sentencia destaca la gravedad de la situación del menor, argumentando que su dependencia requiere cuidados más allá de los ordinarios. Aunque la decisión no es firme y puede ser recurrida, este fallo representa un importante avance en el reconocimiento de derechos para familias con hijos con discapacidades severas.

Es la cuarta celebración popular que recibe este reconocimiento en la comunidad autónoma de Extremadura, tras la Semana Santa de Cáceres, la Semana Santa de Mérida y el Carnaval de Badajoz. Se reconoce la capacidad de esta celebración de convertir el otoño en una fiesta de la naturaleza, con vocación turística y de cohesión territorial, además de fuertemente marcada por elementos culturales y patrimoniales de la región.

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha inaugurado el II Congreso Nacional de Ecoturismo, que se celebra en Guadalupe, Cáceres, el 7 y 9 de noviembre.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha inhabilitado al alcalde de Villanueva de la Sierra durante trece años por prevaricación, aunque lo ha absuelto de otros cargos como malversación y estafa procesal. La sentencia implica la pérdida definitiva del cargo, ya que se demostró que autorizó pagos a proveedores sin cumplir con los requisitos legales. La decisión no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Para más detalles, visita el enlace.

Hay tres personas detenidas y ocho investigadas por asociación ilícita y estafa. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a más de un centenar de víctimas estafadas por la organización.

La sentencia aplica el veredicto del jurado popular y le declara culpable de un delito de homicidio. Además tendrá que abonar a los familiares del fallecido en concepto de indemnización 67.000 euros.

Los arrestos y las aprehensiones se han producido durante el desarrollo de cuatro operaciones realizadas contra la distribución fraudulenta de estos productos en la Red, en la que se han realizado registros en La Coruña, Cáceres, Barcelona y Torrejón de Ardoz (Madrid).