Presupuestos

Ángel Ibáñez, secretario general adjunto del GPP, ha exigido al Gobierno que cese en su política de "esquilmar los bolsillos de los ciudadanos" y que se comprometa a revisar el sistema de financiación autonómica y local. Durante un debate sobre recursos de financiación territorial, cuestionó al ministro de Hacienda sobre el aumento del gasto público bajo la administración actual, señalando que esto ha llevado a una disminución del poder adquisitivo y un incremento significativo de la deuda pública. Ibáñez también criticó la gestión de servicios públicos y las demoras en las entregas a cuenta a comunidades autónomas, acusando al Gobierno de incapacidad para presentar presupuestos adecuados. Además, destacó la diferencia entre las políticas fiscales del PP y las del PSOE en relación con el gasto social e impuestos.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Bendodo, ha instado al Gobierno a cumplir con la Constitución y presentar de inmediato los Presupuestos Generales del Estado. Denunció el grave daño económico que la falta de estos presupuestos está causando a diputaciones y ayuntamientos en toda España, estimando pérdidas mensuales superiores a 100 millones de euros para las entidades locales. Bendodo criticó al Gobierno por su morosidad en este asunto desde 2022 y destacó la importancia de una reforma en la financiación local. Además, elogió la gestión económica de la Generalitat Valenciana y vinculó la situación actual del Gobierno con casos de corrupción.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, interpeló al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso, cuestionando si este año se presentarán los presupuestos o si se repetirá la falta de transparencia que caracterizó a María Jesús Montero. Bravo criticó al Gobierno por cinco años de "rebeldía presupuestaria", acusándolo de aumentar la deuda y los impuestos mientras los servicios públicos empeoran. Subrayó que 22 millones de españoles con ingresos entre 20.000 y 60.000 euros anuales serán los más afectados por futuras subidas impositivas. Además, instó a España a implementar reformas fiscales y a no seguir las prácticas engañosas de sus predecesores para recuperar la credibilidad del Ejecutivo.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, arremetió contra el presidente Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, acusándolo de ser "un cazatalentos para delinquir" y señalando a la vicepresidenta María Jesús Montero como su "cajero automático". García criticó la gestión económica del Gobierno, afirmando que mientras los españoles enfrentan altos impuestos, los miembros del PSOE se benefician de la corrupción. Además, cuestionó la falta de presupuestos y destacó el deterioro de las infraestructuras bajo el mandato de Sánchez. La dirigente popular instó al Gobierno a decidir entre ser útiles para España o continuar como rehenes de Sánchez.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha acusado al presidente Sánchez de incumplir la Constitución al presentar los Presupuestos Generales del Estado, argumentando que esta es la única ley cuya elaboración está regulada específicamente por la Carta Magna. Durante el Pleno del Congreso, la diputada Aurora Nacarino destacó que las últimas cuentas públicas debatidas corresponden a 2022 y subrayó que la falta de nuevos presupuestos representa un problema no solo económico, sino también democrático. Nacarino cuestionó la capacidad del Gobierno para priorizar los intereses de los ciudadanos ante situaciones de corrupción que afectan a altos funcionarios. Además, criticó a la vicepresidenta Montero por confundir los intereses del Estado con los del partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en el Congreso la fortaleza del Ejecutivo basada en el crecimiento económico y la creación de empleo. Durante su intervención, subrayó la colaboración con los grupos parlamentarios para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y resaltó los beneficios de la normalización política en Cataluña. Esta declaración se produce en un contexto de trabajo continuo hacia el desarrollo económico y social del país.

Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), critica al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Torres, señalando que la corrupción que afecta al Gobierno y al PSOE abarca 19 tipos de delitos, casi todo el catálogo penal. En una interpelación, describe la situación del Ejecutivo como "insostenible" por la falta de Presupuestos y la corrupción generalizada. Abrines destaca que las causas judiciales relacionadas con el PSOE indican un entramado criminal que involucra a altos dirigentes y cuestiona la moralidad del expresidente Zapatero ante las acusaciones en su contra. Además, exige responsabilidad al Gobierno por no presentar Presupuestos en casi cuatro años, sugiriendo que debería dimitir o convocar elecciones anticipadas.

El Partido Popular (PP) ha llevado al Parlamento la Cuenta General del Estado, instando a los socios de Sánchez a pronunciarse sobre su política económica. Gamarra y Nadal critican la falta de presentación de Presupuestos por parte del Gobierno, acusándolo de degenerar la democracia y evitar el debate parlamentario. El PP busca recuperar la función presupuestaria del Parlamento y exige la prolongación de la rebaja del IVA en electricidad y gas, alertando sobre el descontrol de las cuentas públicas y el riesgo en la ejecución de fondos europeos. Además, destacan la necesidad urgente de un cambio en la política económica para mejorar la situación de las familias en España.

El Partido Popular ha criticado al Gobierno de Sánchez por comprometer 10.471 millones de euros para el Plan de Defensa, a pesar de que España lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado. Durante la comparecencia de la vicepresidenta Montero en el Senado, los senadores Gerardo Camps y Alfonso Polanco expresaron su preocupación por la falta de claridad sobre cómo este plan afectará a otras partidas y si aumentará la deuda. Camps destacó que el compromiso firmado por Sánchez ante aliados internacionales contradice sus declaraciones nacionales, lo que considera una falta de respeto hacia los ciudadanos. Además, se cuestionó el modelo de financiación autonómica del Gobierno y se acusó a Montero de aumentar la carga fiscal sobre los contribuyentes.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, ha subrayado la relevancia de la votación en el Congreso sobre la senda del déficit, que se llevará a cabo este jueves. Advierte que sin presupuestos públicos, por tercer año consecutivo, "no hay dirección ni objetivo de país". Bravo critica al Gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir con las obligaciones constitucionales y señala que la falta de cuentas públicas afecta negativamente a los ciudadanos, quienes han visto disminuir su poder adquisitivo. Además, el PP ha propuesto una reducción del IVA en productos básicos para ayudar a las familias ante la subida de precios.

El Ministerio de Hacienda ha iniciado el proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, tras la aprobación de una Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. Este primer paso establece los criterios y orientaciones para las cuentas públicas, con el objetivo de fomentar un crecimiento sostenible y justo, modernizar la economía y reforzar el Estado del bienestar. Las nuevas cuentas abordarán desafíos como la creación de empleo en sectores estratégicos y la promoción de viviendas asequibles para jóvenes. Además, se priorizará una política fiscal responsable que permita seguir reduciendo el déficit público. La presentación final de los presupuestos está prevista para facilitar la implementación de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

El déficit de las Administraciones Públicas en España, excluyendo las Corporaciones Locales, se ha situado en octubre de 2024 en un 1,05% del PIB, lo que representa una reducción del 15,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el déficit del Estado hasta noviembre alcanza el 2,35% del PIB, totalizando 37.228 millones de euros. Este descenso se debe principalmente a la liquidación definitiva del sistema de financiación y al aumento de ingresos fiscales. En general, el déficit acumulado de las Administraciones Públicas ha disminuido un 10,6% en los primeros nueve meses de 2024.